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Un Presupuesto escrito lejos del Norte Grande

El Presupuesto 2026 expone una fractura creciente dentro del Norte Grande: mientras algunas provincias reclaman por deudas previsionales, regalías y recortes que ponen en riesgo su funcionamiento, otras se alinean con el Gobierno nacional aun cuando el proyecto golpea directamente a sus propias economías. Las ausencias en la última Asamblea de Gobernadores dejaron en evidencia un mapa político tensionado, con mandatarios que esquivan la foto del reclamo mientras sus territorios figuran entre los más perjudicados.
Los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca), Ricardo Quintela (La Rioja), Hugo Passalacqua (Misiones) y la vicegobernadora de Chaco, Silvana Schneider (Foto: Prensa Institucional)

El Presupuesto 2026 que el Gobierno de Javier Milei insiste en presentar todavía no deja muy en claro cuál sería el lado bueno para las provincias y si bien el impacto será nacional, el Norte Grande es una de las zonas quizás más afectadas. La cláusula 3 del Tratado interprovincial de creación de la Región Norte Grande Argentino explica que tiene “el objetivo fundamental y necesario es institucionalizar el proceso de integración mencionado, con el establecimiento de los órganos con competencia y facultades que permitirán la coordinación de políticas y la materialización de los proyectos de interés común.”

Pero ante un presupuesto tirano, lejos parece estar el consenso de unirse para el bien común. El termómetro político sobre el caso fue la 22° Asamblea de Gobernadores del Norte Grande, realizada en Santiago del Estero, donde los mandatarios siguen actuando como bloque, pero mostrando fisuras en la foto institucional. No todos los gobernadores asistieron personalmente, y en política, las ausencias dicen tanto como las presencias.

La reunión con faltantes

A Santiago del Estero viajaron los gobernadores de Tucumán, Catamarca, La Rioja, Formosa, Jujuy, Misiones y el anfitrión, Gerardo Zamora. Corrientes, Chaco y Salta enviaron a sus vicegobernadores. Este texto no busca hacer deshonor a ningún cargo, solamente señalar que el gesto político fue evidente: 3 mandatarios, evitaron sentarse en una mesa que pedía, justamente, lo contrario de lo que ellos respaldan en su alineamiento con Milei.

Tanto Gustavo Valdés como Leandro Zdero, los gobernadores de Corrientes y Chaco respectivamente, funcionan hoy como engranajes de la estrategia nacional del oficialismo para imponer un Presupuesto hecho “a medida del FMI”, como definió el Ministro de Economía de Formosa, Jorge Oscar Ibáñez. Ambos defienden en público un proyecto que recorta fondos esenciales, paraliza obras, condiciona las cajas previsionales y concentra en la Casa Rosada la decisión de cada peso que llegará a las provincias. Y por eso eligieron esquivar la foto de las provincias reclamando.

Deudas previsionales y Yacyretá

Uno de los reclamos históricos que se volvió a poner en la mesa en la Asamblea del Norte grande es el pago de las deudas previsionales que la Nación mantiene con las provincias del NEA que nunca transfirieron sus cajas. Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones son cuatro de las 13 provincias que en los ’90 resignaron coparticipación para sostener la reforma jubilatoria nacional y hoy reciben cero. Milei decidió paralizar estos envíos y de esta manera presionar financieramente.

El segundo reclamo fue por Yacyretá y las regalías impagas que afectan sobre todo a Corrientes y Misiones. A pesar de que la situación afecta directamente a su provincia,  Valdés se ausentó mientras que otros gobernadores del Norte respaldaron el pedido. En el documento final de la Asamblea del Norte Grande el bloque pidió garantizar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), indispensables para enfrentar emergencias financieras. Desde la asunción de Milei, los ATN  se volvieron fondos discrecionales que llegan cuando Nación quiere, a quienes Nación quiere que le lleguen y bajo las condiciones que Nación impone.

El caso de Chaco y Corrientes

Leandro Zdero se convirtió en uno de los principales aliados de Javier Milei para blindar el Presupuesto 2026 y las reformas regresivas que lo acompañan. Viajó a Casa Rosada, celebró las reuniones, habló de “certidumbre” y volvió al Chaco sin un solo compromiso firme para su provincia.

Lo incómodo del caso es que el Presupuesto 2026 es especialmente dañino para Chaco. Representa una caída real del 39,1% en transferencias automáticas. Las transferencias no automáticas estarán 62,8% por debajo de lo que fueron en el 2023. Además, el financiamiento de cajas previsionales está sometido a discrecionalidad y con un crédito real 57,9% menor. A esto se le suman las obras paralizadas y servicios deteriorados.

El caso correntino es todavía más llamativo. Corrientes estuvo ausente tanto en la mesa de gobernadores como en el Presupuesto 2026. El proyecto no menciona nada acerca de la provincia, no hay obras específicas, partidas nominales ni adelantos de coparticipación. Corrientes aparece apenas de manera lateral en los fondos previsionales, que además son una incógnita porque dependen de ANSES y ya vienen congelados.

Los diputados nacionales de Corrientes de Unión por la Patria reclaman que el proyecto del segundo puente que conecte Chaco y Corrientes sea incluido en el presupuesto, ya que cuenta con financiamiento aprobado del BID desde 2023.

Los reclamos del norte

En el extremo opuesto de sus compañeras del NEA se ubican Formosa y Misiones. El Ministro Ibáñez explicó que en el Presupuesto 2026 “No hay un solo peso destinado a Formosa”. También denunció que el Presupuesto está escrito “para pagar al FMI” y anticipó que será imposible acompañarlo sin modificaciones profundas. Misiones, por su parte, vuelve a reclamar por Yacyretá, por deudas previsionales y por la necesidad de sostener servicios básicos.

El Presupuesto 2026 promete menos recursos, más discrecionalidad, obras paralizadas, recorte en educación, ciencia y políticas sociales, y un horizonte donde las provincias hacen todo lo que el Gobierno Nacional ordena a cambio de migajas. La pregunta es cuánto tiempo podrá sostenerse ese equilibrio cuando las consecuencias del Presupuesto 2026 empiecen a sentirse en salarios públicos, servicios, obra pública y vida cotidiana y cuál será el costo político para aquellos que lo avalan sin chistar.

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