Las inundaciones que dejaron cientos de evacuados en distintos puntos de Corrientes terminaron de destapar un malestar que venía acumulándose desde hace años. En los últimos días, el enojo social dejó de expresarse sólo en redes o reclamos aislados y pasó a manifestarse de manera directa y pública, con protestas en concejos deliberantes, críticas abiertas de intendentes y denuncias de productores rurales que advierten sobre una crisis cada vez más profunda.
El fenómeno climático fue intenso, pero previsible. Lo que no estaba previsto —según vecinos y autoridades locales— fue la ausencia de obras y políticas de prevención tras casi dos décadas de gobiernos radicales en la provincia. Desde 2017, Corrientes estuvo gobernada por Gustavo Valdés, quien el 10 de diciembre cedió el mando a su hermano Juan Pablo Valdés, consolidando una continuidad política que ahora queda bajo creciente cuestionamiento.
El reclamo estalló en el Concejo Deliberante de Corrientes
La escena ocurrió en la capital provincial y se viralizó rápidamente: vecinos del barrio San Ignacio irrumpieron en una sesión del Concejo Deliberante para exigir explicaciones por las inundaciones que volvieron a afectar sus viviendas. Con pancartas y gritos, apuntaron contra la falta de planificación y mantenimiento de desagües, y cuestionaron las prioridades del Gobierno.
“Para hacer un hotel cinco estrellas o refacciones en el corsódromo hay plata, pero para la gente que trabaja y quiere vivir dignamente, no”, reclamó una vecina ante los concejales. El momento más tenso llegó cuando otra manifestante lanzó una frase que sintetizó el hartazgo acumulado: “Hace 20 años que está el radicalismo acá y no hay soluciones. Dejen de robarnos y mentirnos en la cara”.
Lejos de tratarse de un hecho aislado, el episodio reflejó una fractura cada vez más evidente entre la agenda política provincial y las urgencias cotidianas de miles de correntinos que conviven, año tras año, con emergencias hídricas recurrentes.
San Luis del Palmar, el símbolo del colapso
Uno de los focos más críticos fue San Luis del Palmar, donde el desborde del río Riachuelo y la caída de casi 400 milímetros de lluvia en apenas 48 horas obligaron a evacuar a más de 400 personas en pleno cierre de año. Aún entrado enero, cerca de un centenar de vecinos no había podido regresar a sus hogares debido al anegamiento persistente en zonas rurales y urbanas que antes no se inundaban.
La saturación de los desagües pluviales, los cortes de energía y la pérdida total de pertenencias reforzaron las críticas por la falta de obras hídricas. Los vecinos responsabilizaron directamente a la gestión provincial, primero encabezada por Gustavo Valdés y ahora continuada por su hermano, por no haber ejecutado planes de infraestructura acordes a una provincia históricamente vulnerable a estos eventos.
El campo también reclama
La emergencia no se limitó a las ciudades. En el interior productivo, las lluvias récord —hasta 570 milímetros en un solo mes en localidades como San Miguel— provocaron campos completamente bajo agua, pérdidas ganaderas y una creciente incertidumbre.
Productores de Caá Catí, San Luis del Palmar y zonas aledañas describieron un escenario cada vez más extremo, marcado por la alternancia entre sequías prolongadas y excesos hídricos sin que existan obras de regulación, drenaje o adaptación. “No hay un año normal”, resumió un productor, al advertir que el cambio climático agrava un problema que el Estado provincial no supo anticipar.
Un intendente se quejó por «falta de compromiso»
El malestar también comenzó a expresarse dentro del propio entramado institucional. El intendente de Mburucuyá, Edgar Galarza Florentín, médico de profesión, cuestionó públicamente la “falta de compromiso” del hospital local —dependiente del sistema provincial de salud— en plena emergencia hídrica.
El jefe comunal denunció que el hospital se negó durante semanas a coordinar acciones conjuntas para asistir a cientos de familias afectadas, obligando al Municipio a recurrir a voluntarios, organizaciones y aportes privados. Sus declaraciones expusieron tensiones internas y una desarticulación entre niveles del Estado que contradice el discurso oficial de gestión ordenada y presencia territorial.
Una continuidad bajo la lupa
La sucesión entre hermanos Valdés, presentada como una garantía de estabilidad política hasta 2029, comienza a ser leída por amplios sectores como una prolongación de problemas no resueltos. Las inundaciones funcionaron como catalizador de un reclamo más profundo: la demanda de un cambio en el modelo de planificación, inversión y prioridades del Gobierno provincial.
Mientras el agua baja lentamente, quedan a la vista calles destruidas, viviendas dañadas, campos improductivos y una pregunta que empieza a ganar fuerza en la provincia: ¿cuántas emergencias más serán necesarias para que la continuidad política deje paso a soluciones estructurales?
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