El gobierno de Javier Milei, que llegó al poder con la promesa de acabar con la corrupción y la «casta política», enfrenta una cascada de escándalos que comprometen su credibilidad. Desde denuncias por sobornos en organismos estatales hasta casos de espionaje ilegal y manejos irregulares de fondos públicos, ocho casos principales han sacudido a la administración libertaria en menos de un año de gestión.
Las investigaciones judiciales abarcan desde el círculo más íntimo del presidente -incluyendo a su hermana Karina Milei y funcionarios de máxima confianza- hasta irregularidades en áreas sensibles como salud, discapacidad y seguridad nacional. Estos casos han generado múltiples denuncias penales y han puesto en evidencia presuntas redes de corrupción que contradicen el discurso anticorrupción del oficialismo.
1. El caso de los sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad
El escándalo más reciente estalló el 20 de agosto cuando se difundieron audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y abogado personal de Javier Milei. En las grabaciones se describe un presunto esquema de sobornos en la compra estatal de medicamentos que tendría como principal responsable al subsecretario Eduardo «Lule» Menem, primo del presidente de la Cámara de Diputados.
Las grabaciones filtradas señalan a Karina Milei como posible destinataria de un 3% de los montos que el Estado argentino pagaba a la empresa Suizo Argentina por fármacos destinados a programas de asistencia para personas con patologías crónicas. La denuncia, presentada por el abogado Gregorio Dalbón, incluye los delitos de cohecho, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
Como parte de la investigación judicial a cargo del juez federal Sebastián Casanello, se realizaron al menos quince allanamientos y se incautaron 266.000 dólares en efectivo en poder del empresario Emmanuel Kovalivker, hijo del dueño de Suizo Argentina. Los celulares de Spagnuolo y los directivos de la empresa quedaron en manos de la Justicia para contrastar los audios con otras conversaciones.
El presidente decidió apartar «preventivamente» a Spagnuolo de su cargo e intervenir la Andis por 180 días, aunque hasta el momento ni Milei ni su hermana han hecho declaraciones públicas sobre las acusaciones que los involucran directamente. El caso se condice con dichos y denuncias públicas de muchos ex-libertarios asignados al PAMI, que dijeron que desde el entorno de Karina y Lule Menem se les exigía cobrarles el 10% del sueldo a los trabajadores. Otro dato es que la empresa Suizo Argentina involucrada en el escándalo aumentó en este gobierno los contratos con el Estado Nacional de 39 a 108 millones.
¿Cuánta plata sucia hizo Karina Milei?
Las denuncias, en dólares, hasta ahora:
– Spagnuolo dijo de 500 a 800 mil por mes
-Diógenes Casares, empresario cripto, dijo que “el entorno de Milei” cobró 5 mill por Libra
-Venta de candidaturas: Bloomberg dijo 50 mil (CABA), Silvina… https://t.co/4eYY7qY5fD— Juan Luis González (@juanelegonzalez) August 26, 2025
2. La venta de candidaturas en La Libertad Avanza
Múltiples denuncias han señalado a La Libertad Avanza (LLA) por la supuesta venta de candidaturas a cambio de pagos en dólares. Las principales acusaciones provienen de Juan Carlos Blumberg, quien denunció públicamente que el partido habría cobrado 50.000 dólares por un cargo de concejal, y Carlos Maslatón, ex mano derecha de Milei, quien confirmó que esta práctica sería habitual en la organización.
En 2025, Cristian León y Patricia Heltner formalizaron una denuncia judicial contra dirigentes provinciales de LLA, Alejandro Carrancio y Sebastián Pareja, por negociar lugares en las listas electorales. Presentaron documentos y un audio donde supuestamente se escucha a Carrancio reconociendo la venta de candidaturas y mencionando el financiamiento de campañas con fondos públicos.
El fiscal federal Ramiro González abrió una investigación en 2023 y citó a declarar a los denunciantes y figuras del partido. Aunque la causa fue archivada provisoriamente en marzo de 2024 por falta de pruebas suficientes, las denuncias se reactivaron en 2025 con nuevas acusaciones, audios y documentos presentados ante la Justicia, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Milei ha negado todas las acusaciones y anunció acciones legales por difamación contra sus denunciantes, pero la causa sigue abierta y en investigación, con testimonios de concejales de LLA que han aportado evidencias en Fiscalía sobre estas presuntas irregularidades.
3. El escándalo de los alimentos almacenados
Así como con los discapacitados, uno de los primeros escándalos del gobierno de Milei también tuvo que ver con sacarle algo a los pobres. Organizaciones sociales que administran comedores populares denunciaron que el gobierno de Milei mantenía almacenados en galpones alimentos destinados a la población vulnerable, sin distribuirlos desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023. Las denuncias revelaron que al menos 5.000 toneladas de alimentos permanecían guardados en depósitos de Villa Martelli y Tucumán.
Los productos almacenados incluían leche en polvo, aceite, harina y arroz, algunos próximos a vencer, que habían sido comprados por el gobierno anterior. Juan Grabois presentó una denuncia judicial detallando que estos alimentos estaban destinados a comedores y merenderos comunitarios, acompañando la presentación con documentación sobre convenios de compra y fondos internacionales para estos programas.
El gobierno inicialmente justificó la retención alegando que auditorías del Ministerio de Capital Humano habían detectado irregularidades en los comedores. Sin embargo, la Justicia ordenó la distribución inmediata de los alimentos, mientras el gobierno apeló la decisión argumentando que constituían reservas para emergencias.
Nuevo escándalo en Capital Humano: lapidario informe sobre los depósitos de alimentos.pic.twitter.com/ePd8f8kLkV
— Ariel M. (@_arielmayo) August 20, 2024
La situación derivó en investigaciones judiciales por el manejo de estos alimentos y posibles irregularidades, con desplazamientos de funcionarios del Ministerio de Capital Humano. Como siempre, Milei defendió públicamente a su ministra Sandra Pettovello y denunció que las críticas formaban parte de una campaña política en su contra.
4. El caso Libra: la estafa cripto presidencial
El 14 de febrero de 2025, Javier Milei recomendó públicamente a través de su cuenta de X una criptomoneda llamada $LIBRA que posteriormente resultó ser una estafa masiva. Tras la recomendación presidencial, el valor de la criptomoneda subió rápidamente y luego se desplomó, generando pérdidas millonarias a inversores de todo el mundo en lo que se conoce como «Criptogate» o «Libragate«.
La investigación judicial reveló reuniones documentadas entre Milei y Hayden Davis, creador de $LIBRA, en la Casa Rosada, así como un entramado de empresarios y flujos de dinero vinculados al lanzamiento de la criptomoneda. El fiscal federal Eduardo Taiano logró rastrear 500.000 dólares que los intermediarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy habrían movido para evadir medidas judiciales de congelamiento.
El abogado querellante Juan Grabois reveló la existencia de un supuesto «tarifario de Karina» Milei para acceder al presidente, donde la reunión costaría 50.000 dólares y un posteo promocional 500.000 dólares. La cronología judicial muestra movimientos financieros sospechosos días antes y después del lanzamiento de la estafa, incluyendo el vaciado de cajas de seguridad bancarias por familiares de los imputados.
El caso generó más de 100 denuncias penales en Argentina, Estados Unidos y España, con investigaciones en curso por parte de la justicia federal argentina y el Departamento de Justicia estadounidense. Milei podría enfrentar cargos por estafa, asociación ilícita e incumplimiento de deberes de funcionario público.
5. Las contrataciones millonarias de empresas Menem
Empresas vinculadas a la familia de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, se adjudicaron licitaciones millonarias en organismos estatales, generando conflictos de interés. Tech Security SRL, empresa familiar de los Menem, obtuvo un contrato con el Banco Nación por casi $4.000 millones para prestar servicios de vigilancia durante 24 meses, con opción a renovaciones que podrían extender el convenio a cuatro años.
Martín Menem fue socio de la empresa hasta el 6 de diciembre de 2023, cuando cedió las acciones a su hermano, semanas antes de la asunción de Milei. El contrato abarca servicios en la casa central del banco estatal y cuatro establecimientos adicionales, incluyendo el edificio donde trabajan funcionarios y la sucursal del Aeroparque Jorge Newbery.
Paralelamente, la intervención gubernamental de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores (Osprera) reveló contratos millonarios con HTECH Innovation, empresa de Sergio Andrés Aguirre, socio de Martín Menem en la compañía TR Nutrition. El interventor Marcelo Petroni suspendió dos contratos por servicios tecnológicos tras detectar irregularidades y puso en marcha investigaciones judiciales y auditorías.
La causa, radicada en el juzgado de Ariel Lijo, fue impulsada por el extitular de la UATRE, José Voytenco, quien acusa de asociación ilícita y desvío de fondos al diputado nacional Pablo Ansaloni, también vinculado al gremio de ruralistas y al espacio libertario.
🚨 MÁS ESCANDALO DE KARINA🚨
Quiso acomodar a una militante libertaria sin experiencia y entongada con los Menem en el Banco Nación.
Miguel Blanco, director de SIGEN (funciona como control interno del gobierno) se opuso y Karina lo echó.TODO PARA TAPAR LAS COIMAS pic.twitter.com/8IAmeSWir8
— M (@MConurbasic) August 24, 2025
6. Espionaje ilegal: la SIDE contra la oposición
Un documento de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) reveló que el gobierno de Milei realiza seguimientos ilegales de opositores políticos, gremialistas y organizaciones sociales. El informe del 8 de julio, titulado «Hechos previstos 09JUL25», detalla actividades políticas, gremiales y culturales de dirigentes como Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner y Facundo Manes, entre otros.
El documento de nueve carillas registra con horarios, recorridos y lugares de concentración las actividades de organizaciones sociales, protestas de jubilados y sectores de discapacidad. Especialistas y exfuncionarios de inteligencia señalan que entre los dirigentes nombrados no figura ninguno de La Libertad Avanza ni de espacios aliados, evidenciando una orientación política del espionaje estatal.
La investigación periodística de Hugo Alconada Mon reveló que la SIDE también recopiló datos sobre el senador Eduardo «Wado» de Pedro, dirigentes radicales, el PJ bonaerense, intendentes opositores y diversos gremios como la CGT y la CTA. El informe no consigna amenazas a la seguridad nacional ni órdenes judiciales que justifiquen la vigilancia de actividades completamente lícitas.
La SIDE elabora informes secretos sobre las actividades y movilizaciones que protagonizan líderes políticos, sociales y sindicales de todos los espacios, con una salvedad: no reporta datos sobre La Libertad Avanza, ni el PRO (donde van aliados).
Link: https://t.co/SSzvQa5YsY pic.twitter.com/YEbZLVTUnz
— Hugo Alconada Mon (@halconada) August 3, 2025
La ley 25.520 de Inteligencia Nacional prohíbe expresamente que organismos de inteligencia obtengan información sobre personas por sus opiniones políticas o pertenencia a organizaciones partidarias, sindicales o sociales. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó una denuncia ante la Justicia Federal que quedó en manos del fiscal Guillermo Marijuán.
7. El fentanilo adulterado y la connivencia oficial
La Justicia argentina comenzó a investigar «posibles responsabilidades derivadas de omisiones y/o connivencias» del gobierno de Milei en la causa del fentanilo contaminado que causó al menos 87 muertes en hospitales del país. El juez Ernesto Kreplak revocó el rol de parte querellante del Ministerio de Salud tras considerar que existe «grado de sospecha suficiente» sobre irregularidades en los órganos de control oficiales.
El fentanilo contaminado con bacterias multiresistentes fue producido por Laboratorio Ramallo y HLB Pharma, empresas de Ariel García Furfaro, quien fue detenido junto a sus hermanos y su madre. Las compañías registraban un historial de 273 expedientes abiertos por irregularidades técnicas y administrativas ante la ANMAT, el ente regulador dependiente del Ministerio de Salud.
🟥⚠️✅ Escándalo. Pocos días antes del estallido por el fentanilo contaminado, el gobierno de Milei le facturó millones a la droguería de García Furfaro(HLB Pharma). Furfano tenía negocios con el gobierno de Milei y por eso decidieron no clausurar la droguería. pic.twitter.com/whUHs8wv0n
— Martín Peiretti (@MartnPeiretti1) August 17, 2025
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) dictaminó impulsar la acción penal para analizar la actuación del organismo regulador tras detectar graves falencias en los controles. El ministro de Salud, Mario Lugones, se refirió al tema recién cuatro meses después de los primeros casos, hablando de «mala praxis» y «negligencia» del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).
El gobierno separó del cargo a la titular del INAME, Gabriela Mantecón Fumadó, pero mantuvo a Agustina Bisio como directora de la ANMAT, quien asumió durante la gestión actual. La investigación busca determinar si hubo connivencia oficial que permitió la producción y distribución del fentanilo mortal pese a las múltiples denuncias previas.
8. Las valijas sin control en Aeroparque
En marzo de 2025 estalló un escándalo cuando se reveló que Laura Belén Arrieta, integrante de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), ingresó al país con diez valijas sin pasar por controles aduaneros. Arrieta llegó en un vuelo privado desde Miami tras participar en la organización de actividades de la CPAC, organización republicana estrechamente vinculada a Donald Trump y al gobierno de Milei.
La investigación judicial reveló que tanto Arrieta como los tripulantes José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto fueron «reconducidos» por personal de Aduanas sin pasar por escáneres ni revisión de equipaje, mientras otros pasajeros del mismo vuelo sí fueron controlados. Los fiscales consideraron «particularmente llamativa» esta diferencia de tratamiento y una «decisión expresa» del personal aduanero.
Las cámaras de seguridad de Aeroparque mostraron un «comportamiento inusual» de Arrieta, quien bajó del avión con un teléfono que entregó a una agente de Aduanas que respondió con un gesto de aprobación. Además, se detectaron irregularidades en los registros de vuelo, con falsedades sobre los destinos de la aeronave propiedad de Leonardo Scatturice, nuevo dueño de Fly Bondi.
El gobierno inicialmente negó las irregularidades, con el vocero Manuel Adorni asegurando que «esta persona se sometió a todos los controles sin detectarse nada extraño«. Sin embargo, la investigación judicial por posible contrabando demostró lo contrario, revelando un caso que involucra a diez valijas no declaradas y múltiples irregularidades en los procedimientos aduaneros.
La Justicia investiga el hecho como posible contrabando, mientras el diputado Maxi Ferraro presentó un pedido de informes para que el gobierno explique los hechos y una comisión parlamentaria investigue las irregularidades en el manejo aduanero de equipajes vinculados a organizaciones afines al oficialismo.
