La crisis en la Dirección Nacional de Vialidad se profundiza en todo el país y Corrientes no es la excepción. Alfredo de Jesús Ramírez, secretario del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) en la provincia, dialogó con NEA HOY y describió un escenario de deterioro extremo en lo salarial, laboral e institucional, agravado por la ofensiva del gobierno de Javier Milei para desmantelar el organismo.
“La mitad de los trabajadores que permanecen está por debajo del índice de pobreza”, aseguró Ramírez a este medio. Según explicó, la ausencia total de aumentos desde octubre de 2024 —más de un año y dos meses— dejó a decenas de familias viales en una situación límite. “Tienen que hacer changas aparte. Muchos salen a trabajar después de la jornada porque el sueldo no alcanza”, sostuvo.
La situación personal del propio dirigente es un retrato del deterioro: “Tengo boletas de agua que me van a cortar la provisión. Así estamos todos”.
Hostigamiento institucional y presión para vaciar Vialidad Nacional
Ramírez denunció que, en paralelo al congelamiento salarial, la gestión libertaria profundiza maniobras para forzar la salida del personal. “Se está yendo la gente porque no soporta esta situación de modificaciones laborales, maltrato y olvido de la gestión”, señaló.
Asegura que la lógica del Gobierno de Javier Milei es explícita: “Especulan con un retiro voluntario. Quieren que la gente renuncie por agotamiento”.
El panorama se da pese a que la Justicia frenó en julio el cierre de Vialidad Nacional y dictó una cautelar de no innovar, que suspende cualquier disolución hasta resolver la constitucionalidad del decreto firmado por Milei y Federico Sturzenegger.
Sin embargo, Ramírez afirma que en Corrientes, con David Moulin al frente del organismo, el hostigamiento continúa: “La gente sale a trabajar igual en ruta con las condiciones que hay. No hay recursos, no hay insumos, pero la presión sigue. Y si la Justicia falla a favor de Vialidad, el Gobierno va a tener que dejar de hostigar a la repartición y evitar el cierre del organismo”.
La medida cautelar vence a mediados de enero. Para el dirigente, ese mes será clave: “En enero tendrán que resolver esta situación. Si se cae la cautelar, se profundiza el ataque; si se ratifica Vialidad, el Gobierno tendrá que retroceder”.
Un organismo desfinanciado: la caja que no llega a las provincias
El secretario del STVyARA Corrientes advirtió además sobre el manejo discrecional de los fondos viales: “El impuesto a los combustibles recaudó 4.000 millones. Esa plata no se está volcando en las provincias. Está en una caja que maneja el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo”.
El dato se suma a los reiterados señalamientos del sindicato a nivel nacional sobre paralización de obras, reducción presupuestaria y abandono de rutas. El escenario no sólo implica perjuicio para los trabajadores: también agrava la seguridad vial y acelera el deterioro de los corredores estratégicos del país.
Chaco, Corrientes y todo el NEA: un escenario que se repite en la era Milei
La situación denunciada por Ramírez coincide con lo que ocurre en otras provincias del NEA. Seccionales de Chaco alertaron recientemente que los trabajadores viales ya perciben sueldos de pobreza, no reciben aumentos hace más de un año y enfrentan un desfinanciamiento caótico.
En todas las jurisdicciones se repiten estos patrones: congelamiento salarial, presión por retiros voluntarios, falta de insumos, rutas sin mantenimiento, hostigamiento administrativo e incertidumbre permanente sobre la continuidad laboral, entre otros.
Con enero como mes límite, los trabajadores del NEA se preparan para un inicio de año decisivo: entre el fallo judicial pendiente, el desfinanciamiento sostenido y la presión política de la administración Milei, el futuro de Vialidad Nacional sigue en tensión.
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