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Viernes 29 de agosto de 2025
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El Gobierno vetó oficialmente las leyes de aumento a jubilados y emergencia en discapacidad

Javier Milei firmó los decretos el sábado y este lunes se publicaron en el Boletín Oficial. En el oficialismo creen que tienen los votos para defender la decisión en la Cámara de Diputados.

Javier Milei firmó los decretos el sábado y este lunes se publicaron en el Boletín Oficial. En el oficialismo creen que tienen los votos para defender la decisión en la Cámara de Diputados.

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El Presidente Javier Milei vetó de forma total tres leyes (27.791, 27.792 y 27.793) , sancionadas por el Congreso el 10 de julio, que establecían aumentos en las jubilaciones y una suba en los bonos otorgados, la reincorporación de la moratoria previsional por dos años y la declaración de emergencia en discapacidad. Los decretos fueron publicados en el Boletín Oficial, al cumplirse el límite del plazo constitucional de diez días hábiles.

De esta manera, tras días de demora, el Ejecutivo rechazó las tres legislaciones, mediante el Decreto 534/2025, argumentando que las iniciativas carecen de fuentes de financiamiento suficientes. El veto fue firmado por el Presidente y refrendado por los ministros Guillermo Francos, Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello, Mario Iván Lugones, Patricia Bullrich, Mariano Cúneo Libarona, Luis Caputo, Luis Petri y Gerardo Werthein.

¿Qué establecían las leyes para jubilados y personas con discapacidad?

Con respecto a las jubilaciones, la ley aprobada en ambas cámaras fijaba un aumento real para todos los haberes y pensiones del 7,2% —excepto los regímenes especiales— y un incremento para el bono, que pasaría de $70 mil a $110 mil y se actualizaría por inflación. Además, planteaba la restitución por dos años de la moratoria, que permite que las personas que no cuenten con los 30 años de aportes puedan comprar los saldos faltantes para acceder al haber mínimo.

Según sus cálculos, esas medidas representan una suba del gasto del 1,68% del PBI y fueron aprobadas en un contexto de “creciente presión electoral” e intensificación de campañas políticas, tanto a nivel nacional como provincial, de cara a las elecciones legislativas de octubre.

El proyecto 27.793 declaraba la emergencia nacional en discapacidad hasta 2026, creaba una nueva pensión no contributiva compatible con el trabajo formal y establecía actualizaciones automáticas de aranceles y compensaciones para prestadores. El Ejecutivo estimó que esto implicaría un gasto de más de 2 billones de pesos en 2025 y 4,7 billones en 2026, sin contemplar el impacto en el programa de atención médica “Incluir Salud”.

“Vamos a vetar. Aun si se dieran las circunstancias, que no creo, que el veto se caiga, lo vamos a judicializar. Sería una mancha en dos meses, la cual el 11 de diciembre se la vamos a revertir en caso de que tuviera éxito. La política del superávit fiscal es permanente”, había anunciado Milei ante la Bolsa de Comercio semanas atrás, después de la contundente votación a favor del incremento en el Senado.

El Gobierno justificó el veto por el costo fiscal de las leyes, que superaría el 6% del PBI acumulado.
El Gobierno vetó mejoras sociales con el argumento fiscal, pese al respaldo legislativo y la crisis que enfrentan los beneficiarios.

Las disputas en el Congreso

La decisión de Javier Milei no se limita a un simple acto de gobierno, sino que se inscribe en un contexto de intensas conversaciones entre el Ejecutivo y los gobernadores para sostener el veto con el apoyo de una parte de Diputados, de modo que necesita evitar que haya dos tercios de legisladores presentes que voten a favor de rechazarlo en una de las dos cámaras.

En el oficialismo, el clima es de “altísimo entusiasmo” ante la perspectiva de que la oposición no logre los votos necesarios para revertir los vetos. El bloque de La Libertad Avanza contaría con aliados suficientes para alcanzar el tercio de los presentes requerido para ratificar la decisión presidencial.

El número de diputados que votaría en contra de la insistencia sobre los proyectos aún no está definido, ya que depende de la asistencia y las abstenciones en la sesión. No obstante, el oficialismo estima superar los 80 votos negativos, cifra similar a la obtenida en sesiones previas sobre vetos presidenciales, como las de septiembre y octubre del año pasado, cuando se registraron 87 y 84 votos negativos, respectivamente.

La estrategia oficial apunta a bloquear el rechazo en Diputados, en medio de negociaciones con gobernadores y disputas internas.
La estrategia oficial apunta a bloquear el rechazo en Diputados, en medio de negociaciones con gobernadores y disputas internas.

Sobre la próxima sesión

La sesión prevista para el miércoles, además del veto a las jubilaciones y discapacidad, incluirá el financiamiento universitario, el Hospital Garrahan y el Sistema Nacional de Ciencia, y el tratamiento de decretos que afectan organismos como el INTI, INTA, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Marina Mercante y Vialidad. También se debatirán proyectos de los gobernadores para tratar fondos fiduciarios, el impuesto a los combustibles y modificar el esquema de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Fuente: Infobae

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