La investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, a un año y cinco meses del hecho, vuelve a sacudirse entre decisiones tardías, tensiones judiciales y un creciente malestar de la familia del niño, que reclama que la causa no se cierre de manera forzada. En este contexto, la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, ordenó este jueves el rastrillaje de una laguna que nunca había sido revisada, aun cuando quedan apenas días para el vencimiento del plazo impuesto por la Cámara Federal para resolver la situación procesal de los siete imputados.
La decisión de la jueza federal Cristina Pozzer Penzo llega mientras persisten cuestionamientos por la falta de citación a indagatoria de figuras clave señaladas por la querella y organizaciones civiles.
El operativo se concentró en la denominada “cuarta laguna”, ubicada frente al campo de María Victoria Caillava y Carlos Pérez, en la localidad de 9 de Julio. Es un sector que había quedado fuera de todos los rastrillajes anteriores y que permanecía pendiente desde junio de 2024. La laguna —muy crecida por las recientes lluvias— demandó la intervención de equipos técnicos y buzos especializados, que ingresaron pasadas las 10.30 con equipamiento moderno para una inspección más profunda que cualquiera realizada en la zona desde la desaparición del menor.
La medida fue ejecutada bajo la Resolución Nº 527/2025 de Pozzer Penzo y forma parte del megaoperativo que abarca otros tres cuerpos de agua vinculados a los terrenos de Caillava y Pérez, el último lugar donde Loan Peña fue visto el 13 de junio de 2024, tras el almuerzo en la casa de su abuela, Catalina Peña. En el despliegue participan el Comando Unificado Corrientes (CUC), SIFEBU, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Corrientes, organismos ambientales y técnicos, Bomberos y la Municipalidad de 9 de Julio.
Aunque la búsqueda es extensa, su realización 17 meses después vuelve a encender críticas sobre la gestión de la investigación.
Pozzer Penzo acorralada por los plazos judiciales
La jueza atraviesa un momento de extrema presión institucional. Está denunciada por encubrimiento, inacción y mal desempeño, y es investigada por el Consejo de la Magistratura. Además, enfrenta acusaciones por supuestamente haber desestimado lahipótesis narco, ignorado vínculos locales con el crimen organizado y evitado investigar las responsabilidades de funcionarios provinciales como el gobernador Gustavo Valdés y el senador Diego Pellegrini, señalados por sostener narrativas falsas para desviar el caso.
Mientras tanto, el propio juzgado de Goya está convulsionado por denuncias internas de maltrato y violencia laboral, en un clima de tensión sin precedentes.
Los padres de Loan se presentaron en Comodoro Py
En paralelo, los padres de Loan, María Noguera y José Peña, viajaron esta semana a Comodoro Py para pedir que no se cierre la etapa de investigación. Acompañados por el abogado Alejandro Vecchi, presentaron un escrito ante la Cámara de Casación para solicitar que se deje sin efecto el plazo de 60 días fijado por la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes.
“Loan está con vida. Mi presentimiento es ese”, dijo Noguera al salir de los tribunales. Vecchi fue contundente: “El tiempo corre contra la víctima, no a favor del imputado”. La querella insiste en que aún restan pericias, rastrillajes e informes que impiden avanzar hacia una definición procesal sin afectar la búsqueda.
El mismo día de esa presentación, el Tribunal Oral Federal de Corrientes reforzó la postura de la familia: ratificó la competencia federal, rechazó los planteos de las defensas y subrayó que la causa “no está ni fáctica ni procesalmente cerrada”.
Quiénes serán llevados a juicio por el caso Loan Peña
Mientras los tribunales se cruzan resoluciones, los siete detenidos siguen siendo los mismos: Antonio Benítez, Mónica Millapi, Daniel “Fierrito” Ramírez, Walter Maciel, Laudelina Peña, Carlos Pérez y María Victoria Caillava. Para los investigadores, todos habrían participado en la sustracción y ocultamiento del menor. Sin embargo, la falta de claridad sobre la secuencia de los hechos, las contradicciones iniciales y la ausencia de indagatorias a actores de peso político mantienen la causa en un terreno de sospechas y vacíos.
A más de un año y medio de la desaparición, el caso Loan se transformó en un símbolo de impunidad, desconfianza social y fallas estructurales del sistema judicial. La revisión tardía de una laguna nunca inspeccionada, con un plazo al límite y un juzgado bajo fuego, exhibe las grietas profundas de una investigación que avanza a contrarreloj mientras la familia sigue buscando respuestas. “No queremos un cierre”, insisten los padres. “Queremos encontrar a nuestro hijo”.
Con información de Chajarí al Día y datos recolectados de NEA HOY.
ADEMÁS EN NEA HOY:
