El proyecto de Reforma Laboral que presentó el Gobierno de Javier Milei frente al Senado, propone, entre otros puntos, establecer un marco normativo específico para los trabajadores de plataformas digitales de reparto y transporte. La iniciativa busca regular la actividad sin reconocer una relación laboral de dependencia, lo que genera posiciones encontradas entre especialistas y los propios trabajadores del sector, que en los últimos meses realizaron protestas y movilizaciones para reclamar mejores condiciones laborales y el reconocimiento de derechos básicos.
Qué establece el proyecto
Según el texto oficial, los trabajadores de plataformas pasan a ser considerados prestadores de servicios independientes porque sostiene que tendrán libertad para conectarse cuando lo deseen y para aceptar o rechazar pedidos sin consecuencias. De esta manera se justifica la exclusión del régimen de relación de dependencia. Para ejercer la actividad, deberán inscribirse como contribuyentes ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), aportar a la Seguridad Social como monotributistas y contar con una cuenta bancaria o billetera virtual para recibir pagos. Es decir, las obligaciones fiscales y previsionales recaen plenamente sobre los trabajadores.
La reforma contempla algunos derechos específicos como el cobro del 100% de las propinas, acceso a capacitaciones gratuitas sobre el uso de la plataforma y la posibilidad de solicitar explicaciones y ejercer derecho a réplica ante bloqueos o suspensiones en la aplicación. Según el texto, ninguno de estos derechos podrá interpretarse como indicio de relación laboral, subordinación o dependencia. Por otro lado, aunque las compañías deberán facilitar elementos de protección y un seguro de accidentes personales, el proyecto aclara que la cobertura y su financiamiento quedarán sujetos a “libre acuerdo entre las partes”.
Las críticas desde el derecho laboral
De acuerdo con una investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Rappi y PedidosYa concentran el 97% del mercado de reparto en Argentina. El informe destaca un fuerte crecimiento del sector: una de las plataformas pasó de 20.000 repartidores activos en 2022 a 30.000 a mediados de 2023 (últimos números disponibles). El mismo estudio señala que se trata mayormente de trabajo a tiempo parcial: el 41,7% de los repartidores se conecta entre 1 y 10 horas semanales, mientras que solo el 9,9% trabaja el equivalente a una jornada completa. A su vez, los trabajadores eventuales representan el 68% del total. El Gobierno Nacional usa estos datos para argumentar que el trabajo en plataformas es solamente un ingreso complementario.
Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, sostuvo que el proyecto es “regresivo” porque excluye expresamente a repartidores y conductores de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Según Cremonte, la reforma redefine la relación entre plataformas y trabajadores como un vínculo comercial entre partes supuestamente iguales, lo que contradice el principio protector del derecho laboral, que reconoce la desigualdad estructural entre empleador y trabajador.
El rechazo de los trabajadores organizados
Los sindicatos de repartidores rechazan la propuesta. Belén d’Ambrosio, secretaria adjunta del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepa), sostuvo que la reforma busca “legalizar una relación laboral encubierta” y cerrar la puerta a reclamos judiciales por despidos o bloqueos arbitrarios.
Leandro Hidalgo Robles, delegado general de la zona sur del sindicato, cuestionó el proyecto del Gobierno. “No hay nada de moderno en esta reforma. ¿Qué tiene de moderno que te paguen en especies o que tengas vacaciones cada tres años? Eso se llama esclavitud. Es una verdadera contrarrevolución laboral que cuestiona toda la relación entre trabajadores y empresarios y la rechazamos de plano”, afirmó y agregó que los repartidores vienen organizándose desde hace años por el reconocimiento pleno de sus derechos laborales y por ser reconocidos como trabajadores en relación de dependencia.
Desde el sector sindical advierten que, en la práctica, muchos repartidores trabajan jornadas largas, que en algunos casos son superiores a las 12 o 16 horas, para alcanzar ingresos mínimos, en un esquema condicionado por algoritmos que fijan tarifas, asignan pedidos y penalizan la desconexión. Es por esto que los trabajadores de aplicaciones se sumaron a la marcha convocada por la CGT el jueves 18 de diciembre frente al Congreso, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional
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¿El futuro del trabajo?
En otros países también se habló de los derechos de los trabajadores de plataformas. En Brasil, el gobierno impulsa una categoría intermedia de “trabajador autónomo por plataforma” con derechos mínimos. México avanzó en 2024 con una reforma que otorga seguridad social completa a los trabajadores de apps. En Colombia, el Congreso aprobó en 2025 un marco para reconocer derechos laborales y acceso a la seguridad social. Uruguay, en cambio, reguló derechos básicos pero dejó en manos de la Justicia definir si existe o no relación de dependencia.
En Argentina, el proyecto se perfila como uno de los más regresivos de la región en materia de derechos, la iniciativa oficial consolida un esquema que legaliza la precarización existente y blinda a las empresas frente a cualquier reclamo laboral. La reforma no aparece como una respuesta al “futuro del trabajo”, sino como una forma de abaratar el trabajo y fortalecer el poder empresarial.
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