En un nuevo capítulo judicial que sacude la política brasileña, el Supremo Tribunal Federal (STF) impuso este viernes una serie de medidas cautelares contra Jair Bolsonaro, en el marco de la investigación por su presunta participación en un intento de golpe de Estado en enero de 2023.
El expresidente deberá usar una tobillera electrónica, cumplir arresto domiciliario entre las 19 y las 7 horas, no podrá utilizar redes sociales ni mantener contacto con otros investigados, incluidos sus propios hijos Carlos y Eduardo Bolsonaro.
“La máxima humillación”, dijo Bolsonaro
Tras conocer la decisión del STF, Jair Bolsonaro calificó las medidas como “la máxima humillación” y negó cualquier participación en una intentona golpista. “No hay nada que me coloque en un plano golpista. Ese golpe no existió”, declaró a la prensa. También denunció una “persecución política” en su contra para apartarlo de las elecciones de 2026.
Operativo policial y dólares secuestrados
La Policía Federal realizó este viernes un operativo en la casa del exmandatario en Brasilia, donde secuestraron alrededor de 14.000 dólares. Bolsonaro aseguró que “son dólares declarados o que serán declarados” y denunció el procedimiento como parte de una ofensiva política y judicial.
Las restricciones impuestas por la Corte a Jair Bolsonaro
Las medidas tomadas por el juez Alexandre de Moraes, uno de los principales blancos de las críticas de Bolsonaro, incluyen:
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Tobillera electrónica obligatoria
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Arresto nocturno de 19 a 7
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Prohibición del uso de redes sociales
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Prohibición de contacto con otros investigados (incluidos sus hijos)
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Restricción de contacto con diplomáticos o embajadores
La defensa del exmandatario calificó las medidas como “severas e injustificadas”, y recordó que Bolsonaro siempre cumplió con las disposiciones judiciales.
En declaraciones realizadas frente al Senado, Bolsonaro adelantó que permanecerá en Brasil y que enfrentará el juicio: “No tengo alternativa. Me voy a quedar aquí. Ya tengo 70 años, varios problemas de salud. Es una injusticia”, dijo.
También denunció que el objetivo de la causa es inhabilitarlo políticamente: “Quieren eliminar a un líder de la derecha conservadora en América del Sur de las elecciones del año que viene. Saben que si estoy, gano”.
Bolsonaro y otros siete exfuncionarios están siendo investigados por su posible responsabilidad en los ataques del 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes invadieron y destruyeron las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia, en un intento de desconocer el triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva.
Aunque el expresidente niega estar vinculado con los hechos, los investigadores afirman que hubo una organización desde el poder político para facilitar la revuelta.
Con información de Ámbito Financiero.
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