El miércoles 13 de agosto, alrededor de las 14.30, en plena siesta correntina, el techo del estadio José Jorge Contte se desplomó sobre la cancha principal. El hecho ocurrió en medio de trabajos de remodelación iniciados la semana anterior.
Aunque el horario es de alta concurrencia, ese día el club fue cerrado completamente al público, con la excusa de obras internas. Un socio relató a este medio: “Raramente, distinto a otros días, no dejaron entrar a nadie. Después supimos por qué: si se caía con gente adentro era una tragedia”.
Lo llamativo es que no hubo heridos y, de inmediato, comenzaron los operativos de limpieza. Bomberos, policías provinciales y hasta ingenieros de empresas privadas ingresaron pocas horas después para preparar la demolición de lo que había quedado inclinado.

Una reacción política en tiempo récord
El mismo miércoles, apenas minutos después del siniestro, el gobernador Gustavo Valdés recorrió las instalaciones y declaró en FM La Red Corrientes: “Vamos a aprovechar para hacer un estadio a nuevo con las estructuras. Ya estamos manos a la obra con todas las cuestiones de seguridad posible. Regatas es un símbolo importante para la ciudad y la provincia”.
La rapidez del anuncio encendió alarmas: no había informe pericial ni explicación técnica y ya se hablaba de construir un estadio nuevo con fondos públicos. Desde la Municipalidad, el Director de Catástrofes respondió en una radio local que “por el momento no se sabe” por qué se desplomó el techo.
Testimonios que apuntan a una maniobra planificada
Fuentes obreras que trabajaron en el lugar confiaron a NEA HOY que recibieron órdenes precisas para provocar el colapso: “Nos dijeron que apilemos todas las chapas sobre un mismo sector».

Una fuente cercana a la gestión de Eduardo Tassano fue más directa: “Los que manejan la empresa que estaba haciendo las refacciones son Gustavo (Valdés) y Tassano. Por eso limpiaron rápido y reaccionaron en tiempo récord. Es raro que no se tomen acciones contra la empresa, ¿o es porque ellos mismos son los que la manejan? Dos semanas antes había 5.000 personas saltando, tendría que haberse caído en ese momento. Lo que me dicen los trabajadores es que esto fue con intención”.
Un club privado, sostenido con fondos públicos
El Club de Regatas Corrientes es una institución privada, con más de 7.000 socios que pagan cuota mensual y que además cuenta con aseguradora propia. Sin embargo, no se informó cuál será la compañía que deba hacerse cargo de la reparación.
En cambio, el Estado provincial y municipal ya asumieron la reconstrucción. Esto fue cuestionado públicamente: “Mágicamente se cae el techo del Club Regatas. Nadie explica por qué ocurrió. Media hora después, el Gobernador anuncia que lo reparará… con el dinero de todos los correntinos”, denunciaron los docentes autoconvocados.
Incluso Lisandro Almirón, candidato de La Libertad Avanza (también señalado por presuntas causas de corrupción), cuestionó en Instagram: “Utilizar fondos públicos para reparar privados es un manejo totalmente discrecional y poco transparente. No es la primera vez: el agujero de la calle Catamarca, la costanera de Esquina y ahora el techo del Regatas. Todo lo hacen mal y todo termina en derrumbe”.

Privatización encubierta: el antecedente del muelle
El derrumbe reactivó recuerdos de viejos intentos de privatización. Una persona que participó de la construcción original relató a NEA HOY: “Desde que Tassano asumió como presidente propuso dejar el club y el Parque Mitre en manos de un inversor estadounidense que quería hacer un club cinco estrellas. No prosperó, pero muchos socios creen que todo esto apunta en esa misma dirección”.
Ese camino ya tiene un antecedente concreto: la licitación del muelle del Parque Mitre. Durante la gestión de Tassano se otorgó concesión por 50 años, cuando las ordenanzas municipales solo permiten 10. Una irregularidad que fue denunciada por concejales opositores en su momento.
Conflictos de intereses y círculo de poder cerrado
El escándalo se agrava por la acumulación de cargos. Eduardo Tassano es intendente de Corrientes y presidente del Club Regatas desde 2015, con mandato hasta 2027. Ya lo había sido entre 2003 y 2009. Su viceintendente, Emilio Lanari, también presidió la institución entre 2009 y 2015.

Si Tassano dejara el cargo, asumiría Lanari; y si ambos renunciaran, el siguiente en la línea es el actual ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni. Todos, dirigentes radicales del oficialismo provincial. “Ni bien fueron electos deberían haber renunciado a la comisión sin goce de haberes”, señaló una de las fuentes consultadas.
Pero no termina allí. Tassano es además presidente de la Liga de Básquet de Corrientes y, desde 2023, presidente de la Asociación de Clubes de la Liga Nacional hasta 2027. Esto significa que es al mismo tiempo intendente, presidente del club, y autoridad máxima de la liga que regula las competiciones donde juega el mismo Regatas. “Cuando él quiere habilitar la cancha lo firma él y lo ejecuta él mismo. Es un escándalo”, denunció un conocedor de su gestión.
Silencio institucional del Regatas
NEA HOY consultó a la dirección de prensa del Club Regatas sobre la existencia de un comunicado oficial o de una pericia arquitectónica. La respuesta fue que “no hay información” y hasta el cierre de esta nota no se difundieron resultados técnicos. Tampoco se informó cuál es la aseguradora que debería afrontar los costos.
Mientras tanto, el Concejo Deliberante, dominado por la mayoría de Tassano, no abrió debate ni solicitó informes. La Justicia tampoco intervino.

Un derrumbe que expone mucho más
El derrumbe del techo del estadio José Jorge Contte no solo dejó un club cerrado y cientos de socios sin actividad. Expuso una trama de manejos discrecionales, conflictos de intereses y posibles maniobras para avanzar en la privatización de un espacio clave de la ciudad.
Lo más grave es que la obra será financiada con dinero público, aunque el club es privado y debería responder con su aseguradora. Y que las principales autoridades del club son, a la vez, las máximas autoridades del municipio y la provincia. El hecho debería investigarse en la Justicia y en el Concejo Deliberante, pero hasta el momento permanece en silencio.
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