La crisis tarifaria se consolida como uno de los efectos más duros del ajuste económico del Gobierno de Javier Milei. Según un estudio del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA–CONICET), la canasta de servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentó un 514% entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, mientras que la inflación general acumulada en ese mismo período fue del 171%.
En términos prácticos, un hogar de clase media que en noviembre de 2023 pagaba alrededor de $50.000 mensuales por servicios, hoy destina cerca de $300.000 para cubrir luz, gas, agua y transporte. La diferencia refleja con crudeza el impacto de la quita de subsidios y la ausencia de medidas compensatorias para los sectores medios y bajos.
Gas y transporte, los rubros más afectados
El relevamiento del IIEP muestra que no todos los servicios aumentaron al mismo ritmo, pero todos subieron por encima de los ingresos y la inflación.
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Gas natural: 913%
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Transporte: 852%
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Agua: 376%
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Energía eléctrica: 228%
El gas y el transporte público encabezan los aumentos, impulsados por la política de “tarifas reales sin subsidios” que el Gobierno libertario considera esencial para reducir el déficit fiscal. Sin embargo, los números demuestran que el costo social es altísimo: mientras los subsidios se reducen, la carga se traslada directamente a los usuarios.

Subsidios en caída y mayor peso sobre los hogares
El informe detalla que los subsidios acumulados en 2025 alcanzan los $6 billones en términos reales, lo que representa una caída respecto al año anterior. Las transferencias a CAMMESA (energía eléctrica) y ENARSA (gas) bajaron 18% y 21%, respectivamente.
En los últimos doce meses, los subsidios reales destinados a agua, energía y transporte se redujeron 46%, y en comparación con enero de 2024 la baja asciende al 64%. Si se toma el pico de junio de 2022, la caída llega al 75%.
Mientras tanto, el Estado cubre apenas la mitad del costo real de los servicios públicos en el AMBA, una proporción que se mantiene en torno al 50% desde mayo. La otra mitad recae de lleno en los hogares, que ven cómo la tarifa energética se lleva cada vez más del salario.
El salario alcanza para menos y los servicios pesan más
En octubre, la canasta de servicios públicos en el AMBA equivale al 10,7% del salario promedio registrado, estimado en $1.600.815. Con ese ingreso, se pueden pagar 9,4 canastas de servicios, una leve mejora respecto a las 8,5 de octubre de 2024, aunque en un contexto donde la inflación en alimentos y alquileres continúa erosionando el poder adquisitivo.
El transporte representa el 45% del gasto total en servicios, duplicando el peso de la electricidad, el gas o el agua. En otras palabras, moverse, calefaccionarse y acceder a servicios básicos se convirtió en un lujo para amplios sectores.
Ajuste, desigualdad y el costo social del modelo libertario
Mientras el Gobierno celebra la reducción del déficit fiscal, los datos del IIEP muestran que el ajuste tarifario golpea con fuerza a la clase media y a los sectores vulnerables, que ahora deben afrontar costos que el Estado dejó de subsidiar.
El discurso oficial insiste en que “los subsidios benefician a los ricos”, pero los hechos revelan otra realidad: son los hogares comunes los que cargan con facturas impagables y un salario que no acompaña.
Con tarifas que crecieron tres veces más que la inflación en menos de dos años, la política de “sinceramiento” dejó de ser un número en el Excel del déficit para transformarse en una crisis cotidiana en cada hogar argentino.
Con información de Perfil.
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