La crisis del sector comercial en Misiones dejó de ser una amenaza para convertirse en una cruda realidad que golpea a cientos de familias justo antes de las fiestas. Mientras el hipermercado Libertad reduce su plantilla de 200 a 60 trabajadores y transita su reconversión a supermercado, el caso del supermercado California revela una modalidad de precarización laboral que alarma al gremio: despedir empleados en blanco para reincorporarlos a través de cooperativas con sueldos que representan apenas un tercio de lo que corresponde.
Agustín Gómez, secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio de Posadas, explicó a NEA HOY que California está implementando esta estrategia en sus ocho supermercados y su depósito. «Le dicen al trabajador: ‘Vos sos trabajador de una cooperativa, no sos empleado de comercio‘», detalló. La diferencia es brutal: mientras un empleado de comercio que trabaja ocho horas diarias debe percibir alrededor de 900 mil pesos de bolsillo, estos trabajadores bajo la figura de cooperativa cobran apenas 350 mil pesos.
La maniobra permite a la empresa eludir no solo el pago del salario correspondiente, sino también los aportes jubilatorios y la obra social. «Seguramente pretenden ahorrar en cuanto a esos aportes. La finalidad que tienen con esta estrategia es precarizar al máximo la condición laboral del trabajador«, denunció Gómez. En números concretos, la empresa se estaría ahorrando entre un 70 y 75% de los costos laborales por cada trabajador.
El fenómeno no es aislado. De acuerdo al secretario adjunto del CECP, California ya tiene trabajadores bajo esta modalidad en casi todos sus locales —entre 15 y 20 por punto de venta— y también en su sector industrial, donde se elabora panificación y alimentos. El gremio investiga además si la empresa cumplirá con el pago del aguinaldo a estos trabajadores, una obligación que la figura cooperativa podría permitirles esquivar.
La tormenta perfecta
El contexto que explica esta ola de despidos y precarización es complejo. Gómez señala que la situación se veía venir desde que asumió el gobierno nacional en 2024, con el decreto 70/23 y la ley Omnibus. «La quita de subsidios en tarifas, transporte y nafta, sumado a paritarias que dan 1% mensual cuando la inflación supera el 2%, hizo que caiga el consumo de manera importante«, explicó.
Para Misiones, que tiene el 90% de su territorio lindando con Paraguay y Brasil, se suma otro factor crítico: el cambio en el tipo de cambio. «Hasta 2023 venían a comprar desde países vecinos, había límites para la venta de nafta y productos porque el tipo de cambio era favorable para Argentina. Eso cambió desde 2024«, recordó Gómez. La pérdida del consumo extranjero golpeó especialmente a la provincia.
La combinación de caída del consumo interno y externo está provocando cierres de comercios, despidos y atrasos en el pago de salarios. «En otras crisis, el sector comestible era el último en verse golpeado porque la gente es lo último que deja de hacer es dejar de comer. Hoy ya estamos viendo que la situación está golpeando también a las empresas de venta de comestibles«, advirtió el dirigente gremial.
El miedo al desempleo
Lo más dramático del caso California es la situación de vulnerabilidad en que quedan los trabajadores. «Muchas veces son trabajadores jóvenes que aceptan estas condiciones justamente por la necesidad de tener un empleo, de ganar alguna plata para llevar el alimento a su familia«, explicó Gómez.
El panorama laboral hace que muchos prefieran no denunciar. «Realmente es la necesidad que hace que acepten estos tipos de condiciones, no denuncian tampoco, no quieren dar el nombre por el miedo a perder el trabajo. Si no les dan este empleo, quizás en la calle no conseguirían otro«, describió el secretario adjunto del gremio.
Con el 80% del comercio compuesto por pymes que viven del día a día, muchas ya cerraron sus puertas. Las que quedan enfrentan alquileres más caros, tarifas en alza y consumo en caída. En ese escenario, encontrar otro empleo se vuelve casi imposible.
Estrategia gremial
El Centro de Empleados de Comercio está brindando asesoramiento legal a los trabajadores afectados, informándoles cuánto deberían cobrar y calculando sus liquidaciones finales. Sin embargo, para elevar denuncias formales ante el Ministerio de Trabajo necesitan la autorización de los propios trabajadores, algo difícil de conseguir por el temor generalizado.
«Estamos tratando de dialogar con un grupo de trabajadores para ver si entre todos nos permiten elevar la denuncia al ministerio y de ahí llevar la acción también hacia el Ministerio de Trabajo y si no, ya directamente desde lo judicial«, adelantó Gómez.
Mientras tanto, a días de las fiestas de fin de año, cientos de familias misioneras enfrentan la peor de las combinaciones: menos ingresos, más gastos y la incertidumbre de un 2025 que se presenta aún más complicado para el sector comercial de la provincia.
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