El ingeniero Fernando Inchausti, director de Seguridad Vial de Formosa, expuso con crudeza en una entrevista con NEA HOY las graves consecuencias de la decisión del Gobierno nacional de desarticular organismos clave como Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Tránsito. Estas medidas, lejos de representar un mero ajuste administrativo, implican un mayor gasto, en lugar del supuesto «ahorro» que pregonan desde el Estado nacional.
Una decisión criminal que pone en riesgo vidas
Inchausti no duda en calificar estas acciones como «una decisión criminal», ya que «pone en riesgo la vida de los usuarios de la vía pública». Su afirmación no es exagerada: las rutas y caminos son el tejido conectivo del país, esenciales tanto para el tránsito cotidiano como para la actividad económica. «Cuando perdemos este tipo de herramientas, nos exponemos a situaciones de mayor vulnerabilidad», advirtió. Desde el Gobierno nacional, el vocero presidencial Manuel Adorni dejó clara su postura con un mensaje tajante: «No nos preocupa el estado de las rutas».
El deterioro de la infraestructura vial no solo incrementa la siniestralidad, sino que también afecta la producción regional. «Un camino, además de unir pueblos, nos permite transportar productos, desarrollar la economía de un lugar», explicó. Sin mantenimiento, las rutas se degradan rápidamente, «un camino que no se mantiene en 3 o 4 años se lleva a la ruina», señaló.
El falso argumento del «ahorro»
El Gobierno nacional conducido por Javier Milei justifica estas medidas bajo el discurso de la «reducción del gasto público», pero los números desmienten su eficacia. Inchausti detalló:
- El recorte total por la eliminación de casi 60 organismos (no solo vinculados a vialidad, sino también a salud, educación, ciencia y tecnología) representa apenas el 0,3% del PBI.
- En contraste, el costo de la inseguridad vial en Argentina ronda el 1,8% del PBI anual, según estudios de la propia Agencia Nacional de Seguridad Vial.
«El supuesto ahorro es seis veces menor que lo que el país gasta en atender emergencias viales», subrayó. Es decir, no solo no hay un beneficio económico real, sino que el Estado se despoja de herramientas clave para prevenir tragedias.
El negocio detrás de la desarticulación de organismos
Más allá de la aparente irracionalidad económica, el ingeniero sostuvo que las decisiones se comprenden mejor al observar los intereses comerciales que generan. «Cuando uno lo mira desde los negocios que se abren, ahí sí cierran los números», afirmó. Como ejemplo, mencionó las concesiones viales que remiten a la «patria contratista», donde «las rutas pasan a manos de privados cercanos al poder», en alusión al caso de la Autopista del Sol durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri.
También denunció la apropiación de fondos: el Gobierno nacional continúa cobrando impuestos específicos —como el gravamen a los combustibles, destinado por ley al mantenimiento de rutas—, pero ese dinero no se traduce en obras. Solo en Formosa, $26.000 millones recaudados en 20 meses nunca se reflejaron en infraestructura vial ni en mantenimiento de rutas nacionales.
Este desfinanciamiento también se evidencia en la seguridad vial. Aunque se eliminó la ANSV, el Estado sigue reteniendo el 1 % del seguro obligatorio de vehículos, desviando esos fondos a otros fines sin respetar su destino original.
Consecuencias tangibles: más muertes en rutas abandonadas
Los efectos ya son visibles. Según datos aportados por Inchausti, en lo que va de 2025, los siniestros en rutas nacionales aumentaron un 39% respecto al año anterior (de 131 a 182). Los fallecidos en accidentes viales en Formosa pasaron de 34 en 2024 a 41 en 2025, con un incremento notable en siniestros de alta violencia, vinculados al mal estado de las rutas.
«El abandono de la infraestructura vial es generalizado en todo el país», alertó. En los últimos tres días se conocieron al menos 11 fallecimientos en rutas nacionales correspondientes a Santa Fe, Río Negro y Santa Cruz. Rutas con baches, falta de señalización y banquinas sin mantenimiento se convierten en trampas mortales, especialmente en zonas rurales o con clima adverso.
La seguridad vial como política integral
Inchausti desmanteló el discurso simplista que reduce la seguridad vial al mantenimiento básico: «Es una multidisciplina que involucra al factor humano, vehicular, ambiental y normativo». La desregulación estatal afecta todos estos pilares, cada uno interactúa en el entramado del tránsito y debe gestionarse desde el Estado. “La gestión se hace a través del Estado, porque el Estado es la herramienta que tienen los pueblos para establecer un orden”, explicó. Además, advirtió sobre la asignación de funciones a instituciones como Gendarmería Nacional, cuya tarea no es originariamente el control vial, y que solo puede actuar en rutas nacionales si media un convenio.
En este sentido, la eliminación de controles técnicos como la Licencia de Configuración de Modelo (tarea a cargo del INTI, organismo que también dejó de funcionar), se suma a las preocupaciones de Inchausti, ya que garantizaba que los vehículos cumplieran con estándares de seguridad. «Ahora no tenemos más quién controle a los fabricantes», advirtió. La falta de inversión en mantenimiento y control, sumada a un contexto económico que impide a los usuarios sostener sus vehículos, conforma «una combinación explosiva» que pone en riesgo vidas.
Frente a este escenario, Inchausti destaca el enfoque integral de Formosa, donde la seguridad vial sigue siendo política de Estado. «Hacemos un esfuerzo tremendo para cubrir esta ausencia del Gobierno nacional», afirmó, aunque advirtió que las provincias no pueden suplir indefinidamente la desinversión federal. El objetivo, según remarcó, es coordinar esfuerzos para reducir los impactos negativos del abandono de funciones por parte del Estado nacional.
Octubre: la oportunidad para rectificar
El ingeniero cerró su intervención con un llamado a la reflexión ciudadana: «La forma de revertir esto es en las urnas». Recordó que los legisladores que avalaron la Ley Bases son «cómplices» de este desmantelamiento y que octubre será clave para elegir representantes que «defiendan los intereses populares».
En tiempos de incertidumbre, donde se debilitan estructuras fundamentales del Estado y se promueven modelos que ya fracasaron en el pasado, es necesario volver la mirada hacia experiencias concretas que ofrecen un camino distinto. El ingeniero Fernando Inchausti lo expresó con claridad al recordar que «en 1995, cuando se hablaba del Estado mínimo y del derrame que nunca llegó, el Gobernador Insfrán planteó un proyecto distinto, una Formosa integrada cuando todo estaba desintegrado”. Ese proyecto, que parecía una utopía, dio resultados reales: avances en salud, educación, infraestructura, ciencia y tecnología.
Hoy, en un contexto ideológico similar al de aquellos años, Inchausti convoca a no perder de vista el horizonte: «Formosa es un faro, una referencia unívoca de la defensa de la justicia social». En medio de un país que atraviesa retrocesos en materia de derechos y políticas públicas, la provincia ofrece una alternativa basada en planificación, equidad y compromiso con su gente. «Hay que sembrar esperanza: más temprano que tarde, la Argentina volverá a encontrar su destino de grandeza», sentenció.
ADEMÁS EN NEA HOY:
Parlamento del Norte Grande: vicegobernadores ratifican a Nación el pedido de fondos
Chaco: anticipan un nuevo aumento de la nafta en agosto
Garrafas a $10.500 en Misiones: dónde estará Ahora Gas esta semana
