El 20 de diciembre de 2001 marcó el final abrupto del gobierno de Fernando de la Rúa y dejó una herida abierta en la historia democrática argentina. La represión en Plaza de Mayo y la posterior renuncia presidencial fue el desenlace predecible de un proceso en el que el ajuste económico y la subordinación a intereses extranjeros armaron una bomba de tiempo social. La Alianza había llegado al poder con la promesa de un cambio político, tras una década de menemismo, pero en materia económica se encargó de profundizar el mismo esquema.
La distancia entre el discurso electoral y las decisiones de gobierno fue creciendo al ritmo de una recesión que golpeaba cada vez con más fuerza a los sectores sociales que ya venían vapuleados de la década anterior. Es por eso que decimos que el 2001 no estalló de un día para el otro. Fue el resultado de una acumulación de medidas que tensaron la cuerda hasta que la crisis se expresó en la calle. En ese momento, el gobierno ya no tenía margen político ni social para contenerla.
Ajuste fiscal y recortes: el sacrificio como política
Cuando De La Rúa designó a José Luis Machinea como Ministro de Economía dejó en claro desde el inicio que el eje central de la gestión iba a ser el control del déficit fiscal. En nombre de ese objetivo, el gobierno avanzó por decreto sobre jubilaciones y salarios estatales, estableciendo una rebaja del 13% para quienes cobraban más de 500 pesos. Esta medida fue presentada como un “sacrificio necesario” para salir adelante.
Y es que el sacrificio como condición moral suele aparecer cuando se toman decisiones que van en contra del bienestar de los trabajadores, con de la Rúa no fue la primera vez que pasó y evidentemente no fue la última. La idea de que “no había otra forma” se transformó en sentido común oficial. El sacrificio no sirvió: el ajuste no resolvió la crisis, pero sí profundizó la desigualdad y el malestar social.
La reforma laboral como eje del conflicto
A pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno de De la Rúa impulsó una reforma laboral que avanzaba sobre lo poco que quedaba de las leyes para proteger al trabajador argentino. La excusa fue la que escuchamos cada vez que sucede algo así: flexibilizar para generar empleo, reducir costos para atraer inversiones, modernizar relaciones laborales consideradas rígidas.
El tratamiento de la ley en el Senado fue escandaloso. Las denuncias por coimas para garantizar su aprobación involucraron a funcionarios del Poder Ejecutivo, a la SIDE y a legisladores de distintos bloques. El gobierno no dio el brazo a torcer e insistió con que la reforma era una pieza clave de su programa económico.
El FMI, el blindaje y la pérdida de autonomía
Pero para mantener su tozudez, La Alianza tuvo que recurrir a un salvavidas de 39.700 millones de dólares cortesía del FMI. En ese entonces, la excusa también fue que el préstamo le permitiría estabilizar la economía y recuperar la confianza de los mercados. Pero los préstamos nunca son por bondad propia, sino que responden a intereses, en este caso, extranjeros. El desembolso consolidó la dependencia externa y profundizó las exigencias de ajuste.
Historia que vuelve a repetirse hoy en día con un nuevo préstamo, pero esta vez no alcanzó sólo con el FMI. Este año se necesitó el respaldo explícito del Presidente de EE.UU, Donald Trump, acompañado por asistencia económica y señales de apoyo internacional. La idea en ambos casos es la misma, ofrecer oxígeno a un programa económico infructuoso.
La Plaza, la represión y el límite
Con la llegada de Domingo Cavallo al Ministerio de Economía en 2001, el poder se concentró aún más. El Congreso delegó facultades extraordinarias y los decretos comenzaron a reemplazar al debate democrático. El problema es que mientras se pedía confianza y paciencia a la población, los grandes capitales ya habían tomado distancia.
La fuga de divisas se consumó en silencio y sin sanciones. Cuando el Estado reaccionó, lo hizo tarde y mal: el “corralito” congeló los ahorros de millones de personas y paralizó la economía cotidiana. El estallido de diciembre fue la respuesta a todo un acumulado.Los saqueos, las cacerolas y la movilización espontánea expresaron una ruptura profunda del contrato social. La represión del 19 y 20 de diciembre dejó 30 muertos en todo el país. La orden de despejar la Plaza de Mayo marcó el límite de un gobierno que había perdido toda legitimidad.
A las 19.52 del 20 de diciembre, Fernando de la Rúa presentó su renuncia y abandonó la Casa Rosada en helicóptero. El 2001 no es sólo una efeméride, funciona como advertencia histórica: reformas laborales sin consenso, ajuste presentado como única salida y respaldos externos utilizados como sostén político son combinaciones conocidas. La historia no se repite, pero insiste.
ADEMÁS EN NEA HOY:
El Gobierno admite que el Presupuesto 2026 no le sirve sin recortes a universidades y discapacidad
Presupuesto: Diputados volteó la escandalosa condonación de deudas a distribuidoras eléctricas
