El Gobierno nacional avanzó en su política de privatización del sector energético al aprobar modificaciones en el pliego de condiciones para la venta de los complejos hidroeléctricos patagónicos. La decisión, oficializada a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, fue impulsada por el Ministerio de Economía y representa un nuevo paso en el programa de reformas estructurales que impulsa el presidente Javier Milei.
Según el texto, los cambios introducidos apuntan a actualizar los requisitos técnicos, financieros y ambientales que deberán cumplir las empresas interesadas en participar del proceso licitatorio. Desde el Ejecutivo argumentan que el objetivo es “garantizar la eficiencia operativa y la sostenibilidad” de los emprendimientos, que actualmente permanecen bajo control estatal tras el vencimiento de las concesiones originales.
Los complejos incluidos en esta etapa son Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón y Arroyito, ubicados en las provincias de Neuquén y Río Negro. Estas represas son estratégicas para el abastecimiento energético nacional, ya que forman parte del sistema interconectado que provee electricidad a gran parte del país.
Sin embargo, la medida reavivó el debate sobre la soberanía energética y la participación estatal en sectores clave. Desde la oposición y sindicatos se advierte que la decisión “implica un retroceso en el control nacional sobre los recursos naturales” y podría derivar en aumentos tarifarios, pérdida de empleos y menor capacidad de planificación energética.
En contrapartida, el Gobierno sostiene que la apertura al capital privado permitirá modernizar las instalaciones, incrementar la eficiencia del sistema y reducir el gasto público. El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al secretario de Finanzas, Pablo Quirno, encabezan el equipo que definirá los términos finales del concurso y la adjudicación.
El proceso de privatización de las represas del Comahue se perfila como uno de los capítulos más sensibles de la agenda económica de 2025, en un contexto marcado por la contracción del gasto estatal y la búsqueda de inversiones privadas en infraestructura energética. Mientras el Gobierno insiste en que se trata de una decisión “racional y necesaria” para sanear las cuentas públicas, las provincias patagónicas y distintos sectores políticos advierten que la decisión podría afectar el control sobre un recurso estratégico y esencial para el desarrollo nacional.
Con información de MDZ.
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