El juicio por la expropiación de YPF sumó este lunes un nuevo capítulo crítico: la jueza estadounidense Loretta Preska rechazó el pedido del Estado argentino para suspender la transferencia del 51% de las acciones de la petrolera, y el Gobierno nacional enfrenta una cuenta regresiva para evitar la entrega de esos títulos. La fecha límite impuesta por la magistrada es este jueves 17 de julio.
La decisión de Preska se enmarca en el litigio que mantienen los fondos Burford Capital y Eton Park contra la Argentina, a raíz de la expropiación de YPF en 2012. A fines de septiembre de 2023, la jueza ya había fallado a favor de los demandantes y condenado al país a pagar US$ 16.100 millones, cifra que con intereses asciende a US$ 17.750 millones.
En ese contexto, hace dos semanas, Preska ordenó la transferencia del paquete accionario estatal como parte del cumplimiento de la sentencia. El Gobierno, a través de la Procuración del Tesoro, apeló la medida y solicitó una anulación de esa orden, pero este lunes la magistrada rechazó la petición y emitió duras críticas.
«La República ha abusado de las concesiones del Tribunal. Continúa demorando y eludiendo sus obligaciones derivadas del fallo que sigue vigente», sostuvo Preska, y recordó que en enero de este año el país debería haber presentado una garantía para evitar embargos.
La jueza advirtió que, de no concretarse la entrega de las acciones este jueves, podría activarse un pedido de desacato contra la Argentina. Esta figura no es desconocida para el país: en 2014, el juez Thomas Griesa consideró que el gobierno argentino incumplió una sentencia por deuda con fondos buitre.
En paralelo, el subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, confirmó desde Nueva York que avanzarán con una nueva apelación ante la Corte de Apelaciones para intentar frenar la ejecución. «Pedimos que se suspenda de inmediato la decisión de entrega hasta que la Cámara se pronuncie sobre el fondo», explicó en declaraciones a un medio televisivo.
Fuente: Diario Chaco
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