Las transferencias automáticas (TA), que incluyen la coparticipación federal de impuestos y leyes especiales, cayeron 14,5 % interanual en términos reales durante los primeros 10 días hábiles de septiembre. Para encontrar un nivel tan bajo hay que retroceder a septiembre de 2020, en plena pandemia.
En paralelo, las transferencias no automáticas (TNA) se desplomaron 15,5 % interanual frente a 2024, que ya había sido uno de los peores años. La eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente y de otros programas reforzó este recorte, dejando en evidencia que el perjuicio no fue para las gestiones provinciales sino que golpearon directamente en los sectores asalariados.
Recaudación en mínimos históricos durante la gestión Milei
El impuesto a los Ingresos Brutos que se distribuye mediante el Convenio Multilateral entre las provincias cuando los contribuyentes están en más de una jurisdicción registra el peor dato diario desde que hay mediciones (junio 2024). Esta caída evidencia el freno de la actividad económica interprovincial.
La contracción se explica por la combinación de menor consumo, baja de la inversión y recortes impositivos que redujeron la base coparticipable, pese a que se aplican impuestos, como la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias o a los combustibles.
Consecuencias para el federalismo y tensión con los gobernadores
Con menos ingresos, las provincias enfrentan un ahogo financiero que pone en riesgo salud, educación y seguridad. La Nación, en cambio, concentra mayor recaudación y gana poder de negociación frente a los gobernadores.
Especialistas advierten que este “modelo Milei” mejora el superávit nacional en el corto plazo, pero erosiona la gobernabilidad federal y la provisión de servicios básicos. La tensión entre la Casa Rosada y las jurisdicciones subnacionales podría escalar si no se acuerda un esquema de financiamiento más equilibrado.
Un desafío de largo plazo para las provincias
Septiembre confirma la tendencia: menos plata para las provincias y más discrecionalidad en la Nación. Sin reactivación económica y un recorte de la coparticipación que compense los desequilibrios, el riesgo de conflictos sociales y judiciales seguirá en aumento.
La sostenibilidad del ajuste dependerá de que el Gobierno nacional logre reactivar la economía y reabrir el diálogo fiscal con las provincias, evitando que el federalismo argentino se debilite aún más.
Con información de CEFIP y datos de NEA HOY.
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