A pesar de haber sido uno de los aliados más firmes del gobierno nacional de Javier Milei desde su asunción, Corrientes quedó entre las provincias con menor asignación de fondos en el Presupuesto Nacional 2026, un dato que expone la escasa correlación entre el acompañamiento político en el Congreso y los beneficios concretos para el desarrollo provincial.
El contraste resulta llamativo: la «lealtad legislativa» no se tradujo en más obras, más inversión ni mayor presencia del Estado nacional en Corrientes, que terminó recibiendo prácticamente los mismos recursos que provincias abiertamente opositoras al oficialismo libertario.
El respaldo correntino al Gobierno de Milei
Desde diciembre de 2023, el oficialismo provincial encabezado por el gobernador Gustavo Valdés sostuvo un apoyo clave a la agenda de Javier Milei en el Congreso. Los legisladores nacionales por Corrientes fueron determinantes para la aprobación de la Ley Bases y para blindar vetos presidenciales sensibles, como el que frenó el aumento jubilatorio y el financiamiento universitario.
Ese alineamiento se profundizó durante el tratamiento del Presupuesto 2026, cuando los tres senadores nacionales por Corrientes –Eduardo Vischi, Gabriela Valenzuela y «Camau» Espínola- votaron afirmativamente, avalando incluso los artículos más cuestionados del proyecto enviado por el Ejecutivo nacional.
Sin embargo, ese respaldo político no encontró correspondencia en la asignación de recursos.
Fondos escasos y obras paralizadas en Corrientes
El Plan Nacional de Inversiones para Corrientes en 2026 asciende a apenas $12.531 millones, de los cuales $9.996 millones corresponden a Inversión Real Directa, es decir, obra pública y equipamiento. Con esos números, la provincia se ubica como la cuarta jurisdicción con menor inversión pública nacional en todo el país.
La falta de resultados se refleja en proyectos estratégicos que siguen sin avances. El caso más emblemático es el segundo puente Chaco–Corrientes, una obra clave para la integración regional que fue abandonada por el gobierno nacional pese a contar con un financiamiento internacional del BID de USD 1.000 millones aprobado en noviembre de 2023.
La paralización se produjo sin una reacción contundente del Ejecutivo provincial. El silencio del gobernador Juan Pablo Valdés -hermano del saliente, Gustavo y uno de los aliados más cercanos de Milei-, refuerza la idea de que el alineamiento político tuvo un costo concreto: la renuncia a defender una obra estratégica para la provincia.
El debate expuso las contradicciones
Durante la discusión parlamentaria del Presupuesto 2026, las inconsistencias del relato oficialista quedaron al descubierto. El diputado libertario Lisandro Almirón enumeró una serie de supuestas obras viales y mencionó el puente Chaco–Corrientes como decisiones del presidente Milei.
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No obstante, desde el bloque de Unión por la Patria aclararon que esas obras no formaban parte del proyecto original del Ejecutivo, sino que habían sido incorporadas en el dictamen de minoría de la oposición, desnudando una brecha entre el discurso político y la letra fina del presupuesto.
Incluso la iniciativa más ambiciosa prevista para Corrientes en 2026 —la Autovía sobre la Ruta Nacional N°12, con una asignación de $5.363 millones— fue reconocida por el propio Gobierno provincial como insuficiente, ya que se necesitaría al menos el doble de ese monto para garantizar su finalización.
La comparación incómoda con Formosa
El dato que termina de dimensionar el escenario es el comparativo con Formosa. Según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), Corrientes recibirá $12.531 millones en inversión nacional, mientras que Formosa —una provincia no alineada con el gobierno de Milei— proyecta una asignación de $12.251 millones.
La diferencia es mínima. En la práctica, Corrientes obtiene casi los mismos fondos que una jurisdicción opositora, pese a haber sido un socio político clave del ajuste nacional desde sus inicios.
Un respaldo sin recompensa
El Presupuesto 2026 deja una conclusión clara: el acompañamiento incondicional del oficialismo correntino no tuvo impacto material en términos de obras, inversión ni beneficios concretos para la ciudadanía. La provincia quedó entre las menos favorecidas del país, apenas por encima de distritos con posturas políticas diametralmente opuestas al Gobierno nacional.
Así, el alineamiento político de alto nivel aparece como una estrategia sin retorno, que no logró traducirse en desarrollo ni infraestructura, y que vuelve a poner en debate el costo real de la subordinación política frente a un Ejecutivo nacional que, al menos en los números, no distinguió entre aliados y opositores.
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