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Miércoles 03 de septiembre de 2025
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Cierran Vialidad, abren licitaciones: rutas rotas y negocios para pocos

El cierre de la Dirección Nacional de Vialidad no mejora el estado de las rutas, no reduce el gasto público ni baja la inflación. Solo desmantela un organismo clave para el federalismo, desfinancia la infraestructura vial y abre la puerta a negocios privados sin controles. Con más de 5.000 trabajadores en riesgo, 43.000 km de rutas en estado crítico y fondos retenidos ilegalmente, el gobierno de Javier Milei apuesta al desmantelamiento del Estado, sin proponer ninguna solución real.

El cierre de la Dirección Nacional de Vialidad no mejora el estado de las rutas, no reduce el gasto público ni baja la inflación. Solo desmantela un organismo clave para el federalismo, desfinancia la infraestructura vial y abre la puerta a negocios privados sin controles. Con más de 5.000 trabajadores en riesgo, 43.000 km de rutas en estado crítico y fondos retenidos ilegalmente, el gobierno de Javier Milei apuesta al desmantelamiento del Estado, sin proponer ninguna solución real.

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Algo que es cada vez más aparente es que el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) no soluciona ninguno de los problemas estructurales de la Argentina. No mejora el estado de las rutas, no reduce el gasto público, no baja la inflación. Lo único que hace es desmantelar un organismo histórico con más de 5.000 trabajadores en todo el país y entregar una función clave del Estado a la nada o, como suele suceder en gobiernos “liberales” a privados.

Mientras Javier Milei y Federico Sturzenegger celebran la “desaparición de estructuras obsoletas”, las rutas nacionales están sin mantenimiento, los fondos no llegan a las provincias y las decisiones se toman en función del relato libertario.

Neumáticos nuevos para un organismo que “quieren cerrar”

El mismo día que el gobierno firmó el Decreto 461/2025, que disuelve la Dirección Nacional de Vialidad, se publicó una licitación por 2.400.000 de dólares para la compra de neumáticos. Ahí nos preguntamos: ¿para qué se equipa una flota que supuestamente ya no va a estar en funcionamiento? ¿quién va a usar esos vehículos? Y, más importante que todo, ¿con qué fines?

Un par de semanas antes del cierre del organismo, un medio nacional había revelado otra licitación millonaria: más de 3.000.000 de dólares para instalar un sistema de vigilancia con cámaras, molinetes, reconocimiento facial y control satelital del personal. Todo para un edificio en proceso de cierre.

En total, el Gobierno Nacional ya destinó más de 5.000.000 de dólares en reequipar un organismo que dice que quiere desactivar. En paralelo, no asigna fondos para mantenimiento de rutas, ni salda las deudas pendientes del impuesto a los combustibles, ni explica qué pasará con los trabajadores.

La sospecha entre los sindicatos es que reequipar Vialidad justo antes de cerrarla puede esconder un intento de transferir bienes del Estado a manos privadas. Todo sin control, sin transparencia y en violación de la Ley de Ética Pública.

El dinero que le corresponde a la Dirección Nacional de Vialidad

“Compran neumáticos no sólo para movilidad sino para equipos viales. Hay varias chances: que se los pasen a concesionarios, a las provincias o que simplemente los liquiden. No tiene lógica ni racionalidad más que beneficiar a alguien”, advirtió Fabián Catanzaro, de la Federación del Personal de Vialidad (Fepevina).

Otra cosa que señala Catanzaro es que el nuevo decreto es: “La conclusión de un proceso que comenzó con la “obra pública cero”, lo que se tradujo en suspender las obras previstas y las que estaban en ejecución, muchas de ellas con un 70% u 80% de avance. Fue una locura parar todo eso. A eso hay que sumarle que también se detuvo el mantenimiento de la infraestructura.”

Según él, esto fue el resultado de una combinación entre el ahogo presupuestario y la retención ilegal del impuesto a los combustibles. “Decimos ‘ilegal’ porque el Ministerio de Economía no estaba facultado para hacerlo. Entre lo retenido en 2024 y lo que va de 2025, suman casi 400 millones de dólares que deberían haberse destinado al mantenimiento. Pero, como esos fondos tienen una afectación específica, no pueden ser usados de otra manera. Así, permanecen retenidos en el Ministerio de Economía para maquillar un falso superávit,” explicó.

El Estado que no quiere hacerse cargo de nada

La Dirección Nacional de Vialidad tiene más de 93 años de historia. Y aunque el discurso libertario la tilda de “burocracia ineficiente”, su función es garantizar el mantenimiento de más de 38.000 kilómetros de rutas nacionales que conectan el país. Su cierre implica que el Estado nacional se desentiende por completo y transfiere la responsabilidad a las provincias, muchas de las cuales no tienen maquinaria, personal técnico ni presupuesto para hacerse cargo.

Catanzaro advierte que esta decisión rompe el principio del federalismo. “Vialidad es uno de los organismos más federales: su ausencia profundizará desigualdades. Las provincias que puedan sostener sus rutas lo harán; las demás quedarán aisladas”. Por ejemplo, un gobernador podría priorizar los caminos hacia el puerto de Buenos Aires y dejar de mantener los que van al norte o al oeste. Esa lógica, multiplicada, puede terminar seccionando el país.

Pero además, hay un fuerte componente de negocio privado. Ya están en marcha licitaciones para concesionar 9.100 kilómetros de rutas por peaje, que se sumarían a los 6.500 km ya concesionados. El problema es que el total de la red vial nacional es de 43.000 km. Nadie explica qué va a pasar con los otros 33.000 km. restantes que no son rentables para las empresas.

Las concesiones serán por 20 o 30 años, sin canon para el Estado. Las empresas podrán explotar comercialmente zonas que la Ley de Tránsito prohíbe por seguridad vial. Y no estarán obligadas a hacer obras nuevas: solo bacheo y corte de pasto. “Eso lo podemos hacer desde el Estado a un tercio del costo y sin cobrarle peaje a la gente”, explica Catanzaro.

Con el nuevo sistema, podría duplicarse la cantidad de peajes en Argentina.

Menos Estado, menos rutas, más inseguridad

Cerca del 90% del transporte en Argentina se hace por camión, y gran parte de ese tránsito circula por rutas nacionales. El deterioro de la infraestructura vial afecta directamente al comercio, la producción, el turismo y la vida cotidiana de millones de personas. Sin Vialidad Nacional, no hay quién se haga cargo del mantenimiento en tiempo y forma. Las provincias ya dijeron que no tienen los fondos ni el personal. Y los privados solo van a intervenir donde haya rentabilidad, no donde haya necesidad.

¿Y ahora quién arregla los caminos? Esa es la pregunta que nadie en el gobierno responde. Porque mientras se hacen licitaciones sospechosas y se despide gente, las rutas siguen ahí: rotas, abandonadas, sin señalización ni mantenimiento. Y cuando no pasa la ambulancia, cuando se corta la producción por falta de transporte, o cuando ocurre un accidente evitable, el Estado Nacional ya no estará ahí para hacerse cargo. El cierre de Vialidad no resuelve nada, empeora todo.

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