En un escenario emblemático para su gestión, el presidente Javier Milei anunció el sábado durante la 137° Exposición Rural de Palermo una reducción permanente en las retenciones a las exportaciones agropecuarias que tendrá un costo fiscal equivalente al 0,2% del Producto Bruto Interno. La medida, recibida con prolongados aplausos por los asistentes, contrasta con la amenaza presidencial de vetar el aumento del 7,2% en las jubilaciones aprobado por el Congreso, que tiene exactamente el mismo impacto en las cuentas públicas.
La imagen del mandatario ingresando al predio rural en una camioneta 4×4 junto a su hermana Karina Milei y el ministro de Economía Luis Caputo se convirtió en una postal política que resume las prioridades distributivas de La Libertad Avanza. Minutos después de ese ingreso triunfal, Milei confirmaría ante una tribuna expectante que las retenciones a la carne vacuna y aviar bajarían del 6,75% al 5%, las de la soja del 33% al 26%, y las del maíz y sorgo del 12% al 9,5%, entre otras reducciones.
«Las retenciones son nefastas y siniestras. Fueron el resultado deliberado de un plan de la política y perpetuado por la casta a lo largo del tiempo«, declaró el presidente, quien enfatizó que estas medidas «serán permanentes y no tendrán vuelta atrás» mientras esté en el gobierno. El anuncio se produce en un contexto electoral particular, con las elecciones legislativas de 2025 en el horizonte y la necesidad oficialista de consolidar apoyos en sectores clave como el agropecuario.
El costo de elegir
Según estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y del instituto IDESA, la reducción de retenciones tendrá un impacto fiscal de entre 1.200 y 1.400 millones de dólares, equivalente al 0,19-0,22% del PIB. Esta cifra resulta prácticamente idéntica a lo que costaría mantener el aumento jubilatorio del 7,2% que votó el Congreso y que el presidente amenaza con vetar bajo el argumento de que «no hay plata».
La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que el incremento en las jubilaciones costaría 0,2% del PBI para el período agosto-diciembre de 2025, mientras que anualizado representaría el 0,4% del producto. Incluso el bono de $70.000 a $110.000 para jubilados tiene un costo anualizado similar al de la rebaja de retenciones, evidenciando que la cuestión fiscal no es el verdadero obstáculo sino una decisión política sobre qué sectores beneficiar.
El economista Diego Kofman, del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), fue contundente al señalar la contradicción: «Si no hay plata, ¿cómo vamos a renunciar a la recaudación? Es como no llegar a fin de mes y decidir dejar el trabajo que tenés. Es absurdo«. Para Kofman, la medida «nos muestra la lógica de un gobierno que elige para quién gobernar«.
➡️ Ari Lijalad mostró este video en su editorial que demuestra que los anuncios de Milei sobre las retenciones son un verso más: anunció baja en enero, suba en julio, y la vuelta al mismo nivel que tenían en enero
Todos decidieron fingir demencia 🤡 pic.twitter.com/IPyjE2uoQi
— Al Toque (@altoque_ok) July 28, 2025
Robin Hood al revés
La decisión presidencial expone lo que analistas denominan una política de «Hood Robin», un Robin Hood al revés: quitar recursos a los sectores más vulnerables para transferirlos a los más acomodados. Mientras los jubilados que cobran haberes de pobreza ven amenazado su modesto aumento, los grandes productores agropecuarios y empresas exportadoras reciben un beneficio fiscal permanente.
El contraste es especialmente llamativo considerando que el sector agropecuario protagonizó en junio una liquidación récord de divisas por 9.121 millones de dólares, según el Balance Cambiario del Banco Central. Esta cifra histórica sugiere que el sector no atraviesa precisamente una crisis que justifique la urgencia del alivio fiscal.
Paralelamente, el mismo balance cambiario reveló que durante junio un millón de argentinos compraron dólares, con una fuga de capitales del sector privado no financiero que totalizó 4.051 millones de dólares. Sumando las compras desde la apertura del cepo para personas físicas, la cifra se acerca a los 10.000 millones de dólares, prácticamente el monto del anticipo del Fondo Monetario Internacional.
Entonces, si bien aún existen quienes repiten el argumento de que una baja de impuestos a estos sectores más productivos redundaría en un derrame de inversiones que beneficiaría a los sectores periféricos, los datos demuestran que estas medidas lo que hacen es incentivar una mayor cantidad de fuga de capitales justo en el momento en que el gobierno debería estar cuidando los dólares obtenidos a base de deuda internacional.
El timing electoral
El anuncio en La Rural no puede desligarse del calendario político. Con elecciones legislativas programadas para 2025 y la necesidad de consolidar una base de apoyo más amplia, el gobierno busca seducir a un sector históricamente anti-peronista y con fuerte capacidad de movilización política y económica.
Varios analistas ya han aportado el análisis hipotético de que, si en el mismo momento el gobierno, en vez de La Sociedad Rural Argentina, anunciara un aumento en los planes sociales en algún club de La Matanza, nadie dudaría de tildar la medida de populista y electoralista.
La decisión además evoca inevitablemente el conflicto de 2008 con la Resolución 125 y las retenciones móviles, que marcaron la ruptura definitiva entre el campo y el kirchnerismo, dando origen a lo que muchos consideran el nacimiento de la grieta política argentina. Milei parece apostar a consolidar ese electorado tradicionalmente opositor al peronismo, ofreciendo concesiones concretas que contrastan con el ajuste aplicado sobre otros sectores.
Las dos caras del ajuste
La rebaja de retenciones se inscribe en un patrón más amplio de políticas que benefician a sectores de alto poder adquisitivo. El gobierno ya había reducido el impuesto a los autos de lujo, medida que duplicó los patentamientos de vehículos premium respecto al año anterior, mientras las ventas en supermercados continúan deprimidas.
Esta selectividad en el ajuste desnuda la naturaleza redistributiva regresiva del modelo económico libertario. Mientras se mantiene la presión fiscal sobre sectores medios y populares a través del IVA, Ingresos Brutos y aumentos en el monotributo, se alivia la carga sobre los sectores más concentrados de la economía.
El mensaje implícito es claro: en el modelo de Milei y Caputo hay plata, pero solo para algunos. La «motosierra fiscal» que tanto pregona el gobierno parece tener filo selectivo, cortando gastos sociales mientras preserva y amplía beneficios para los sectores más acomodados.
La decisión del sábado en La Rural no solo define prioridades económicas sino que también expone la verdadera naturaleza distributiva de un gobierno que, bajo el discurso del equilibrio fiscal, profundiza la desigualdad mediante decisiones políticas deliberadas que priorizan a sectores de élite por sobre las mayorías populares.
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