“Soy el topo que destruye el Estado desde adentro” le dijo Javier Milei a un medio de noticias estadounidense. Un año más tarde, la presencia del Estado se mide cada vez menos en políticas y cada vez más en ausencias. Hoy los clubes de barrio, merenderos o centros comunitarios fueron desfinanciados o directamente eliminados y es cuando aparecen esos huecos que justamente crecen las redes de narcotráfico. Pero estas no solo trafican drogas: prometen dinero, poder y una ilusión de pertenencia que el Estado dejó de ofrecer.
Números que preocupan
Según un estudio conjunto del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) y Fundar, “el 34% de los jóvenes de Argentina viven en el AMBA y se estima que el 40% del Conurbano Bonaerense lo hace en barrios populares o zonas vulnerables”. Es ahí donde más se nota la retirada del Estado: “la inversión en el ex Potenciar Trabajo se redujo en un 59,8% en términos reales entre 2023 y 2024, mientras que en el caso del PROGRESAR la caída fue del 63,3%”.
Los investigadores del CIAS, donde trabaja el sociólogo Daniel Hernández, advierten que esa combinación de recortes y abandono “deja cancha libre para que la única forma de organización que está creciendo sea la red de narcos”.
“Hay pocos centros comunitarios y pocos clubes. No solo ahora, hace mucho. Pero ahora hay mucho menos. Eso es lo que hace que el otro espacio organizado que hay, y muy organizado, que es el narcotráfico, empiece a ocupar esos lugares, incluso hasta financiando. Si no te llega la leche para tus hijos, viene un ‘soldadito’ y te dice: ‘yo te pongo la plata’”, explicó Hernández.
El único mercado que crece es el narcotráfico
En los barrios populares, los comedores y merenderos fueron históricamente la primera red de contención frente a la pobreza. Su caída libre desde diciembre de 2023, cuando comenzó el ajuste del Gobierno de Javier Milei, tuvo consecuencias inmediatas: hambre, deserción escolar y violencia.
“En nuestro barrio había diez comedores y hoy estamos nosotros solos. Ante eso, naturalmente golpea la vida de un barrio y crece más la violencia, las armas y la droga, que es caldo de cultivo para eso. Cuando el Estado le suelta la mano o se va corriendo de la vida de un barrio, no es que aparece el mercado a solucionar los problemas. El mercado que crece es el narcotráfico, no otro”, advirtió el padre Nicolás Angelotti, cura villero que trabaja en el conurbano bonaerense. Antes la situación se sostenía con cooperativas y redes sociales con apoyo estatal como los comedores o los clubes, pero hoy en día se depende de las donaciones, rifas o directamente del dinero que proviene de los mismos narcos.
Un “Estado paralelo” en los barrios
Quien habló del concepto de “Estado paralelo” fue la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), que en junio publicó un documento titulado “Si el Estado se corre, entra el narcotráfico”. En la misma, varios obispos, entre los que figuran Marcelo Colombo, Ángel Rossi y Raúl Pizarro, alertaron que “el narcotráfico ocupa el lugar vacío y se convierte en una suerte de Estado paralelo, donde los narcos ofrecen a los jóvenes una vida corta pero aparentemente mejor, a cambio de su dignidad, su libertad y, muchas veces, su vida”.
Pero el texto va más allá del diagnóstico y apunta directo al Gobierno de Javier Milei: “No se puede seguir esperando que quienes acompañan a los jóvenes más rotos lo hagan sin recursos. La entrega gratuita de tantos voluntarios es muy valiosa, pero debe ser complementada con equipos que puedan dedicarse a tiempo completo, y eso requiere financiamiento. Desfinanciar estas obras, demorar la ayuda o relegarlas a la buena voluntad de voluntarios agotados, es una forma indirecta de condenar a muchos a la muerte”, advirtieron.
Los jóvenes y la droga
El informe La narrativa rota del ascenso social, elaborado por el CIAS y Fundar ayuda a confirmar todas estas percepciones con datos: “El 51% de los jóvenes encuestados afirmó que la mayoría de sus amigos consumen drogas, y un 43% dijo tener conocidos del barrio que las venden”. El estudio también advierte que: “todos los jóvenes coinciden en que el consumo suele comenzar alrededor de los 13 o 14 años, pero también en que cada vez se inicia a edades más tempranas, con tan sólo 9 o 10 años”.
Según el relevamiento, “la mitad de los jóvenes entrevistados (23) consumen o consumieron drogas y consideran que tres razones los llevaron a la “vida en la esquina”: olvidar las dificultades, obtener ingresos o lograr reconocimiento. Los que vivieron desde muy chicos en situación de calle advierten que vivir en condiciones tan duras lleva casi inexorablemente al consumo”.
Comedores cerrados, obras paralizadas
Una de las expresiones más visibles de la retirada del Estado en la era Milei fue el escándalo por los alimentos retenidos por el Ministerio de Capital Humano, que salieron a la luz en medio de una pobreza del 55,5% durante el primer trimestre de 2024. En abril, la Justicia determinó que el Ministerio a cargo de Sandra Pettovello había incumplido su obligación de garantizar el derecho a la alimentación y le ordenó implementar medidas urgentes para repartir los alimentos a través de las organizaciones sociales.
Sin embargo la Ministra apeló y se tuvieron que recurrir a nuevas medidas judiciales para garantizar la entrega de alimentos. Durante meses, el gobierno sostuvo que el 50% de los comedores populares eran «fantasmas», y que se trataba de una red clientelar del kirchnerismo. Lo novedoso de todo esto es que hoy en día el ministerio reconoce que las auditorías no se realizaron.
Otra política que la gestión libertaria paralizó apenas asumió fue el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que durante años financió obras de infraestructura básica como agua potable, cloacas, electricidad y viviendas en barrios populares. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció el desmantelamiento ante la Justicia, que falló a favor de las organizaciones y exigió al Ejecutivo presentar un plan de reactivación de obras.
El Gobierno Nacional incumplió los plazos en 2 oportunidades, y en mayo la Justicia multó al subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, por desobediencia. La resolución judicial reafirmó que la integración socio-urbana no es una concesión sino un derecho, establecido por la Ley 27.453. Pero hoy en día, los barrios siguen esperando.
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