En el marco de una política nacional marcada por el ajuste, la suba de tarifas, un escándalo de presuntas coimas que vinculan al Ejecutivo nacional y la recesión económica, surge un caso que rompe con la lógica dominante: Formosa mantiene superávit real desde hace más de dos décadas, con un Estado en pleno funcionamiento, aun cuando la Nación le debe miles de millones de pesos y recortó drásticamente fondos que le corresponden por ley.
El rector de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) y convencional constituyente del Partido Justicialista, Adrián Muracciole, lo expresó en varias oportunidades: «Formosa tiene años de superávit real». Pero lo que en cualquier otra provincia sería un logro celebrado, aquí aparece atravesado por una tensión central: la discriminación financiera ejercida por el Gobierno nacional hacia los distritos que no se alinean políticamente con su proyecto.
Un superávit genuino frente a las políticas nacionales
Según datos oficiales de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales y del INDEC, durante el primer trimestre del año Formosa registró un superávit financiero del 6,9%, con ingresos totales por $550.594 millones y un crecimiento real interanual del 18,2%. Se trata de cifras que muestran un equilibrio sólido, a pesar de la caída en la coparticipación federal y del ahogo financiero ejercido desde Nación.
Muracciole fue tajante: este resultado no es casual, sino fruto de una política sostenida. «Desde 2010, por decisión del gobernador Gildo Insfrán, Formosa se desendeudó y hoy no depende ni de los vaivenes del dólar ni de las tasas de interés. Esa autonomía le permite sostener un orden fiscal que, en contraste con el superávit “dibujado” que exhibe Nación, tiene bases concretas».
Uno de los puntos más críticos de la situación nacional actual es la quita sistemática de recursos. Desde la asunción de Javier Milei, Formosa perdió más de $240.000 millones en concepto de coparticipación, a lo que se suma la deuda de Nación con la Caja de Previsión Social provincial, que ya supera los $210.000 millones.
En palabras de Muracciole: «Lejos de tener un alza en los ingresos fiscales que por ley le corresponden a Formosa, la verdad es que, en un año y medio, el Gobierno nacional le quitó a Formosa más de $450.000 millones». Esa cifra equivale a más de $740.000 por cada formoseño, en coparticipación y deuda previsional.
Se trata de fondos que deberían garantizar derechos y potenciar el desarrollo provincial, pero que permanecen retenidos en una administración centralista que define discrecionalmente quién recibe y quién espera.
El contraste con Córdoba y el federalismo desigual
La comparación con Córdoba, por citar un ejemplo, es elocuente. Mientras a esa provincia la Corte Suprema le dio la razón de manera expedita en su reclamo por la Caja de Jubilaciones, el expediente de Formosa sigue esperando resolución. «Nuestro caso está cajoneado, y mientras tanto la deuda ya supera los $210.000 millones, sin contar las actualizaciones que la llevarían a un monto aún mayor», denunció Muracciole hace algunas semanas.
Esto no solo refleja un trato desigual, sino que evidencia un federalismo asimétrico, donde las provincias no tienen las mismas garantías de acceso a la justicia (Formosa realizó varios reclamos que aun no tienen respuesta) ni a los recursos que por derecho les corresponden.
La respuesta de la provincia ante la crisis nacional
Lo notorio es que, pese a este escenario hostil, el Estado provincial sigue cumpliendo con todos sus compromisos. Los salarios se pagan en tiempo y forma (a diferencia de Chaco por ejemplo que ha presentado dificultades para abonar salarios), con un aumento del 45% en 2025 que más que duplicó la inflación acumulada, mientras que los jubilados perciben el 82% móvil, un derecho que en otras provincias se encuentra desfinanciado. Los comedores escolares permanecen abiertos durante todo el año, incluso en vacaciones, al mismo tiempo que 26 mil familias aborígenes reciben mensualmente su módulo alimentario y más de 18 mil familias formoseñas acceden al Plan Nutrir.
La obra pública tampoco se detuvo: en lo que va del año ya se inauguraron más de 70 obras en distintos puntos de la provincia y se prevén más inauguraciones la semana entrante según detallo Mario Brignole, Intendente de El Colorado, tras una reunión con Gildo Insfrán. En el ámbito educativo, Formosa cubre con recursos propios lo que la Nación eliminó, como el FONID, la garantía salarial, la conectividad y los complementos por antigüedad docente. Todo esto ocurre mientras el Gobierno nacional se jacta de un superávit basado en recortes y en la paralización de transferencias.
La crítica de Muracciole es directa: el superávit nacional es «falso, ilegítimo e insostenible». Falso, porque se presenta como un logro cuando en realidad es el resultado de una poda indiscriminada de fondos a las provincias. Ilegítimo, porque se construye a costa de sectores vulnerables y del freno a la obra pública. Insostenible, porque ningún país puede sostenerse sobre la base del empobrecimiento de sus regiones.
«En cambio, el superávit formoseño es real, porque se da con un Estado funcionando, con sueldos al día, jubilados con derechos plenos, escuelas y hospitales en marcha, y con obras que se inauguran todos los meses», sostuvo el actual convencional.
La defensa del federalismo y de pagar lo que corresponde
La situación de Formosa revela una paradoja profunda: una provincia ordenada, desendeudada y con 24 años de superávit fiscal termina aislada por Nación por alinearse con sus ideales.
El reclamo excede lo contable: se trata de defender el federalismo, la igualdad de trato entre provincias y el respeto a la ley. No puede haber un país viable si se sigue castigando a los que administran con responsabilidad.
Formosa demuestra que con planificación y orden es posible sostener un Estado al servicio de la gente. Pero también deja en claro que no hay superávit que alcance mientras la Nación acumule una deuda millonaria con la provincia y siga reteniendo recursos que no le pertenecen. El desafío es doble: sostener el camino del orden fiscal y, al mismo tiempo, reclamar lo que corresponde.
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