Por estos días, el gobierno de Javier Milei está desplegando una intensa operación política para sostener los vetos que, según anunció, aplicará a los proyectos aprobados por el Congreso durante la sesión del Senado el 10 de julio: el aumento a las jubilaciones, la emergencia en discapacidad y la prórroga de la moratoria previsional. Consciente de que el veto será puesto a consideración de la Cámara Baja primero, la Casa Rosada necesita al menos de 86 votos en Diputados para evitar que las leyes se impongan. La matemática, sin embargo, no estaría jugando a su favor.
La tarea de juntar esos votos recayó en el ex peronista Guillermo Francos, Jefe de Gabinete y Ministro del Interior, quien esta semana admitió entre dientes que el Gobierno está obligado a negociar. “Hay gobernadores que quieren acordar con nosotros”, sostuvo sin demasiadas pruebas. ¿La estrategia? Seducir a las provincias con promesas de fondos, ATN, coparticipación y parte del dinero que exigen desde que el Estado Nacional prometió no volver a hacer una obra pública.
El espejo del 5 de junio
Nadie tiene la bola de cristal y el poroteo nunca puede ser 100% certero, pero podemos tener cierta pista de lo que podría pasar con el veto si miramos a la sesión del 5 de junio, cuando Diputados aprobó y dio media sanción por mayoría el aumento de las jubilaciones (7,2% más bono de $40.000) y la declaración de la emergencia en discapacidad. En ambos casos, el oficialismo no logró reunir ni un tercio del recinto. La votación de jubilaciones tuvo 142 votos afirmativos, 67 negativos y 19 abstenciones. En la de discapacidad, 148 afirmativos, 71 en contra, 3 abstenciones y 34 ausentes.
Haciendo un análisis fino de esos números podemos ver que muchos aliados habituales del Gobierno (el PRO, la UCR y partidos provinciales con y sin peluca) se abstuvieron o directamente no dieron quórum, pero luego terminaron votando a favor o no impidieron la sanción. Para que el veto se quede, Milei tiene que intentar que los ausentes o tibios se pasen del otro lado, además de evitar sumar rechazos, claro está.
Los gobernadores en la mira
Hasta ahora, la mira está puesta en los gobernadores más “fáciles” de conseguir para Milei: Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Hugo Passalacqua (Misiones) y Marcelo Orrego (San Juan). Todos ellos tienen bancas que jugaron a dos puntas: se ausentaron o se abstuvieron, pero evitaron ir de frente contra el Ejecutivo.
Zdero, por ejemplo, mandó a Juan Carlos Polini y Gerardo Cipolini (ambos UCR) a abstenerse. Cornejo también tuvo dos abstenciones: los votos de Lisandro Nieri y Pamela Verasay. Frigerio enfrenta la indefinición de Atilio Benedetti, que responde a su espacio. El misionero Passalacqua cuenta con una tropa (Carlos Fernández, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik) que se ausentó en la sesión. Y por último, Orrego, que jugó con la ambigüedad: una diputada votó a favor y otra no estuvo en el recinto. Son justamente esos nombres los que el oficialismo apunta a “recuperar”.
PRO y UCR: ¿aliados?
Aunque suelen acompañar al Gobierno, el PRO y la UCR están lejos de garantizar apoyo automático. El 5 de junio, 9 radicales se abstuvieron en el aumento jubilatorio, entre ellos Martín Tetaz, Gabriela Brouwer de Koning y Víctor Zimmermann. Otros directamente no fueron, como Mariano Campero y Martín Arjol, que suelen votar en línea con La Libertad Avanza.
En el PRO, la situación es similar. Se abstuvieron Germana Figueroa, María Eugenia Vidal y Luciano Laspina, todos cercanos a Mauricio Macri. La expectativa del oficialismo es que, con el reciente acuerdo electoral en la Provincia de Buenos Aires, esos votos regresen a la tropa. Lo mismo con Silvia Lospennato, que lideró el operativo para no dar quórum pero tampoco quiso exponerse votando en contra de la emergencia en discapacidad.
Discapacidad, el punto más sensible
Mientras Milei dice que va a vetar todo lo que implique gasto fiscal, el punto más difícil de sostener va a ser la Ley de Emergencia en Discapacidad. A diferencia de la moratoria previsional (que tuvo más de 100 rechazos y por ende sería fácil de frenar) la ley sobre discapacidad fue aprobada con dos tercios de los presentes, cosa que podría dejar al Gobierno al borde de no poder sostener su veto.
Otro problema con el que el Presidente no cuenta, es el tema ético y emocional: “Todos tenemos un familiar o amigo afectado y Milei no puede congelar las prestaciones. Es un tema que nos hace perder votos”, reconoció una diputada radical que votó a favor de la emergencia.
Por eso, en este tema muchos de los socios del Gobierno prefirieron ausentarse antes que quedar pegados. Así lo hicieron representantes de Misiones, Río Negro, Chaco, Salta y Córdoba. En el caso cordobés, Alejandra Torres, del bloque de Martín Llaryora, se abstuvo. El Gobierno podría intentar un veto parcial o reglamentar selectivamente la ley, pero eso implicaría reconocer parte de una norma que su bloque combatió.
La rosca en tiempos de elecciones
Francos reconoció que las negociaciones se dan “en clima electoral” y que eso puede jugar en contra: algunos gobernadores están más preocupados por no exponerse a un voto impopular que por quedar bien con Casa Rosada. Los sectores vinculados a la discapacidad ya anunciaron movilizaciones y denuncias, mientras que los jubilados vienen de meses de protesta por la pérdida del poder adquisitivo.
Por eso, el oficialismo considera clave capturar a quienes se abstuvieron o se ausentaron el 5 de junio. En el caso jubilatorio, con 142 votos afirmativos, bastaría con que la oposición repita la jugada para dejar al veto presidencial sin efecto. En discapacidad, con 148 votos positivos, la situación es aún más difícil de revertir para Milei.
Del otro lado, la oposición también puede mejorar sus números: en esa sesión hubo 4 ausentes de Unión por la Patria que podrían estar presentes en la próxima, además del posible regreso de Marcela Coli (DPS) y los exaliados libertarios Oscar Zago y Eduardo Falcone.
¿Qué va a hacer Milei?
Hasta ahora, el Presidente solo habló sobre el aumento a jubilados y el equilibrio fiscal. En redes sociales anticipó vetos a lo que considera medidas “populistas”, y su vocero Manuel Adorni dijo que “el equilibrio fiscal no se negocia”.
El problema es que los vetos también tienen costos políticos, y con la aprobación de estas leyes, Milei quedó expuesto a una debilidad parlamentaria que intentó disimular durante meses. Si la oposición logra reunir los dos tercios en Diputados o en el Senado, el Ejecutivo deberá promulgar las leyes. La otra alternativa sería judicializar el proceso, estirando los plazos y llevando la pelea a los tribunales.
Si eso pasa, la gran pregunta es cuántos gobernadores están dispuestos a bancar el costo político de vetar beneficios a jubilados y personas con discapacidad, especialmente en un año electoral. Los teléfonos ya suenan y las promesas se multiplican, pero también hay que saber leer a la gente.
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