Tras su victoria en las elecciones legislativas del 26 de octubre, el presidente Javier Milei anunció que pondrá en marcha una nueva etapa de reformas estructurales. En el centro de su plan se encuentra la reforma laboral (bautizada ahora como «modernización»), una iniciativa que busca —según el propio mandatario— estimular la inversión privada y reducir la informalidad.
El proyecto retoma la propuesta presentada a fines de 2024 por la diputada libertaria Romina Diez, bajo el título Ley de Promoción de Inversiones y Empleo. Se trata de una versión ajustada de la reforma incluida originalmente en la Ley Bases, de la que se eliminaron más de 40 artículos durante las negociaciones parlamentarias.
El Gobierno plantea que los cambios “no implican pérdida de derechos”, aunque entre los puntos centrales figuran medidas que alteran la dinámica tradicional del trabajo en la Argentina.
Qué propone la reforma laboral que quiere Milei
El texto impulsado por Diez y respaldado por el Ejecutivo contempla:
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Paritarias por empresa y productividad, en lugar de convenios sectoriales.
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Fragmentación de vacaciones y aplicación de “bancos de horas” según la demanda productiva.
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Extensión de la jornada laboral de 8 a 12 horas.
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Pago de indemnizaciones y multas judiciales en cuotas.
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Salarios parcialmente en vales o tickets, opción heredada del DNU 70/23.
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Revisión de los convenios colectivos, con especial foco en los aportes obligatorios a sindicatos y en la ultraactividad, principio que mantiene vigentes los acuerdos vencidos.
Además, la reforma incluye incentivos fiscales para pymes y beneficios impositivos para nuevas contrataciones, con la meta de incorporar a ocho millones de trabajadores informales al circuito formal.
El papel de Julio Cordero y el “modelo Techint”
Uno de los principales arquitectos del rediseño laboral es Julio Cordero, actual secretario de Trabajo y exdirectivo del Grupo Techint. Con 35 años en el sector privado, Cordero participó en la redacción del DNU 70/23 y responde directamente a la ministra Sandra Pettovello.
Durante su exposición en el coloquio de IDEA, defendió el concepto de “negociaciones dinámicas”, una fórmula que vincula los aumentos salariales a la productividad, tal como se aplicó en la década de 1990 bajo la gestión de Domingo Cavallo.
Advertencia sindical: “Retroceso en derechos básicos”
La CGT y otros gremios manifestaron su rechazo a la iniciativa. “La pretendida reforma laboral que impulsa el Gobierno no es más que la ratificación del DNU 70/23, decisión inconsulta y rechazada judicialmente”, señaló Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA.
Para las centrales sindicales, el proyecto debilita la negociación colectiva, favorece la precarización y traslada el riesgo empresarial al trabajador. También alertan que la extensión de la jornada y la fragmentación de vacaciones implican una pérdida de calidad de vida.
Los riesgos detrás del discurso de la “modernización”
Si bien el Ejecutivo defiende la reforma como una herramienta para generar empleo formal, especialistas en derecho laboral advierten que podría reducir la estabilidad y las garantías de los trabajadores, especialmente en sectores vulnerables.
Entre los riesgos señalados se destacan:
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Mayor flexibilidad para despedir sin costos elevados.
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Aumento de la precarización laboral.
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Debilitamiento de la negociación sindical.
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Fragmentación del sistema de derechos adquiridos.
El modelo que promueve Javier Milei —basado en la “libertad de contratar”— reabre el debate sobre la relación entre productividad y justicia social, y recuerda a las reformas implementadas en los años 90, que incrementaron la desigualdad y la informalidad.
Un cambio de paradigma con impacto social
Para el presidente, la reforma laboral es un paso previo indispensable para la reforma tributaria, que contempla la reducción de 20 impuestos y la ampliación de la base imponible. Sin embargo, el costo social del proceso preocupa a sindicatos y especialistas, que temen una transferencia de poder hacia las empresas y una erosión del equilibrio entre capital y trabajo.
La discusión parlamentaria promete ser intensa. Mientras el oficialismo la presenta como una “actualización necesaria”, la oposición advierte que puede implicar la pérdida de derechos conquistados durante más de medio siglo.
Con información de Ámbito.
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