La situación judicial del Senador nacional Francisco Paoltroni se agravó en las últimas semanas, porque tanto la Justicia Federal como la de Formosa avanzaron con embargos sobre sus ingresos y bienes, además de los de varias empresas vinculadas a él, en el marco de causas por presunto fraude bancario y desmontes ilegales. El Senado de la Nación ya fue notificado oficialmente, como empleador del legislador de La Libertad Avanza.
El “viejo truco” bajo la lupa federal
En la órbita federal, la causa principal tramita en el Juzgado Federal N.º 2, donde la jueza Belén López Macé dispuso un embargo por 134 millones de pesos. El abogado de Formosa, Luis Zapiola describió sin eufemismos la maniobra investigada: según explicó, empresas ligadas al Senador —como Ganaderos de Formosa S.R.L. y Agroindustria de Formosa S.R.L.— habrían librado cheques para luego ordenar su no pago. “Es un fraude clásico: se emite el cheque y se da la orden de no pagar. Un viejo truco de empresarios inescrupulosos”, sostuvo Zapiola.
En algunos casos, añadió el letrado, los cheques incluso son denunciados como extraviados o robados. “Estamos hablando de cifras millonarias; que haya un embargo es absolutamente razonable”, remarcó.
Desmontes ilegales y nuevas ejecuciones
Al frente judicial se suma un segundo capítulo igual de complejo: daño ambiental. La Provincia avanzó con la ejecución de multas por desmontes ilegales a través de la Fiscalía de Estado, tras sanciones aplicadas por el Ministerio de la Producción y Ambiente.
Las medidas alcanzan a firmas relacionadas con Paoltroni como CSI S.R.L., El Divisadero S.R.L., CONAGRI S.A. y Agroindustria S.R.L., por el desmonte sin autorización de más de 900 hectáreas en zonas cercanas a Ibarreta, Estanislao del Campo y Subteniente Perín. Según fuentes con acceso a los expedientes, los 104 millones de pesos ya ejecutados son solo una parte del total: el área afectada supera las 2.200 hectáreas, por lo que se prevén nuevas decisiones judiciales en breve.
El ministro de la Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez, confirmó que las irregularidades se detectaron mediante un sistema de alerta temprana con imágenes satelitales. Las empresas fueron citadas a ejercer su descargo, pero, según afirmó, “no hubo respuesta alguna”.
Zapiola también fue severo en este punto: “Actuó sin pedir permiso, sin reconocer autoridad. No contestó inspecciones, no respondió actas, y la consecuencia fue la ejecución”. Para el abogado, estas conductas reflejan un “desprecio por la norma” que termina generando un daño ambiental cuyos costos, advirtió, “los pagarán las futuras generaciones”. Vale remarcar que además de Paoltroni el legislador libertario e Intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, también tiene una causa por desmontes ilegales.
Patrimonio en expansión y denuncias
Las sospechas no terminan ahí. El Ministro Rodríguez mencionó un presunto circuito de compra informal de hacienda que habría impulsado un crecimiento patrimonial extraordinario.
Registros oficiales muestran que entre 2017 y 2024 el stock ganadero de Paoltroni aumentó de 141 a 3.390 cabezas, una suba superior al 2300%. Rodríguez calificó el salto como “exponencial” y “sorprendente incluso dentro del sector”.
Según se sospecha, el Senador habría adquirido animales sin documentación a pequeños criadores, a valores muy por debajo del mercado, para luego “blanquearlos” y venderlos en remates. De confirmarse estas maniobras, podrían abrirse líneas de investigación por evasión fiscal y lavado de activos.
Entre embargos, multas millonarias y denuncias cada vez más graves, el cerco judicial sobre Francisco Paoltroni se estrecha. La investigación por fraude avanza en los tribunales federales, el daño ambiental acumula sanciones en la Justicia provincial y el crecimiento patrimonial despierta nuevas alertas. El Senador enfrenta hoy causas que ya no solo golpean su imagen, sino también su bolsillo y su futuro judicial.
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