La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dictó una suspensión administrativa temporal sobre la entrega del 51% de las acciones de YPF a los fondos buitre, en especial a Burford Capital, que había sido ordenada por la jueza Loretta Preska.
La medida supone un alivio momentáneo para la Argentina, que suma así al menos una semana de plazo para fortalecer su defensa en un litigio millonario que pone en riesgo el control estatal sobre la petrolera más importante del país.
Caso YPF: qué decidió la Corte y qué se discute
La resolución de la Cámara de Apelaciones fue adoptada este martes, tras el pedido de los abogados del Estado argentino, y busca permitir una “ordenada presentación y consideración” de los argumentos antes de que se concrete cualquier traspaso accionario.
La jueza Preska había ordenado el pasado 30 de junio la entrega inmediata de las acciones de YPF a una cuenta de custodia global en el Bank of New York Mellon, decisión que implicaba la cesión del paquete mayoritario de la empresa valuado en 16 mil millones de dólares.
Plazos y próximos pasos
Con la decisión de la Cámara, se fijó el siguiente cronograma:
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Hasta el 17 de julio, los demandantes encabezados por Burford Capital deberán presentar su oposición a una suspensión más prolongada.
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Hasta el 22 de julio, el Estado argentino tendrá tiempo de responder con sus argumentos.
Luego, un panel de tres jueces analizará las presentaciones y decidirá si otorga una suspensión más amplia que mantenga bloqueado el fallo de Preska durante el tiempo que dure el proceso de apelación de fondo.
Los argumentos de la defensa argentina
La defensa argentina sostiene que la orden de Preska viola el derecho federal estadounidense, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional.
Además, subraya la Declaración de Interés presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, considerada en su momento como un respaldo a la posición argentina, aunque data del gobierno de Donald Trump.
Preska, sin embargo, había rechazado la semana pasada el pedido de “stay” (suspensión) del fallo, obligando a la Argentina a entregar las acciones en solo tres días, lo que generó fuerte preocupación por la eventual pérdida del control estatal sobre YPF.
Burford Capital y la disputa por YPF
El caso es el resultado de una demanda de Burford Capital, un fondo especializado en litigios (calificado como “fondo buitre”) que adquirió derechos litigiosos por la expropiación de YPF en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Aunque el crecimiento de Burford fue exponencial desde entonces, la cesión de acciones equivaldría a una pérdida monumental para el Estado argentino, que pasaría a perder su rol mayoritario en la empresa energética clave para la política y economía nacional.
Por ahora, el conflicto permanece abierto. La Argentina logró frenar el traspaso de acciones por unos días, pero sigue enfrentando el riesgo de un fallo definitivo que podría impactar de lleno en la soberanía energética y en las cuentas públicas.
Con información de Página 12.
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