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Trata de personas en Ituzaingó: el oscuro drama que incomoda al candidato Juan Pablo Valdés

Juan Pablo Valdés, candidato de Vamos Corrientes a la gobernación y hermano del actual mandatario provincial, enfrenta fuertes críticas por su gestión al frente de la intendencia de Ituzaingó. La concejal María Valoy lo acusó de encubrir redes de trata, manejar discrecionalmente los fondos públicos y no responder ni siquiera a oficios judiciales para asistir a víctimas.
Juan Pablo Valdés
Juan Pablo Valdés

En medio del proceso electoral provincial, en Ituzaingó, tierra gobernada por Juan Pablo Valdés, candidato oficialista a la Gobernación, tomaron fuerza distintas denuncias sobre una administración municipal que habría favorecido un sistema de impunidad y encubrimiento político, especialmente en torno a casos graves de trata de personas y explotación sexual. Estas acusaciones cuestionan la falta de transparencia, el manejo irregular del presupuesto y la ausencia de voluntad para proteger a las víctimas, poniendo en alerta a sectores de la sociedad que advierten sobre el riesgo de repetir estructuras de poder poco transparentes.

La falta de control y la connivencia entre el Ejecutivo local, el Concejo Deliberante y ciertos sectores judiciales generó una situación preocupante para la seguridad y derechos humanos en el municipio. Organizaciones sociales, concejales opositores y parte de la ciudadanía denuncian que, mientras avanzan campañas políticas, no se avanza en la prevención ni en la sanción efectiva de delitos graves, lo que alimenta la percepción de impunidad en la región.

Juan Pablo Valdés encabeza un acto de campaña electoral.

En diálogo con NEA HOY, la concejal María Valoy, exoficialista y actual opositora en el Concejo Deliberante de Ituzaingó, denunció una red de encubrimientos políticos, discrecionalidad en el uso de fondos públicos y omisión estatal ante graves casos de trata de personas. Cuestionó directamente al intendente Juan Pablo Valdés, hoy candidato a gobernador, por “no mostrar ni transparencia, ni diálogo, ni compromiso con las víctimas”.

“Desde el año pasado venimos trabajando junto con el concejal Alfonso Chamorro en la presentación de informes sobre sueldos, cantidad de empleados, el organigrama municipal… pero los concejales oficialistas los desestimaron, no tuvieron curso”, relató Valoy. También denunció que no hay acceso público a ningún tipo de información. No hay presentaciones de boletines; el último es de mitad del año pasado”.

Entre las irregularidades señaladas, explicó que el único balance aprobado es el del primer año de gestión, 2022. “Los de 2023 y 2024 presentan muchísimas irregularidades. Directamente los números no cierran”.

Comisiones que no avanzan y concejales que encubren

En febrero de este año, el Concejo Deliberante de Ituzaingó reactivó la Comisión de Trata y Narcotráfico, creada para coordinar acciones y canalizar denuncias. En la primera apertura de los “Buzones de la Vida”, se hallaron denuncias anónimas que serán elevadas a la justicia federal a través de la PROCUNAR.

Sin embargo, Valoy cuestiona la funcionalidad real del espacio. “En la comisión participamos todos, pero después nadie del Ejecutivo viene a colaborar. Se arman comisiones para la foto. No hay voluntad política de hacer nada”.

Además, denunció que sus proyectos de ordenanza, incluso con respaldo jurídico, son archivados sin debate. “Pedí que se convoque a debates públicos entre los candidatos a intendente y ni siquiera lo trataron”, agregó.

María Valoy es concejal, pastora evangélica e importante activista contra la trata de personas.

Trata de personas en Ituzaingó: víctimas desamparadas, redes activas y una gestión que no actúa

María Valoy fue contundente al denunciar la inacción del municipio frente a los casos de trata de personas en Ituzaingó. “No hay voluntad política para luchar contra este crimen”, aseguró, y señaló que pese a contar con una ordenanza vigente desde 2015 que exige capacitar a operadores turísticos en detección de trata, el Ejecutivo nunca la aplicó.

Según Valoy, en Ituzaingó “hay redes de trata y hay turismo sexual con menores”. Relató que logró impulsar la visita de una disertante en su momento, “pero a la hora de capacitar a los funcionarios o hacer una campaña fuerte, nunca se avanzó”.

«Tengo el caso de una víctima de trata con oficio judicial para que el municipio la asista porque no tiene condiciones básicas, y aún así no la ayudan. No le ponen ni un baño, ni luz, ni agua”, denunció también.

Valoy apuntó también contra la Justicia provincial. Denunció que la causa que involucra a Sixto Fernández, exgerente del Banco de Corrientes y señalado como líder de una red de explotación sexual infantil, “no avanza, no se acelera”. Según la concejal, “hay varios imputados en espera de juicio, madres que vendieron a sus hijas y siguen libres, y el juzgado no responde los pedidos del abogado de la víctima”.

Tarifazos, privilegios y beneficios selectivos

Según la concejal, en 2023 se aprobó una tarifaria con aumentos muy significativos que afectaron a comerciantes y vecinos. “Yo esa tarifaria no la voté. ¿Qué hicieron ellos? Dijeron ‘que los vecinos que tienen problemas se acerquen a hablar’. Y daban la extremaunción perdonando al que ellos querían la deuda”. Mientras tanto, se conocieron exenciones de hasta seis años a personas “muy allegadas al municipio”.

Valoy aseguró que la gestión responde con un esquema de “dádivas” y control clientelar. “Los empleados municipales cobran entre $100.000 y $150.000. El 90% está en negro. Y a la gente la hacen sentir que le deben favores por un poco de arena o piedra”.

“Si uno no muestra en lo pequeño responsabilidad, transparencia y diálogo, en mayor escala tampoco lo puede hacer», consideró Valoy.

“Ituzaingó tiene los peores sueldos de concejales de la provincia: cobramos $880.000. Todo es parte de un sistema de extorsión institucional”, dijo Valoy. El Concejo está compuesto por nueve miembros, seis de los cuales responden al oficialismo. “Yo entré siendo oficialista, y me fui. Nunca se pudo, ni siquiera en ese rol, tener diálogo. El intendente vino dos veces en cuatro años a hablar con los concejales. Nunca hubo diálogo”, reclamó. Además, dijo que las ordenanzas presentadas desde la oposición, incluso las aprobadas, no se cumplen.

Denuncias sobre manejo presupuestario 

Los números del presupuesto municipal tampoco cierran. “Pusieron 1.000 millones para sueldos en 2025. Si lo dividís entre 900 empleados y 13 meses, da $85.000. Es una burla”, aseguró. También advirtió que los eventos especiales figuran con montos altísimos: “En 2023 se destinaron 194 millones y medio; en 2024, 258 millones”.

Valoy concluyó con una reflexión sobre la candidatura de Juan Pablo Valdés a gobernador: “Si uno no muestra en lo pequeño responsabilidad, transparencia y diálogo, en mayor escala tampoco lo puede hacer. Nuestro municipio no refleja eso, por lo tanto es dudoso que lo pueda hacer a nivel macro”.

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