El proyecto de reforma laboral impulsado por Javier Milei propone derogar nueve artículos y modificar otros 55 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Aunque el Gobierno insiste en que “no toca derechos básicos”, el texto avanza sobre aspectos centrales del empleo formal: indemnizaciones, vacaciones, jornada laboral, remuneraciones y la ultraactividad de los convenios.
Los cambios no alcanzan al sector público ni a trabajadores de casas particulares y agrarios, pero sí afectan a todo el empleo registrado privado. Para sindicatos y abogados laboralistas, la iniciativa configura un retroceso en la tutela legal de los trabajadores y busca debilitar el poder de negociación colectiva.
Uno de los ejes más cuestionados es la actualización del sistema indemnizatorio. El cálculo del resarcimiento por despido excluye aguinaldo, vacaciones y premios, lo que reduce de manera directa el monto final. Además, habilita a las pequeñas y medianas empresas a pagar en cuotas.
El proyecto incorpora el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una cuenta obligatoria financiada con una contribución del 3% del salario base. Según críticos del sistema, puede convertirse en un mecanismo regresivo: expone los aportes a inversiones financieras y limita la capacidad del trabajador de reclamar daños y perjuicios, ya que el cobro de indemnización es incompatible con acciones civiles.
La reforma flexibiliza la organización del tiempo de trabajo. La jornada podría extenderse de 8 a 12 horas por acuerdo individual o colectivo, siempre que se cumplan descansos mínimos. Además, se crea el Banco de Horas, que permite compensar horas extras con francos, sin remuneración adicional.
Para especialistas, esto traslada riesgos al trabajador, elimina incentivos económicos y debilita los límites tradicionales que protegían la salud laboral.
El artículo sobre vacaciones autoriza fraccionarlas en periodos mínimos de siete días y permite otorgarlas en cualquier momento del año con acuerdo individual. Aunque el Ejecutivo que responde a Javier Milei lo justifica como “modernización”, gremios advierten que diluye un derecho adquirido y facilita presiones empresariales para evitar la demanda estacional.
El proyecto redefine qué integra la remuneración: excluye propinas, utilidades, viáticos, telefonía e internet. También permite pagos en moneda extranjera o en especie y autoriza billeteras virtuales. Para especialistas, esto puede afectar la estabilidad del salario y fomentar prácticas de fragmentación remunerativa que reducen aportes y bases indemnizatorias.
La eliminación de la ultraactividad de convenios —uno de los puntos que la CGT ya objetó públicamente— obliga a renegociar acuerdos en un plazo de un año. Si no se llega a un nuevo convenio, las cláusulas obligacionales caducan automáticamente. El texto también dispone que las asambleas dentro de los establecimientos necesiten autorización previa del empleador y que no generen salario, una medida que gremios consideran directamente inconstitucional.
Las tomas y bloqueos pasan a ser “infracciones muy graves”, afectando el derecho a huelga. Además, se facilita la creación de sindicatos por empresa, lo que podría fragmentar la representación gremial.
La reforma blanquea el vínculo entre plataformas como Uber o Rappi, pero sin obligarlas a asumir costos básicos: elementos de seguridad, mantenimiento de vehículos o cobertura ante accidentes. Además, deroga por completo la Ley de Teletrabajo, que había surgido en la pandemia para proteger a quienes trabajan desde sus hogares.
Mientras Federico Sturzenegger defendió la reforma laboral bajo el argumento de “menos litigios y más empleo”, especialistas en derecho laboral, cámaras empresarias y sindicatos advierten que el texto fue ingresado sin los requisitos formales, que afecta derechos esenciales y que abrirá un escenario de conflictividad creciente tanto en la calle como en los tribunales.
Con información de Clarín, Ámbito y Página 12.
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