La empresa ERSA Urbano S.A., encargada del transporte público en Resistencia, notificó a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) su decisión de reducir la planta de personal debido a la crítica situación económica que atraviesa el sector. La medida, presentada ante la Dirección de Trabajo bajo el expediente E3-2025-47669-AE, encendió las alarmas en el gremio y podría dejar a más de 50 choferes sin trabajo.
«Recibimos una nota el 28 de octubre donde la empresa comunica que, a partir del 3, realizarían una reducción de personal», explicó Raúl Abraham, secretario general de la UTA Chaco, en diálogo con Radio Libertad. Según precisó, la medida se enmarca en el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), que permite suspensiones con el pago del 50% del salario. «Eso no alcanza ni para la mitad del mes», cuestionó el dirigente.
Abraham detalló que, sobre una plantilla de unos 260 trabajadores, entre 50 y 55 podrían verse afectados. «No vamos a aceptar esto. No siempre la variable de ajuste tiene que ser el trabajador. Hoy el salario no alcanza y encima quieren recortar a la mitad. Es imposible sostener un hogar así», expresó con preocupación.
Desde el gremio adelantaron que la UTA se mantendrá firme y agotará todas las vías legales para impedir despidos o suspensiones. «Los compañeros están decididos a pelear hasta el final. Esto no solo golpea al trabajador, sino también a su familia. No vamos a permitir que sigan perdiendo derechos conseguidos con años de esfuerzo», enfatizó Abraham.

Un sistema al borde del colapso
El titular del sindicato recordó que la crisis del transporte se agravó desde la eliminación del Fondo Compensador, un subsidio nacional que se retiró en 2024. «A partir de ahí, todo fue cuesta abajo. La provincia cambió la modalidad de entrega de fondos y los aportes ya no se calculan por trabajador, sino por uso del servicio. Pero si la gente no puede pagar el pasaje, el sistema se derrumba», sostuvo.
El reciente aumento del boleto urbano —de $750 a $1.300— también impactó en la cantidad de pasajeros. «La gente no viaja porque no tiene trabajo o gana sueldos por debajo de la línea de pobreza. El sistema está castigando a todos: trabajadores y usuarios», agregó.

Reclamo de intervención oficial
Abraham cuestionó la falta de acción de las autoridades y reclamó una respuesta urgente. «Hasta ahora no hubo intervención ni del Ministerio de Trabajo de la Nación ni de la Dirección Provincial. Deberían actuar para equilibrar las partes y buscar una salida, porque el problema afecta a toda la comunidad», afirmó.
ERSA, por su parte, ya había advertido al Gobierno provincial que, si no se regularizan los subsidios adeudados, podría dejar de prestar el servicio en diciembre. «Ellos dicen que no pueden seguir operando si no reciben los fondos. Y como cualquier empresa, si no tiene rentabilidad, levanta todo y se va. Pero los que quedan en la calle son los trabajadores», lamentó el dirigente.
Con información de Libertad Digital
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