La decisión del bloque de Unión por la Patria (UP) marcó un quiebre en la relación entre oficialismo y oposición. En Diputados y en el Senado, los legisladores opositores ingresaron proyectos para remover a Guillermo Francos, jefe de Gabinete de Javier Milei, por haber “suspendido” la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El planteo es directo: Guillermo Francos habría incurrido en incumplimiento de deberes de funcionario público, atentado contra la división de poderes y desconocimiento del Congreso como órgano soberano.
El decreto bajo fuego opositor
La polémica se originó en el decreto 681/25, con el que el Ejecutivo promulgó la ley pero dejó en suspenso su ejecución, exigiendo al Congreso que indique de dónde saldrán los fondos. Para UP, esto implica un acto inconstitucional, ya que el Ejecutivo no tiene facultades para suspender una norma vigente.
En los fundamentos de los proyectos, los legisladores señalaron que el decreto “vulnera los derechos de las personas con discapacidad y viola el procedimiento de sanción de las leyes”. Además, remarcaron que la potestad de veto ya había sido utilizada, por lo que el paso dado por Francos sería una “omisión grave” incompatible con su cargo.
Entre tanto acting y circo geopolítico, aparece algo serio: el bloque Unión por la Patria presenta un proyecto que marca la cancha y recuerda que los acuerdos con el Tesoro de EE.UU. no se firman en la Casa Rosada. La Constitución no se negocia en Wall Street ni en el Tesoro: se… pic.twitter.com/37MGZCNzuv
— Marcelo Puella (@puellaok) September 23, 2025
Congreso vs. Casa Rosada: el choque institucional
La oposición decidió avanzar con todo: los textos piden que el pleno de cada cámara resuelva la remoción de Francos en la misma sesión en que sea interpelado. De prosperar, el jefe de Gabinete quedaría fuera del Gobierno por decisión directa del Poder Legislativo.
UP sostiene que no se trata solo de un conflicto legal, sino de un ataque a la institucionalidad democrática. En palabras de los propios legisladores: “Ante la irresponsabilidad flagrante del Poder Ejecutivo, el Congreso no puede permanecer impasible”.
Guillermo Francos desafía al Congreso
Lejos de retroceder, Guillermo Francos respondió que está “dispuesto a ir al Congreso” si es convocado y defendió la decisión del Ejecutivo. Sin embargo, su posición se vuelve cada vez más frágil en medio de la presión política y la crisis social que generó la suspensión de una norma clave para miles de familias con personas con discapacidad.
El pedido de remoción de un jefe de Gabinete es un hecho inusual en la política argentina y abre un capítulo de máxima tensión entre el Gobierno de Milei y la oposición. La pulseada promete ser dura: de un lado, un Ejecutivo decidido a avanzar con decretos; del otro, un Congreso que busca marcar límites claros ante lo que considera un avasallamiento del sistema republicano.
Con información de Parlamentario.
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