En una muestra clara de la desesperación oficial por sumar dólares antes del fuerte vencimiento de deuda de enero, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, anunció una nueva reducción de retenciones para el sector agroexportador. Se trata de la segunda rebaja en el año y evidencia lo que ya es una constante del actual esquema económico: el Gobierno entrega recursos fiscales para intentar acelerar una liquidación que el campo controla a voluntad.
La medida recorta entre uno y dos puntos las alícuotas de los principales productos. La soja baja de 26% a 24%, sus derivados caen de 24,5 a 22,5%, el trigo y la cebada descienden de 9,5% a 7,5% y el maíz y el sorgo pasan de 9,5% a 8,5%. El girasol retrocede de 5,5% a 4,5%. Según estimaciones oficiales, el impacto fiscal rondará los 500 millones de dólares, aunque Economía intenta compensarlo con la mejora reciente de los precios internacionales.
Pero detrás de los porcentajes aparece la verdadera dinámica de poder. El Gobierno cede porque el campo aprieta, y lo hace sobre un Estado que llega sin reservas, sin margen político y con una deuda que no puede afrontar sin nuevo oxígeno externo. Fuentes del sector reconocieron que ya advertían a Luis Caputo que, con el dólar actual, solo liquidarían lo indispensable para cubrir costos y que el resto se guardaría a la espera de condiciones más favorables. En otras palabras: el ritmo de ingreso de divisas lo decide el campo, no el Ministerio de Economía.
Una dependencia que se profundiza
El antecedente de septiembre, cuando el Gobierno de Javier Milei llevó las retenciones a cero para “destrabar” cerca de 7 mil millones de dólares, dejó en claro que Caputo entró en un círculo vicioso del que es difícil salir. Esa suspensión total se tradujo en un gran negocio para las cerealeras y un breve respiro electoral para la Casa Rosada, pero no resolvió el problema estructural: la necesidad permanente de dólares para una economía sin crédito, con deuda reestructurada y con vencimientos imposibles de enfrentar con recursos propios.
En los propios dirigentes del sector la lectura es descarnada: “Le va a volver a pasar”, aseguran, convencidos de que marzo y abril traerán una liquidación mínima y que el verdadero apretón llegará en julio y agosto, cuando el Gobierno, otra vez asfixiado, vuelva a tocar la puerta de los exportadores. El cálculo es simple: con soja al 24%, una baja a cero implicaría un dólar equivalente a unos $1.800, es decir, un incentivo muy superior al actual.
El impacto fiscal y el conflicto que viene con el FMI
La discusión no es menor para el Fondo Monetario Internacional, que desde hace años considera a las retenciones como un instrumento clave para sostener la recaudación. La rebaja a cero de septiembre significó una pérdida del 0,35% del PBI, y ahora, con otro recorte sobre la mesa, será difícil justificar cómo se logrará la meta de 2,5% de superávit fiscal comprometida para 2026.
El Gobierno estima cerrar este año con apenas 0,5% de superávit, mientras los gobernadores reclaman cerca de un punto del PBI que Nación les adeuda. El margen fiscal es cada vez más estrecho y cada dólar resignado en retenciones es un dólar que falta para cumplir con el FMI o para sostener el funcionamiento básico del Estado.
Una estrategia repetida que erosiona al Estado
Desde comienzos del año, Caputo aplicó rebajas temporales que luego volvió permanentes. En todos los casos, la lógica fue la misma: ceder recaudación para intentar forzar una liquidación inmediata. Sin reservas, sin crédito externo y sin un programa macro consistente, el Gobierno opta por la vía más rápida —y también la más costosa— para sobrevivir al corto plazo.
Pero la estrategia no sólo compromete las cuentas públicas: refuerza la capacidad del sector agroexportador de marcarle la agenda al Ministerio de Economía, profundizando una relación asimétrica donde el Estado se ve obligado a pagar más —en forma de baja impositiva— por cada dólar que necesita.
La nueva reducción de retenciones confirma lo que ya es evidente: Caputo administra la urgencia, no la economía, y cada decisión que toma para llegar al próximo vencimiento de deuda debilita un poco más la posibilidad de sostener un modelo fiscal ordenado. Mientras tanto, el campo sigue sentado sobre los granos, esperando que la necesidad del Gobierno vuelva a jugar a su favor.
Con información de La Política Online.
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