Hoy se celebra en Argentina el Día de los Trabajadores de Transporte de Pasajeros, una fecha que rememora la fundación de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) el 10 de enero de 1919, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Aquel sindicato pionero, que agrupó a los trabajadores del tranvía en plena expansión del movimiento obrero argentino, se convertiría en uno de los pilares del modelo sindical nacional. Hoy, 106 años después, sus herederos enfrentan uno de los momentos más críticos de su historia.
La UTA nuclea actualmente a 80 mil trabajadores en todo el país y gestiona la Obra Social de Conductores de Transporte Colectivo de Pasajeros. Forma parte de la CGT y de organizaciones internacionales del sector. Pero la celebración de este aniversario llega en un contexto de profunda incertidumbre: los choferes de colectivos han perdido un 20% de su poder adquisitivo desde septiembre pasado y el sistema de transporte público atraviesa una crisis estructural sin precedentes.
Un salario que no alcanza
El conflicto salarial que mantiene en vilo al sector tiene raíces concretas. Según la UTA, el salario básico de un chofer ronda el millón doscientos mil pesos, mientras que el gremio reclama una actualización a un millón setecientos mil para recuperar el terreno perdido frente a la inflación. La disputa se agravó cuando las empresas y el gobierno nacional no reconocieron la incorporación de 250 mil pesos al básico que, según el sindicato, había quedado establecida en el acuerdo paritario de febrero.
El secretario general de la UTA, Roberto Fernández, quien conduce el gremio desde 2006 y renovó su mandato en diciembre, ha advertido reiteradamente sobre la situación límite. El sindicato desmintió que haya solicitado un aumento del 40%, como difundió el gobierno, y subrayó que su posición no es «caprichosa ni extorsiva», sino una búsqueda legítima de un salario digno acorde a la inflación.
Mientras tanto, desde el Ejecutivo nacional ofrecieron apenas una recomposición del 10%, considerada insuficiente por los trabajadores que ya acumulan tres meses de negociaciones estancadas. En algunas provincias, como Corrientes, la situación es aún más grave: las empresas del servicio urbano de la capital no abonaron los sueldos de diciembre, lo que derivó en amenazas de paro.
El sistema al borde del colapso
La crisis no se limita a lo salarial. Las cámaras empresariales del AMBA advirtieron al gobierno que sin actualización de tarifas y subsidios, deberán despedir al 20% de los choferes, lo que equivale a unos 10 mil trabajadores de un plantel total de casi 50 mil personas. Este recorte vendría acompañado de una reducción de la flota operativa de 18.500 a 15.000 unidades, con el consiguiente deterioro del servicio: menos frecuencias, mayor tiempo de espera y viajes más incómodos en horas pico.
Las empresas sostienen que el costo técnico real del boleto mínimo debería rondar los 1.600 pesos para poder financiar el servicio sin subsidios, muy por encima de los 270 pesos actuales. Reclaman que se les reconozca el incremento de costos operativos vinculados al salto en combustibles, repuestos y mantenimiento.
Por su parte, el gobierno nacional ha congelado los subsidios al transporte como parte de su estrategia de ajuste fiscal, buscando alcanzar un superávit del 1,6% del PBI. Esta política golpeó de lleno en el sector: los subsidios presentan una reducción real del 46% acumulado en doce meses y son un 64% menores a los observados en enero de 2024.
El impacto en los usuarios
Las consecuencias de esta crisis recaen también sobre los más de siete millones de personas que se movilizan diariamente en las líneas metropolitanas de colectivos. Las tarifas de transporte público sufrieron aumentos exorbitantes: el pasaje de colectivo escaló un 150% en términos reales desde que asumió el actual gobierno, el de tren un 284% y el de subte un 300%.
⚠️📣 La medida de fuerza fue confirmada por Raúl Abraham, secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA-Chaco). https://t.co/801b6k1mrH pic.twitter.com/KmvlgbRLtR
— Diario NORTE (@NorteDiarioCom) January 8, 2026
Como resultado, el uso del transporte público cayó drásticamente. Entre agosto de 2024 y agosto de 2025, los viajes en colectivo se redujeron un 3,4%, y la comparación con agosto de 2023 es aún más alarmante: una caída del 17,7%. Ir y volver del trabajo en subte representa hoy el 3% del salario de un trabajador privado, cuando antes de esta gestión significaba menos del 1%.
En este contexto, la UTA no descarta nuevos paros si las empresas avanzan con el fraccionamiento del aguinaldo o continúan demorando el pago de salarios. El sindicato pidió al gobierno intervenir de inmediato para asegurar el pago íntegro y puntual de haberes, y reabrir una mesa de negociación sin «ataduras» a la discusión de subsidios.
Mientras tanto, en su comunicado por el 106° aniversario, la UTA renovó «el ideal de luchar por la dignidad de todos los compañeros y compañeras que con su esfuerzo cotidiano brindan un servicio esencial para toda la sociedad argentina«. Un servicio que hoy, paradójicamente, está en riesgo por las mismas políticas que dicen defender la libertad.
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