La suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno de Javier Milei generó una fuerte reacción en el sistema universitario nacional. En diálogo con NEA HOY, el vicerrector de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), José Basterra, explicó que la medida deja a las universidades “en el mismo lugar que antes de la promulgación de la ley”, con un panorama de desfinanciamiento, incertidumbre salarial y sin expectativas de mejora para 2026.
“La ley se promulgó, como era obligatorio por parte del Gobierno, pero una vez promulgada la suspendieron con algún tipo de artilugio un poco tramposo respecto a lo que significa la ley. Suspendieron la medida hasta tanto determinen de dónde van a sacar los fondos para aplicarla. Estamos exactamente en la misma situación en la que estábamos antes de la publicación de la ley: con un presupuesto prorrogado que, por otra parte, solicita que se presente el presupuesto 2026, que debería contemplar la ley de financiamiento», señaló el funcionario de la UNNE.
«Lo que se presentó en el presupuesto 2026 es lo mismo que en 2025, y ni siquiera tiene un valor de ajuste por inflación calculado por el Gobierno, del 10%. Así que ni siquiera eso está contemplado. Con esta situación, nos encontramos exactamente en el mismo lugar que estamos ahora», agregó Basterra.
Además, resaltó la falta de expectativas ante el manejo autoritario del Gobierno nacional: «No hay expectativas de mejora, al contrario: hay una incertidumbre en materia salarial, con un retraso de casi un 45% en los salarios docentes y no docentes, y con una gran desfinanciación en infraestructura y otras áreas”.
“Vamos a terminar el ciclo lectivo, pero sin expectativas”
A pesar de las dificultades, Basterra aseguró que la UNNE podrá finalizar el año académico y comenzar el Ciclo Lectivo 2026, aunque sin previsibilidad ni recursos asegurados. “Lo que decimos en la UNNE es que el ciclo lectivo lo vamos a terminar sin inconvenientes. Por todo lo que se está haciendo en materia de gasto, estamos realizando una reingeniería para poder culminar el ciclo lectivo».
Por otro lado, manifestó la complejidad del panorama económico que enfrentan las arcas universitarias: «Estamos trabajando todos para poder iniciar el próximo ciclo lectivo: tenemos las cuentas ordenadas para hacerlo, pero sin mayores expectativas, esperando la promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario, que hasta ahora está suspendida. Eso nos lleva a una incertidumbre total respecto al año que viene. Obviamente, impacta muchísimo en el tema salarial, porque seguimos en la misma situación, sin paritarias, y por lo tanto todo lo que se pueda llegar a dar es totalmente unilateral, como viene ocurriendo”.
Sin diálogo y sin política universitaria definida
El vicerrector también cuestionó la falta de respuestas del Gobierno nacional: “Todas las universidades están abiertas al diálogo. Solo hablamos las universidades, de parte del Gobierno nacional no tenemos una respuesta concreta. Ni siquiera tienen una política universitaria definida.
Más allá de la Ley de Financiamiento, lo más importante es el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2026. Dentro de esa ley, el impacto del financiamiento universitario representa solo el 0,10% del presupuesto, es decir, que no tiene un impacto tan grande”. Basterra agregó que desde el sistema universitario se sigue con atención la posición de los diputados electos: “Vamos a ver cómo votan hoy los diputados electos que alguna vez caminaron con los manifestantes universitarios. Hay expectativa por ver cómo reaccionan: si en favor de las universidades o en favor del Gobierno”.
Universidades que ya recurrieron a la Justicia
Mientras tanto, varias instituciones avanzaron con acciones judiciales contra el Gobierno nacional por no aplicar la ley. El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) instruyó al rector Ricardo Gelpi para que presente un reclamo judicial con el fin de que se cumpla la norma. El cuerpo consideró que “este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”.
Además, la UBA declaró la emergencia salarial y presupuestaria, y advirtió que la decisión de Javier Milei “vulnera derechos constitucionalmente establecidos, afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario ni a la recomposición salarial establecida en la ley”. Desde FEDUBA, el gremio de docentes universitarios, también se presentó una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por la no implementación de la norma.
En tanto, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, en representación de docentes y no docentes de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), presentó un proceso colectivo para que se declare la inconstitucionalidad de la suspensión de la ley.
Qué proponía la Ley de Financiamiento Universitario
La ley suspendida contemplaba una actualización de las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las universidades, hospitales universitarios, ciencia y tecnología, y extensión universitaria al 1° de enero de 2025, ajustadas según la inflación acumulada de 2023 y 2024. Además, preveía actualizaciones bimestrales por IPC del INDEC, y una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, también con ajuste mensual por inflación.
De acuerdo con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), “si bien el Poder Ejecutivo realizó recientemente un aumento del 29% a través del decreto 425/25, los recursos asignados en 2025 para el Programa de Desarrollo de la Educación Superior se ubican en su nivel más bajo en casi dos décadas”. La organización advirtió que, en términos reales, el presupuesto universitario de 2025 es un 9% inferior al del año pasado y acumula una caída del 32% desde 2023, lo que compromete el funcionamiento de las universidades y “limita su capacidad para garantizar el acceso a una educación superior gratuita y de calidad”.
“Vamos a recurrir a la Justicia”, anticipó el vicerrector de la UNNE
Finalmente, Basterra confirmó que desde el sistema universitario se avanzará con medidas legales. “Desde el sector universitario presentaremos medidas judiciales contra el Gobierno nacional de Javier Milei para que la Ley de Financiamiento Universitario tenga cumplimiento efectivo».
«En la autonomía propia de cada universidad se van a generar los reclamos judiciales para lograr la aplicación de la ley. Se están analizando los pasos a seguir para avanzar en los procesos judiciales. En nuestro caso, se pondrá a consideración del Consejo Superior de la UNNE a fin de delinear los pasos a seguir», cerró su entrevista con NEA HOY este martes.
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