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Privatización del sistema nuclear argentino: el riesgo de perder soberanía y los proyectos que buscan frenar la venta

La decisión del Ejecutivo de vender el 44% de NA-SA, operadora de Atucha I, Atucha II y Embalse, abrió un fuerte debate sobre la soberanía energética y el futuro del plan nuclear argentino. Mientras el oficialismo defiende la incorporación de capital privado, desde el peronismo y otros espacios opositores avanzan con proyectos en ambas cámaras para impedir la privatización y blindar un sector considerado estratégico para el país.
El Gobierno avanza con la venta del 44% de NASA, abriendo la puerta al capital privado en el sector nuclear.
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El Gobierno confirmó esta semana que avanzará con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa estatal que gestiona las tres centrales nucleares del país: Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida, amparada en la Ley Bases aprobada en 2024, se concretará mediante la venta del 44% de las acciones en bloque a través de una licitación nacional e internacional.

El Estado conservará un 51% de participación y un 5% se destinará a un programa de propiedad participada para trabajadores. Sin embargo, críticos advierten que, aunque se mantenga la mayoría formal, la medida abre la puerta al ingreso de capitales extranjeros en un sector considerado estratégico.

La decisión resulta polémica para el sistema nuclear nacional por varias razones: NA-SA genera alrededor del 7% de la electricidad consumida en Argentina, posee una potencia instalada de 1.763 MW y, lejos de ser deficitaria, es una de las pocas empresas públicas con superávit. Solo en el primer semestre de 2025 registró un resultado operativo positivo de más de $103.000 millones y proyecta cerrar el año con ganancias superiores a los $23.000 millones.

Los riesgos de la privatización de Nucleoeléctrica Argentina: soberanía y tecnología en disputa

Los especialistas alertan que el avance privatizador amenaza con debilitar la soberanía energética del país y desfinanciar proyectos clave. Entre ellos, se destaca el CAREM-25, el primer reactor modular de potencia diseñado y construido íntegramente en Argentina, que hoy está avanzado en un 65%. Su finalización permitiría al país competir en el mercado global de pequeños reactores, un sector estratégico en la transición energética.

Adriana Serquis, ex titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), advirtió que “lo que está en riesgo es el primer desarrollo real de un reactor de potencia argentino”, con un costo estimado de 750 millones de dólares y contratos con más de mil pymes nacionales. “Desfinanciar y desmoralizar a los equipos de trabajo hace que sea muy difícil de reconstruir”, señaló.

Además, especialistas como Gabriel Barceló, ex presidente de NA-SA, alertan sobre el riesgo de dumping internacional. Si el control pasara a manos privadas o extranjeras, podría abandonarse la producción local de combustible nuclear, dejando expuesta a la industria nacional frente a importaciones a bajo costo que destruirían décadas de capacidad tecnológica argentina.

El proyecto de José Mayans: blindar el sistema nuclear como bien público

Frente al avance del decreto presidencial, el senador formoseño José Mayans (Unión por la Patria) anunció que su espacio trabaja en un proyecto de ley para declarar al sistema nuclear argentino como “bien público estratégico y no enajenable”. Su objetivo es impedir que las centrales nucleares y sus desarrollos asociados queden en manos privadas o extranjeras.

Mayans advirtió que la privatización “es gravísima” porque compromete la seguridad nacional y pone en riesgo un activo único como el CAREM-25: “Ni la Coca-Cola te vende su fórmula. Ni por mil millones de dólares se puede vender esto”, sostuvo.

En la misma línea, diversos sectores políticos, científicos y técnicos remarcan que entregar el control de NA-SA equivale a perder no solo una empresa rentable, sino un activo geopolítico que posiciona a Argentina como uno de los pocos países con conocimiento nuclear de potencia.

Freno a la privatización del sistema nuclear nacional: el proyecto presentado en Diputados

En la Cámara de Diputados, la legisladora Gabriela Estévez (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ley que busca derogar el artículo 8 de la Ley Bases, que habilita la venta parcial de la compañía. La iniciativa fue acompañada por su comprovinciano Pablo Carro y la santafesina Florencia Carignano, además de otros diputados del bloque peronista.

El texto de Estévez establece la restitución del control estatal pleno sobre NA-SA, que administra las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, y la anulación de cualquier acto administrativo derivado de dicho artículo. Los fundamentos destacan que:

  • La privatización pone en riesgo la soberanía energética y la seguridad nacional.

  • Experiencias previas, como la de ENACE en los años 90, facilitaron el desmantelamiento del sector.

  • La Central de Embalse produce Cobalto-60, un insumo clave para la medicina y la industria, lo que representa un activo estratégico que podría dilapidarse con la entrada de privados.

  • El capital humano y científico formado durante décadas en el ámbito estatal podría dispersarse, generando un vaciamiento tecnológico.

Estévez también remarcó que la lógica de rentabilidad privada es incompatible con una industria que requiere planificación a largo plazo, inversión sostenida y control soberano, recordando los antecedentes de accidentes y sobrecostos en proyectos atómicos privatizados en otras partes del mundo.

La discusión recién comienza en el Congreso de la Nación, pero las consecuencias trascienden la coyuntura: de lo que se decida dependerá si la energía nuclear seguirá siendo un patrimonio soberano de los argentinos o quedará subordinada a intereses privados y extranjeros.

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