La Junta Electoral Nacional del Distrito Formosa y, posteriormente, la Cámara Nacional Electoral (CNE), con dictamen favorable del Fiscal Federal, ratificaron la validez de los votos emitidos en las nueve mesas de la EPEP N° 335 del Barrio Namqom. La decisión rechaza el recurso de nulidad presentado por La Libertad Avanza (LLA), un caso que puso en el centro del debate la solidez del sistema electoral y el respeto por la acción cívica de los ciudadanos.
El Juez Federal con competencia electoral, Dr. Pablo Morán, dialogó en el programa «Detrás de las Noticias» de Radio Digital Formosa y fue categórico al explicar los fundamentos jurídicos que respaldan esta decisión, subrayando que la ley protege el derecho de casi 3.000 personas que ejercieron su voto.
La Ley, guardiana de la voluntad popular
El Dr. Morán enfatizó que el sistema electoral argentino se rige por un marco jurídico estricto, no por decisiones arbitrarias. Al momento del escrutinio, la Junta Electoral Nacional, integrada por el Juez, El fiscal federal Luis Roberto Benítez, y el presidente del STJ, Guillermo Horacio Alucín, actuó «de acuerdo a derecho».
«No correspondía anular la voluntad de casi 3.000 personas», afirmó el Juez Morán, destacando la importancia de la transparencia y la calidad institucional en estos 42 años de democracia recuperada.
Argumentos clave del fallo judicial
- Actas firmadas sin observaciones: La prueba más contundente es que las actas de las nueve mesas fueron firmadas por los fiscales de La Libertad Avanza (LLA) y otras alianzas sin presentar «protesto ni observación alguna» en el momento del escrutinio de mesa.
- Irregularidades no acreditadas: Si bien LLA denunció un supuesto «sistema de captación y direccionamiento de votos» y la presencia de carpas, las pruebas (videos genéricos) presentadas fueron consideradas «marcadamente insuficientes» por la CNE.
- Necesidad de pruebas concretas: El Juez citó a la Cámara Nacional Electoral: «La alegación de anomalías debe fundarse en hechos debidamente acreditados, mesa por mesa». Una denuncia genérica o videos sin número de mesa ni comprobación de recurrencia no pueden justificar la anulación de comicios.
- Principio de preservación del voto: La ley busca «preservar la eficacia del voto libremente emitido» pues «no parece razonable invalidar el voto de quienes sufragan de buena fe» ante una deficiencia que no está «claramente probada» que haya alterado el resultado final.
Repudio a la violencia política y al prejuicio
El Dr. Morán aprovechó la instancia para repudiar la violencia política, ya sea física o verbal, que «pueda alterar la voluntad del pueblo, que el pueblo es el soberano».
Además, el Juez señaló el «peligro» de trazar una línea que sugiera un «voto calificado» al cuestionar la validez de los sufragios en un barrio de origen humilde como Namqom, en contraposición a los de una zona céntrica o de mayor instrucción. «¿Por qué vamos a decir que los del colegio… votan bien y los del colegio de un pueblo originario no saben votar y vamos a invalidarlos [votos]?… Todos, absolutamente todos los votos valen uno por sufragio universal».
Llamado a la capacitación de fiscales
Ante la falta de solidez en las denuncias, el Juez Morán extendió una invitación a todas las fuerzas políticas a mejorar la capacitación de sus fiscales y apoderados. «Necesitan capacitar a sus fiscales… si esto es una anomalía, ¿qué hago yo? Usted tiene que poner observaciones en el acta… o si no le quieren dejar poner observaciones, no firme el acta, porque con su firma usted está convalidando», explicó.
El Juez anunció que, para fomentar la transparencia, planea realizar capacitaciones específicas en escuelas como la EPEP N° 335 de Namqom, incluso con apoyo de traducción, para que todos los ciudadanos y representantes conozcan el protocolo exacto para denunciar y proteger el proceso electoral.
El mensaje final es claro, la democracia se fortalece con la participación y el apego estricto a la ley. El sistema electoral de Formosa, refrendado por la máxima autoridad judicial en la materia, demostró estar a la altura de las exigencias legales para proteger el voto de cada ciudadano.
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