El gobierno nacional confirmó este miércoles que convocará a sesiones extraordinarias del Congreso entre el 10 y el 31 de diciembre, aprovechando el recambio legislativo tras las elecciones del 26 de octubre. La decisión, anticipada por fuentes de la Presidencia, busca avanzar en la aprobación del Presupuesto 2026 y el paquete de reformas estructurales que Javier Milei comprometió tanto a empresarios como a acreedores externos.
Aunque el decreto aún no fue publicado en el Boletín Oficial, la Casa Rosada ya cerró el temario y mantiene conversaciones con gobernadores, jefes de bloque y técnicos del equipo económico. Fuentes oficiales no descartan extender el período de sesiones hasta enero y febrero, tal como ocurrió en los últimos dos años, dado que los plazos de diciembre podrían resultar insuficientes para el volumen de las discusiones previstas.
La estrategia del oficialismo es clara: aguardar hasta el recambio de las bancas del 10 de diciembre para asegurarse una composición parlamentaria más favorable. A partir de esa fecha, La Libertad Avanza contará con 88 diputados propios, y junto a los aliados del PRO (17 bancas), la UCR (6) y Liga del Interior (3), alcanzará la primera minoría con 115 legisladores. En el Senado, el oficialismo pasará a tener 18 bancas propias.
La reforma laboral: entre la flexibilización y la controversia
Aunque el Poder Ejecutivo aún no presentó oficialmente su propuesta de reforma laboral, diversos trascendidos permiten anticipar sus ejes centrales. El proyecto tomaría como base una iniciativa presentada por la diputada libertaria Romina Diez, titulada «Ley de Promoción de Inversiones y Empleo«, que reproduce varios artículos del capítulo laboral del DNU 70/2023, actualmente suspendido por la Justicia.
Según fuentes del Consejo de Mayo consultadas por medios especializados, el proyecto contempla la implementación de salarios dinámicos vinculados a la productividad y el mérito individual, en reemplazo del actual sistema de paritarias sectoriales. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, ha manifestado la necesidad de encontrar parámetros objetivos que diferencien el rendimiento de cada empleado según su eficiencia laboral.
El esquema propuesto incluiría la posibilidad de extender la jornada laboral hasta doce horas diarias, aunque el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger negó que esto esté contemplado en el proyecto. También se prevé el fraccionamiento del período de vacaciones mediante acuerdos entre las partes, y la posibilidad de que las PyMEs abonen indemnizaciones por despido en hasta doce cuotas mensuales consecutivas.
Libertarios: «La reforma laboral no perjudica en nada a los trabajadores».
La reforma laboral: pic.twitter.com/bfx5G3SE9z
— Todo Negativo (@TodoNegativo) November 4, 2025
Otro punto clave es la flexibilización de convenios colectivos, con la implementación de sistemas de banco de horas y la prioridad de los convenios de empresa por sobre los de actividad. La propuesta también contempla la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, lo que implica que los acuerdos dejarán de regir automáticamente una vez vencidos, salvo nueva negociación.
El gobierno justifica la reforma como una herramienta para formalizar a cerca de ocho millones de trabajadores que actualmente se desempeñan en la economía informal. Sin embargo, los datos oficiales muestran que la informalidad laboral alcanzó al 43,2% en el segundo trimestre de 2025, lo que representa un aumento de 1,6 puntos con respecto al mismo período de 2024.
La reforma tributaria: el desafío del IVA dividido
La reforma tributaria que impulsa el ministro de Economía Luis Caputo apunta a simplificar el sistema impositivo argentino, reducir la presión fiscal y eliminar tributos considerados distorsivos. El proyecto incluiría modificaciones en tres impuestos centrales: IVA, Ganancias e Ingresos Brutos.
Me mandaron este video sobre la reforma laboral que estuvo circulando mucho… Aprovecho para aclarar algunos puntos importantes. pic.twitter.com/cAoUKGY2k9
— Mariano Recalde (@marianorecalde) November 3, 2025
El eje principal de la propuesta es la división del IVA entre Nación y provincias. Según explicó Caputo, el Estado nacional cobraría el 9% del actual 21%, mientras que cada provincia podría fijar su propia alícuota, generando un esquema de «competencia impositiva» entre jurisdicciones. El objetivo declarado es que las provincias puedan atraer inversiones mediante la reducción de su porcentaje del tributo.
Esta modificación implica la eventual eliminación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, actualmente bajo jurisdicción provincial y considerado por el propio ministro como «el peor impuesto». Sin embargo, especialistas advierten que este tributo representa hasta el 80% de los ingresos en varias jurisdicciones, lo que anticipa una negociación compleja con los gobernadores.
La reforma también contempla una baja del Impuesto a las Ganancias para personas físicas, mediante la elevación del Mínimo No Imponible y la actualización de deducciones personales como alquiler, servicio doméstico y créditos hipotecarios. Asimismo, se impulsa un Régimen Simplificado de Ganancias para pequeños contribuyentes y la llamada «Ley de Inocencia Fiscal», que permitiría blanquear dólares «del colchón» sin sanciones.
El presidente Javier Milei anticipó que la reforma reducirá significativamente la cantidad de impuestos nacionales y devolverá a las provincias autonomía tributaria. Sin embargo, tributaristas consultados señalan que solo 12 impuestos representan el 94% de la recaudación total, por lo que la eliminación de decenas de tributos menores tendría un impacto fiscal limitado.
El desafío político será mayúsculo. Si el «IVA dividido» altera la coparticipación federal, la reforma deberá aprobarse como una ley-convenio, lo que requiere el aval de las legislaturas provinciales. Además, especialistas advierten que este esquema podría beneficiar principalmente a provincias con mayor actividad económica como Buenos Aires, mientras que las jurisdicciones más pequeñas enfrentarían dificultades para autofinanciarse.
La respuesta peronista: un plexo normativo alternativo
Mientras el gobierno avanza con su agenda, el peronismo debate por estas horas una respuesta unificada para frenar las reformas oficialistas con un proyecto propio. Los diputados Hugo Yasky, Vanesa Siley, Sergio Palazzo y Mario «Paco» Manrique impulsan al interior del bloque peronista una discusión para contraponer un conjunto de iniciativas legislativas orientadas a expandir los derechos laborales.
Estos cuatro legisladores, reconocidos por sus pares como los diputados de origen sindical, ya presentaron decenas de proyectos de ley que atienden demandas gremiales. Palazzo aseguró que el bloque de Unión por la Patria presentó cerca de 300 proyectos en dos años parlamentarios.
Siley, secretaria General del Sitraju, afirmó esta semana que el peronismo tiene su propia propuesta de reforma: reducción de la jornada laboral, diez principios básicos para cuidar a los trabajadores de plataformas, suma fija para recomponer salarios y reactivar el consumo, ampliación de licencias parentales y derecho a la desconexión digital. Según la legisladora, sería una reforma modernizadora y progresiva, aunque advirtió que la normativa por sí sola no basta sin un modelo económico que proteja la producción nacional.
Desde Mar del Plata, donde la CTA y los movimientos sociales conmemoraban los 20 años desde la Cumbre contra el ALCA, Yasky calificó la reforma laboral de Milei como una propuesta obsoleta que repite fórmulas fracasadas. El dirigente explicó que cuentan con múltiples proyectos legislativos diseñados para expandir derechos laborales adaptados a las nuevas modalidades de trabajo.
Entre las iniciativas presentadas se encuentra un proyecto que busca regularizar la situación de quienes trabajan para plataformas digitales. La propuesta establece garantías como períodos de descanso, normas sobre desconexión laboral, y también facultades disciplinarias para las empresas. Incluye además criterios para determinar salarios, aguinaldos y protecciones relacionadas con la reputación en entornos digitales.
La disputa interna: registrados versus economía popular
Sin embargo, no todo es armonía en el campo opositor. Los movimientos sociales expresan su frustración con estas propuestas, argumentando que están diseñadas principalmente para beneficiar a los trabajadores formales, que representan aproximadamente seis millones de personas. Un referente de organizaciones sociales advirtió que la población económicamente activa supera los 27 millones, dejando a más de 20 millones sin protección efectiva.
La tensión dentro del peronismo tiene larga data: las organizaciones sociales critican que la CGT concentra sus esfuerzos en proteger a quienes tienen empleo registrado, mientras que los millones de trabajadores de la economía informal quedan desatendidos. Desde los movimientos cuestionan que los sectores sindicales tradicionales no comprenden adecuadamente las transformaciones del sistema económico contemporáneo.
La síntesis del espíritu de la reforma laboral sería esta:
– No modificar la situación de los ocupados informales (solo pierden la chance de conseguir algo mejor)
– Sacarle derechos (muchos) a los asalariados formales
– Debilitar la capacidad de acción sindical— Luis Campos (@luiscampos76) October 31, 2025
El debate sobre reducir la jornada laboral ya se había planteado en 2023, durante la gestión del Frente de Todos, sin lograr avances concretos. Ahora el peronismo retoma esta bandera como respuesta a las versiones que circulan sobre la propuesta oficialista de permitir jornadas extendidas de hasta 12 horas diarias.
Diciembre: el mes decisivo
Con un calendario apretado que incluye la aprobación del Presupuesto y el debate de tres reformas estructurales en apenas tres semanas, las sesiones extraordinarias de diciembre marcarán el inicio de la segunda etapa del gobierno de Milei. El éxito o fracaso de esta agenda legislativa definirá no solo el marco legal que regirá las relaciones laborales y el sistema tributario argentino, sino también el equilibrio de poder entre el gobierno y la oposición de cara al 2026.
Para el peronismo, el desafío será doble: articular una respuesta coherente que unifique a los sectores sindicales con los movimientos sociales, y lograr los votos necesarios para frenar o al menos moderar iniciativas que consideran regresivas. La tensión entre la CGT y las organizaciones de la economía popular seguirá siendo un obstáculo interno que la oposición deberá resolver si quiere presentar un frente unificado. Mientras tanto, el gobierno confía en que el nuevo equilibrio de fuerzas, sumado al respaldo del PRO y sectores dialoguistas, le permitirá aprobar su paquete de reformas y marcar así el rumbo definitivo de su gestión.
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