En la sede de la Defensoría del Pueblo de Formosa se realizó una reunión informativa y de trabajo para abordar la problemática que atraviesan las Pensiones No Contributivas (PNC) y los obstáculos que enfrentan miles de personas con discapacidad en Argentina.
El encuentro contó con la participación de la presidenta de la Asociación Camino Azul TEA Formosa, Florencia Santa Cruz, la secretaria Laura Romero, el defensor del Pueblo José Leonardo Gialluca, la defensora adjunta Sylvina Portillo y asesores letrados.
Actualmente, la ANSES abona a los beneficiarios de PNC por invalidez o vejez un total de $290.013,76, que incluye un bono de $70.000. En tanto, las madres de siete hijos perciben $384.305,37. Sin embargo, el acceso está limitado por requisitos que exigen una incapacidad laboral superior al 66%, la ausencia de empleo registrado y la falta de familiares legalmente obligados a brindar asistencia.
Desde la Defensoría del Pueblo de Formosa remarcaron que estas condiciones contradicen la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en Argentina tiene jerarquía constitucional.
Suspensiones masivas y críticas al procedimiento
Uno de los reclamos centrales fue la suspensión masiva de pensiones, que al mes de agosto ya afecta a más de 100.000 beneficiarios en todo el país. El vocero presidencial Manuel Adorni justificó las medidas por irregularidades detectadas en la documentación y por casos de beneficiarios con empleos formales o bienes de alto valor, con mayor concentración en las provincias de Chaco y Tucumán.
No obstante, las organizaciones advirtieron que las auditorías implementadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dirigida por Diego Spagnuolo, generan serios perjuicios. Señalan que muchos beneficiarios no fueron notificados en tiempo y forma, ni pudieron presentar su historial clínico, lo que derivó en la suspensión de sus pensiones o en la inmovilización de fondos en cuentas bancarias.
El caso de Formosa y el rol del Estado provincial
Durante la reunión, Camino Azul TEA Formosa destacó que, a diferencia de lo que ocurre en otras provincias, en Formosa los colectivos de personas con discapacidad reciben acompañamiento permanente del Estado provincial en áreas clave como salud, educación, asistencia social, transporte y alimentación. Esta presencia, aseguraron, permite que puedan “vivir con dignidad en nuestra sociedad”.
Resolución de la Defensoría del Pueblo
Frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo emitió la Resolución Nº 110/25, en la que reclamó a la ANDIS reabrir de manera inmediata la oficina de atención en Formosa, con personal suficiente y un sistema de consultas telefónicas para quienes residen en el interior.
Además, solicitó al Ministerio de Salud de la Nación que articule con los hospitales provinciales la atención prioritaria para la actualización de historiales médicos, y recomendó a la ANSES agilizar los trámites de reconsideración, garantizando que los reclamos puedan resolverse en una sola jornada.
Exigen medidas urgentes
Las organizaciones locales y la Defensoría del Pueblo coincidieron en la necesidad de dar visibilidad a la problemática y exigir al Gobierno nacional medidas urgentes que restituyan los derechos de las personas con discapacidad. “El acceso a una pensión no es un privilegio, sino un derecho. La burocracia no puede dejar sin sustento a quienes dependen de este ingreso para sobrevivir”, remarcaron.
ADEMÁS EN NEA HOY:
Asignación por Embarazo: quiénes cobran mañana y cuánto es en septiembre 2025
La prelista de Scaloni: vuelve Messi, sorpresas y llamativas ausencias en la Selección Argentina
