La crisis del sistema de atención a personas con discapacidad llegó este viernes a un punto de máxima tensión. Horas después de la multitudinaria movilización frente a la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el barrio porteño de Belgrano, la Justicia federal ordenó al organismo restituir en un plazo máximo de 24 horas todas las pensiones por discapacidad suspendidas en el país.
El fallo fue dictado por el Juzgado Federal N°2 de Catamarca, que resolvió extender la medida cautelar que regía en esa provincia a todo el territorio nacional, y obligó además a la ANDIS a abonar los haberes retenidos a las personas afectadas. La resolución también dispone que se suspendan las auditorías y nuevas bajas hasta que se dicte sentencia definitiva.
La decisión judicial representa un duro revés para el Gobierno nacional de Javier Milei, que hasta ahora había defendido el recorte de pensiones bajo el argumento de “auditorías por inconsistencias administrativas”. La sentencia, sin embargo, considera que esa práctica vulneró derechos fundamentales y garantías constitucionales.
Te destruye escuchar el testimonio de esta mujer con autismo en medio de la toma de la ANDIS. Te destruye y te da bronca. Los abandonan, les mienten, los humillan, les hacen la vida imposible. Pero les han quitado tanto que hasta el miedo les quitaron. Hoy dijeron basta. pic.twitter.com/zw57wIfcmT
— Editor✍ (@Editor_76) October 17, 2025
Una acción colectiva y un fallo con impacto nacional
El fallo surge de una acción de amparo colectivo presentada por el Defensor del Pueblo de Catamarca, junto a la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFaDiM), a la que luego se sumaron causas iniciadas en La Plata por la Asociación Azul, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el CELS y la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.
También intervinieron en el expediente organizaciones como la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes, la APDH y la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos, que reclamaron el restablecimiento de los beneficios y la suspensión inmediata de las bajas.
En su presentación, la ACIJ advirtió que la conducta estatal “violó el debido proceso, el derecho a la protección social, la salud y la vida independiente”, al crear nuevas obligaciones para los beneficiarios sin una comunicación adecuada ni plazo razonable para cumplirlas.
Según la organización, más de 100.000 pensiones fueron suspendidas en los últimos meses, generando un “grave avasallamiento de derechos fundamentales y profundizando la vulnerabilidad de las personas con discapacidad”.
Otra vez no quisieron recibir a las personas con discapacidad y sus familias. La gente se hartó, rompió el portón y entró a la ANDIS, junto con trabajadores y profesionales que no cobran. Gobierno de coimeros, se roban la plata y dejan a la gente en banda. Están jugando con fuego pic.twitter.com/cuAS8jL4JR
— Todo Negativo (@TodoNegativo) October 17, 2025
Tensión y reclamos en la sede de ANDIS
El fallo judicial se conoció pocas horas después de que familias, trabajadores y prestadores ingresaran por la fuerza a la sede central de ANDIS, en medio de una movilización que se tornó tensa tras la cancelación de una reunión oficial con el interventor del organismo, Alejandro Vilches.
“Esta reunión era para exigirle al directorio que se junte y trate el aumento del nomenclador. Ayer dijeron que lo harían, pero a las pocas horas lo suspendieron sin explicaciones”, denunció la actriz Valentina Bassi, quien acompañó la protesta junto a familiares y organizaciones. “No aceptar el petitorio es un acto de maltrato. Estamos cansados, por eso entramos”, añadió.
La jornada estuvo marcada por momentos de forcejeos con la Policía de la Ciudad y por la ausencia total de funcionarios dispuestos a dialogar. El malestar crece entre los sectores que reclaman la reglamentación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso pero aún sin aplicación efectiva.
Con información de El Destape y Ámbito.
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