El reclamo de la aplicación plena de la ley de Emergencia en Discapacidad vuelve a ocupar las calles. Este miércoles 1º de octubre, a las 20, la plaza 25 de Mayo de esta ciudad volverá a ser escenario de una movilización que se replicará en simultáneo en distintas provincias del país.
La convocatoria busca visibilizar la urgencia de implementar de manera efectiva una normativa que, si bien fue sancionada y ratificada por el Congreso nacional, permanece trabada en el Poder Ejecutivo. Incluso después de que el veto presidencial fuera rechazado, el Gobierno nacional continúa sin aplicar la ley, generando un vacío que impacta directamente en miles de familias y prestadores de servicios vinculados a la discapacidad.
«Convocamos a toda la sociedad correntina a que sea empática, solidaria y nos acompañe en esta lucha», expresó, en diálogo con una radio correntina, Débora Delgado, madre de una niña con discapacidad. «El tiempo es fundamental en el área de la discapacidad. No somos un colectivo invisible. Vamos a luchar para que los derechos no se vulneren y que las prestaciones no pasen a ser un privilegio».
Prestaciones en riesgo
Las familias denunciaron que las demoras en la ejecución de la ley se traducen en falta de cobertura, pagos atrasados a prestadores, y trabas burocráticas que ponen en riesgo la continuidad de terapias, tratamientos y apoyos fundamentales para las personas con discapacidad.
Uno de los puntos clave del reclamo es la actualización del nomenclador, que permitiría adecuar los aranceles que perciben los profesionales y centros especializados. Sin esa medida la precariedad se multiplica: los prestadores muchas veces no pueden sostener sus servicios y las familias deben recurrir a recursos de amparo judiciales para acceder a derechos ya reconocidos por la normativa.
Delgado destacó también la importancia de sumar al personal prestador al reclamo: «Nosotros, como familias, luchamos por todas las personas con discapacidad y también por ustedes, que son fundamentales para la salud de nuestros hijos».
Una lucha compartida
La movilización se realizará en un contexto en el que distintos sectores vinculados a la discapacidad han decidido unificar sus reclamos. Centros de día, centros terapéuticos, asociaciones civiles, profesionales de la salud, docentes especializados y cooperativas vienen denunciando desde hace meses el desfinanciamiento del sistema y la falta de respuestas concretas del Gobierno nacional.
La situación también alcanza a las provincias, donde se multiplican los pedidos de que las obras sociales locales adhieran a la ley y garanticen su cumplimiento. En Corrientes las familias insistieron con que el Instituto de la Obra Social de Corrientes (Ioscor) aplique la normativa para evitar que cada prestación termine en una larga batalla judicial. «Si se cumple con la normativa vigente, muchas familias podrían evitar recurrir a la vía judicial para acceder a derechos que ya están reconocidos», remarcó Delgado.
Reclamo federal
La movilización del 1º de octubre no se limita a Corrientes. Habrá acciones en plazas y espacios públicos de todo el país, en ciudades como Resistencia, Formosa, Posadas, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires, entre otras. El carácter federal del reclamo busca enviar un mensaje contundente: la discapacidad no puede esperar más.
La Defensoría del Pueblo de Formosa fue una de las instituciones que también alzó la voz. Su titular, José Leonardo Gialluca, reclamó al Ejecutivo nacional la asignación urgente de partidas presupuestarias para la aplicación de la ley. «El Gobierno nacional debe rápidamente normalizar y transparentar todo lo relativo a pensiones a favor de personas con discapacidad, como así también el tema auditorías», señaló.
En ese sentido, apuntó directamente contra el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos: «Tienen que hacer lo que establece la Constitución nacional y ponerse a atender las diversas cuestiones de discapacidad».
El tiempo corre
La falta de aplicación de la ley se traduce en consecuencias concretas: terapias interrumpidas, profesionales que dejan de atender por falta de pago, familias que acumulan deudas o deben suspender tratamientos, pensiones que no se actualizan y proyectos de vida que se ven postergados.
Para las familias y organizaciones la demora constituye un incumplimiento grave de las obligaciones estatales. «La discapacidad no puede ser invisible ni quedar relegada en la agenda pública. Necesitamos respuestas inmediatas y voluntad política para que esta ley deje de ser letra muerta», concluyó Delgado.
Fuente: Diario Norte
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