La Justicia misionera condenó a 10 meses de prisión en suspenso a la dirigente de la CTA Autónoma Mónica Gurina y a 8 meses al referente de UTEM Leandro Sánchez, por supuesta “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del transporte” durante el acampe docente de 2024 en Posadas. Además, deberán realizar tareas comunitarias.
El fallo fue dictado por la jueza Marcela Leiva tras un debate que dejó más dudas que certezas. Los gremios lo consideran un mensaje aleccionador: la protesta tiene un límite, y ese límite ahora lo fija la Justicia. Por eso, sindicatos no oficialistas convocaron a un paro de 24 horas este jueves 27 y a una movilización al Palacio de Justicia el lunes 1°, cuando se conocerán los fundamentos de la sentencia.
Un juicio a docentes sin pruebas, pero con intención política
Durante el proceso, la fiscal María Laura Álvarez no aportó evidencia sólida para sostener las acusaciones. Varios testigos, en su mayoría policías, no lograron describir hechos que justificaran la elevación a juicio. La acusación, señalaron observadores, se sostuvo sobre una premisa política: atribuir a Gurina y Sánchez un liderazgo absoluto en las protestas del año pasado.
La defensa ya anunció que apelará en todas las instancias, incluso internacionales. Para los gremios, el fallo no responde a criterios jurídicos sino a una estrategia de disciplinamiento social.
El Misionerazo: cuando la protesta rompió el cerco
El origen de esta causa está en el Misionerazo de mayo y junio de 2024, cuando la inflación superaba el 110% y los docentes de Misiones recibían aumentos del 13%. La respuesta fue un acampe frente a la Casa de Gobierno, protagonizado por docentes, enfermeros y estatales que reclamaban lo mínimo: salarios que alcanzaran para vivir.
Aquella protesta logró lo que el oficialismo provincial negaba hacía años: un aumento que llevó el piso salarial a $450.000. Esa conquista es, según los sindicatos, la verdadera razón de la persecución. “No es un juicio a Mónica o a Leandro, es un juicio a toda la docencia que se animó a reclamar”, dijo Gurina.
La Jueza Marcela Leiva (que condenó injustamente a Cristina Vázquez) condenó, por pedido de Rovira, a dos docentes por cortar la Avenida Uruguay de Posadas en el marco del misionerazo donde miles de trabajadores estatales marcharon y acamparon reclamando por salario. Mónica… pic.twitter.com/8CWMfnvfVB
— Romina Del Plá (@RominaDelPla) November 26, 2025
Un Poder Judicial alineado al poder político de Misiones
La jueza que dictó la condena, Marcela Leiva, es hermana de Cristina Leiva, ministra del Superior Tribunal de Justicia y figura cercana al oficialismo del Frente Renovador de la Concordia. En una provincia gobernada desde 2003 por el esquema político que lidera Carlos Rovira, la independencia judicial aparece seriamente cuestionada.
Para organizaciones sindicales y sociales, el fallo confirma que la Justicia provincial opera como brazo ejecutor del disciplinamiento político, seleccionando referentes y activistas para enviar mensajes ejemplificadores.
El laboratorio del orden libertario
Desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada, varias provincias adoptaron parte del discurso gubernamental sobre “orden público”, reforzado por el Protocolo Antipiquetes de Patricia Bullrich. Misiones no fue la excepción: represión en 2024, detenciones de policías en conflicto, restricciones a la cercanía de manifestantes con la Legislatura y ahora una condena penal a docentes.
El fallo se suma a un escenario en el que la conflictividad social crece al ritmo del ajuste económico, mientras las autoridades responden con instrumentos judiciales antes que con soluciones políticas.
La misma policía de Misiones que había propuesto a los docentes compartir un frente común de protesta salarial ahora cae con un pedido de desalojo en el acampe. ¿Qué pasó en el medio? Los uniformados hicieron su propio arreglo con el gobierno provincial y rompieron el pacto. pic.twitter.com/DQc2wzPLQt
— Juan Ignacio Provéndola (@juaniprovendola) June 1, 2024
La sociedad de Misiones responde a la persecución judicial
La reacción fue inmediata. Además de sindicatos docentes, organizaciones estudiantiles y centrales gremiales se movilizaron para respaldar a los acusados. “Esto es una barbaridad, un intento de disciplinar a quienes luchan”, señaló Estela Genesini, de UDNAM.
En la sala de audiencias, Sánchez lo resumió con una frase que atravesó el juicio: “Si nos condenan a nosotros, van a condenar la protesta social. Se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores.”
La sentencia no clausura un conflicto: lo reabre. Exhibe el avance de una línea política que busca convertir el reclamo social en un hecho punible y deja planteado un interrogante central para la democracia argentina: ¿Puede una sociedad aceptar que protestar por un salario digno sea considerado un delito?
Con información de Canal Abierto, Agencia Hoy, Misiones Cuatro, Diario AR y CTAA Misiones.
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