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Martes 23 de septiembre de 2025
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Privatización del sistema nuclear argentino: el riesgo de perder soberanía y el proyecto de Mayans para frenarla

El Gobierno de Javier Milei avanza con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa que opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, a pesar de que genera superávit y es clave para la soberanía energética. En el Congreso, el senador formoseño José Mayans impulsa un proyecto para declarar el sistema nuclear como bien público no enajenable.

El Gobierno de Javier Milei avanza con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa que opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, a pesar de que genera superávit y es clave para la soberanía energética. En el Congreso, el senador formoseño José Mayans impulsa un proyecto para declarar el sistema nuclear como bien público no enajenable.

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El Gobierno confirmó esta semana que avanzará con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A., la empresa estatal que gestiona las tres centrales nucleares del país: Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida, amparada en la Ley Bases aprobada en 2024, se concretará mediante la venta del 44% de las acciones en bloque a través de una licitación nacional e internacional.

El Estado conservará un 51% de participación y un 5% se destinará a un programa de propiedad participada para trabajadores. Sin embargo, críticos advierten que, aunque se mantenga la mayoría formal, la medida abre la puerta al ingreso de capitales extranjeros en un sector considerado estratégico.

La decisión resulta polémica para el sistema nuclear nacional por varias razones: NASA genera alrededor del 7% de la electricidad consumida en Argentina, posee una potencia instalada de 1.763 MW y, lejos de ser deficitaria, es una de las pocas empresas públicas con superávit. Solo en el primer semestre de 2025 registró un resultado operativo positivo de más de $103.000 millones y proyecta cerrar el año con ganancias superiores a los $23.000 millones.

Los riesgos de la privatización de Nucleoeléctrica Argentina: soberanía y tecnología en disputa

Los especialistas alertan que el avance privatizador amenaza con debilitar la soberanía energética del país y desfinanciar proyectos clave. Entre ellos, se destaca el CAREM-25, el primer reactor modular de potencia diseñado y construido íntegramente en Argentina, que hoy está avanzado en un 65%. Su finalización permitiría al país competir en el mercado global de pequeños reactores, un sector estratégico en la transición energética.

Adriana Serquis, ex titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), advirtió que “lo que está en riesgo es el primer desarrollo real de un reactor de potencia argentino”, con un costo estimado de 750 millones de dólares y contratos con más de mil pymes nacionales. “Desfinanciar y desmoralizar a los equipos de trabajo hace que sea muy difícil de reconstruir”, señaló.

Además, especialistas como Gabriel Barceló, ex presidente de Nucleoeléctrica Argentina, alertan sobre el riesgo de dumping internacional. Si el control pasara a manos privadas o extranjeras, podría abandonarse la producción local de combustible nuclear, dejando expuesta a la industria nacional frente a importaciones a bajo costo que destruirían décadas de capacidad tecnológica argentina.

El proyecto de José Mayans: blindar el sistema nuclear como bien público

Frente al avance del decreto presidencial, el senador formoseño José Mayans (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ley para declarar al sistema nuclear argentino como “bien público estratégico y no enajenable”. Su objetivo es impedir que las centrales nucleares y sus desarrollos asociados queden en manos privadas o extranjeras.

Mayans advirtió que la privatización “es gravísima” porque compromete la seguridad nacional y pone en riesgo un activo único como el CAREM-25: “Ni la Coca-Cola te vende su fórmula. Ni por mil millones de dólares se puede vender esto”, sostuvo.

En la misma línea, diversos sectores políticos, científicos y técnicos remarcan que entregar el control de NASA equivale a perder no solo una empresa rentable, sino un activo geopolítico que posiciona a Argentina como uno de los pocos países con conocimiento nuclear de potencia.

La discusión recién comienza en el Congreso de la Nación, pero las consecuencias trascienden la coyuntura: de lo que se decida dependerá si la energía nuclear seguirá siendo un patrimonio soberano de los argentinos o quedará subordinada a intereses privados y extranjeros.

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