En una semana marcada por la urgencia y las tensiones políticas, el oficialismo logró dictamen de mayoría del Presupuesto 2026 en el Senado y fijó como fecha de tratamiento el próximo viernes 26 de diciembre, un día elegido con precisión quirúrgica: entre Navidad y Año Nuevo, cuando la atención pública baja, la protesta social se diluye y el Congreso funciona con márgenes mínimos de visibilidad.
El despacho, que reunió 11 firmas sobre 17, replica sin cambios el texto aprobado en la Cámara de Diputados. Allí, La Libertad Avanza sufrió un revés clave: la caída del Capítulo 11, que incluía la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, además de otros artículos sensibles como el recorte al régimen de zonas frías y la eliminación de la actualización automática de asignaciones familiares.
Pese a ese traspié, el Gobierno decidió avanzar igual. “Se vota como está”, admitieron fuentes libertarias, mientras desde Casa Rosada dejaron trascender una amenaza concreta: si el Presupuesto 2026 se aprueba sin el capítulo rechazado, el presidente Javier Milei podría vetarlo. El escenario revela una paradoja institucional: el Ejecutivo impulsa una ley que podría terminar anulando, reforzando la lógica de presión sobre el Congreso.
La elección del 26 de diciembre no es un detalle menor. Con sindicatos en tregua informal, universidades en receso, organizaciones sociales desmovilizadas y provincias enfocadas en el cierre del año, el tratamiento exprés del Presupuesto aparece como una estrategia de contención política para evitar que el ajuste vuelva a convertirse en un eje de conflicto en la calle.
¡HABEMUS DICTAMEN DE PRESUPUESTO!
Estamos dando otro paso histórico hacia el orden fiscal para que cada argentino pueda vivir en un país estable.
Quiero resaltar el empuje y el trabajo incansable de @PatoBullrich, cuya firmeza en el Congreso fue clave para alcanzar este logro.… pic.twitter.com/CxmXE56bFl
— Ezequiel Atauche (@ezeatauche) December 19, 2025
Durante el debate en comisión, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, defendió el texto y aseguró que el Presupuesto “no es sustancialmente distinto” del proyecto original. Sin embargo, las respuestas generaron fuertes cruces. El senador Eduardo “Wado” de Pedro cuestionó la contradicción entre los anuncios presidenciales sobre educación y la intención de derogar la Ley de Financiamiento Universitario.
La réplica oficial, que habló de un aumento real del 7,8% en educación, fue rápidamente refutada por la oposición, que denunció una caída acumulada del 45% en términos reales desde la asunción de Milei.
Más allá de las cifras, el trasfondo es político. El Presupuesto 2026 se discute tras dos años consecutivos de prórroga del Presupuesto 2023, un hecho inédito que concentró poder discrecional en el Ejecutivo. Ahora, incluso con una “ley de leyes” aprobada, el Gobierno deja abierta la puerta al veto, profundizando la incertidumbre institucional.
El rechazo del Capítulo 11 también dejó expuesta una jugada fallida del oficialismo, que intentó sumar votos incorporando a último momento beneficios para CABA y el Poder Judicial. La maniobra no alcanzó y terminó reforzando las desconfianzas entre aliados, en un Senado ya enrarecido por otras tensiones, como el congelamiento de la reforma laboral y las negociaciones cruzadas por cargos clave.
Con el calendario como aliado y el veto como amenaza, el debate del Presupuesto 2026 se encamina a convertirse en una pulseada de poder más que en una discusión sobre prioridades sociales. El ajuste, una vez más, se intenta aprobar cuando el país mira para otro lado.
Con información de Parlamentario y Ámbito.
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