Una organización ambiental presentó un amparo ambiental ante la Justicia Federal de Puerto Iguazú para frenar la autorización de los llamados “microeventos” en el área de las Cataratas del Iguazú, una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo y sitio de extrema fragilidad ambiental. La acción judicial apunta contra la Administración de Parques Nacionales (APN) y el Estado nacional, en rechazo a la Resolución N.º 460/2025 que habilita estas actividades bajo un régimen “experimental”.
La demanda fue impulsada por la Asociación Civil Orembaé, que advirtió que la medida abre la puerta a un proceso de mercantilización del área protegida, con riesgos ambientales serios y sin los controles que exige la normativa vigente. “Las Cataratas del Iguazú no son un salón de fiestas”, señalaron desde la ONG, al cuestionar la decisión oficial.
Pedido de cautelar para frenar la resolución
Además del amparo, la organización solicitó una medida cautelar de no innovar, para que se suspenda de inmediato la aplicación de la resolución y se prohíba autorizar cualquier evento hasta que exista una sentencia definitiva. El objetivo es evitar daños irreversibles mientras la Justicia analiza el fondo de la cuestión.
El planteo fue presentado ante el Juzgado Federal de Puerto Iguazú, a cargo del juez Marcelo Cardozo, y busca que la causa sea tratada incluso durante la feria judicial, dada la urgencia ambiental del caso.
Riesgo ambiental y “experimento” sin sustento técnico
Entre los principales argumentos, Orembaé sostuvo que la resolución viola la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), al intentar encuadrar los microeventos como actividades de “impacto insignificante”, lo que permite eludir la obligación de presentar un Informe de Impacto Ambiental, exigido por la propia normativa interna de Parques Nacionales (Resolución 639/2023).
“La APN reconoce que se trata de una medida experimental, pero no existe sustento técnico alguno que garantice que estos eventos no superen la capacidad de carga del área Cataratas”, advirtieron. Se trata de un ecosistema de fragilidad biológica extrema, sometido ya a una fuerte presión turística diaria.
Desde la ONG alertaron que, lejos de ser inofensivos, estos eventos pueden generar ruido, residuos, alteraciones en la fauna, sobrecarga de infraestructura y cambios en el uso del espacio público, en un entorno que debería regirse por el principio de máxima protección ambiental.
Sin consulta a pueblos originarios
Otro punto central del amparo es la omisión de la consulta a los pueblos originarios con presencia histórica y actual en el Parque Nacional Iguazú. Según Orembaé, se vulneró el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI), establecido por el Convenio 169 de la OIT, que tiene jerarquía supralegal en Argentina.
“La decisión se tomó de manera unilateral, ignorando derechos colectivos y estándares internacionales”, remarcaron.
Denuncia de regresión ambiental
La organización también denunció una regresión en los estándares de protección ambiental, al considerar que la resolución reduce los niveles de cuidado previamente alcanzados en la gestión del parque. “Es un salto al vacío normativo que pone en riesgo un patrimonio natural irreemplazable”, señalaron.
“El temor es que este ‘experimento administrativo’ siente un precedente peligroso y termine convirtiéndose en una tragedia ecológica”, advirtieron, al tiempo que apelaron a la intervención de la Justicia para preservar el área para las generaciones futuras.
Qué habilita la resolución cuestionada
La Resolución 460/2025, publicada el 22 de diciembre, autoriza por un año la realización de hasta dos microeventos diarios, con un máximo de 60 personas cada uno, dentro del horario habitual del parque y en áreas de uso público. Aunque se prohíben drones, música y megáfonos, y se exige una declaración jurada de compromiso ambiental, la ONG sostiene que estos requisitos son insuficientes y difíciles de controlar en la práctica.
Mientras el Gobierno argumenta que la medida busca “ordenar actividades pequeñas” y potenciar el perfil turístico del destino, organizaciones ambientales advierten que la presión económica no puede imponerse sobre la conservación de uno de los ecosistemas más emblemáticos del país.
El debate ya está en manos de la Justicia y reabre una discusión de fondo: hasta dónde puede avanzarse en la explotación comercial de áreas protegidas sin poner en riesgo su valor natural y cultural.
Con información de Filo News y La Voz de Misiones.
ADEMÁS EN NEA HOY:
Colectivos desde Posadas: precios y horarios actualizados para viajar por Misiones
Renovación libertaria: Misiones comienza el año con despidos en el sector público
