En plena convocatoria a sesiones extraordinarias y con el Congreso atravesando una de las semanas más frenéticas del año, el Gobierno nacional volvió a activar una herramienta tan sensible como cuestionada: la distribución discrecional de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Según datos aportados por una consultora privada especializada en finanzas públicas, en lo que va de diciembre la Casa Rosada ya giró $43.000 millones a gobernadores aliados, en un movimiento que coincide milimétricamente con la discusión del Presupuesto 2026 y el arranque del debate de la reforma laboral, uno de los proyectos más resistidos por sindicatos y sectores de la oposición.
Tras un mes de noviembre con ejecución cero —el único de todo 2025 sin reparto— diciembre se convirtió en un mes récord para la era Milei. En apenas doce días se distribuyó más dinero que en los cinco meses anteriores combinados. Tucumán recibió $20.000 millones el 10 de diciembre; Misiones, $12.000 millones; y Chaco, $11.000 millones. A esto se suman fondos ya devengados para Catamarca ($10.500 millones), Entre Ríos ($7.000 millones) y Salta ($6.000 millones), que elevarán aún más el volumen total en los próximos días, justo cuando el Congreso entre en la recta final de las votaciones.
El principal beneficiario de este esquema es el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, que acumula $35.000 millones en ATN a lo largo de 2025, consolidándose como el gran ganador del año. No se trata de un dato aislado: Tucumán lidera cómodamente el ranking de provincias receptoras, en paralelo a su rol como aliado clave del oficialismo para ordenar apoyos legislativos en ambas cámaras. Detrás aparecen Misiones, Chaco y Neuquén, completando un mapa de beneficiarios que coincide llamativamente con los distritos que acompañaron al Gobierno en votaciones sensibles.
El contexto político no es menor. En apenas 72 a 96 horas, el oficialismo busca dictaminar y aprobar el Presupuesto en Diputados, mientras el Senado se prepara para iniciar —desde este miércoles— el tratamiento de la reforma laboral. La agenda es tan ajustada como ambiciosa: Patricia Bullrich aspira a firmar dictamen esta misma semana y llevar ambas leyes al recinto antes de fin de mes. Pero La Libertad Avanza no tiene mayorías propias ni gobernadores propios, y depende de un delicado entramado de acuerdos con mandatarios provinciales y bloques aliados. En ese escenario, los ATN reaparecen como un factor clave para aceitar voluntades.
El patrón que surge del análisis de la consultora privada es claro: un «club» de quince provincias concentró los fondos, mientras otras quedaron directamente excluidas. El caso más emblemático es Formosa, que no recibió un solo peso en ATN desde el inicio de la gestión Milei, en línea con su oposición frontal al ajuste y a las reformas impulsadas desde la Casa Rosada. Todo esto ocurre, además, en un contexto de asfixia financiera generalizada para las provincias, con transferencias no automáticas en mínimos históricos y una fuerte caída de la inversión pública.
Así, mientras el oficialismo acelera el tratamiento del Presupuesto 2026 y empuja una reforma laboral que recorta derechos en nombre de la competitividad, el reparto de ATN vuelve a quedar bajo sospecha. Recursos concebidos por ley para atender emergencias se activan selectivamente en el momento exacto en que el Gobierno necesita votos. En un Congreso forzado a funcionar «como un reloj suizo», los ATN parecen marcar el ritmo: no del federalismo ni de la equidad fiscal, sino de la negociación política más cruda.
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