En un hecho que sacude el escenario político y ambiental de Formosa, el Ministerio de Producción y Ambiente (MPyA) confirmó que el senador Francisco Paoltroni y el intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, fueron sancionados con multas millonarias por estar implicados en desmontes ilegales y en compras irregulares de tierras fiscales en distintas zonas del interior provincial.
“Mientras que en la campaña electoral cantaban a la libertad y al republicanismo, Paoltroni y Basualdo ocultaban ambiciones vinculadas a sus proyectos individuales e intereses personales”, denunció Lucas Rodríguez, titular del MPyA.
Irregularidades en cambios de uso de suelo
De acuerdo a la investigación administrativa realizada por el organismo, tanto Francisco Paoltroni como Atilio Basualdo participaron en cambios de uso de suelo no autorizados o que excedieron las superficies permitidas por la normativa ambiental vigente. Estas maniobras constituyen graves violaciones a las leyes provinciales y nacionales, específicamente la Ley 1660 del Programa de Ordenamiento Territorial (POT-For) y la Ley Nacional de Bosques Nativos.
Rodríguez detalló que se detectaron casos en el sur de Las Lomitas y zonas cercanas como Pozo del Tigre, Estanislao del Campo, Subteniente Perín e Ibarreta. Allí se realizaron desmontes sin permisos previos o con autorizaciones superadas en superficie, generando un daño ambiental significativo.
“Estas acciones reflejan un desprecio por las normativas ambientales y por el bien común”, sostuvo el ministro Rodríguez, quien advirtió que las sanciones buscan “proteger los recursos naturales de la provincia y garantizar la sustentabilidad sin dejar de promover la producción agropecuaria”.
Detalles de las sanciones contra Paoltroni
En el caso de Paoltroni, las multas ascienden a más de 104 millones de pesos, que ya fueron elevadas a la Justicia para su ejecución. Sin embargo, forman parte de un paquete de sanciones más amplio que supera los 3.900 millones de pesos aplicados a distintos infractores por desmontes en la provincia.
Las irregularidades específicas atribuidas a Paoltroni incluyen:
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112 hectáreas desmontadas en la Colonia El Silencio.
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7,12 hectáreas desmontadas en la Colonia Brouchard, ambas en cercanías de Ibarreta.
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478 hectáreas desmontadas en la Colonia San Roque, próxima a Subteniente Perín, con incumplimiento de su plan de gestión ambiental.
Basualdo y las multas por desmontes en zonas críticas
Por su parte, el intendente Atilio Basualdo enfrenta multas cercanas a los 1.025 millones de pesos. El funcionario fue sancionado por desmontes en:
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467 hectáreas en las cercanías de Pozo Molina, en áreas consideradas de alto valor biológico por su función como corredores ecológicos.
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192 hectáreas desmontadas en la zona conocida como Quemado Nuevo.
Estas intervenciones se realizaron sin ningún tipo de permiso de cambio de uso de suelo ni presentación de proyectos ante las autoridades productivas y ambientales.
Imágenes satelitales como prueba
Las investigaciones se basaron en información técnica, como imágenes obtenidas a través del Sistema de Alerta Temprana (SAT), que detectaron claramente las áreas afectadas y confirmaron la magnitud de los desmontes ilegales.
“Las imágenes satelitales prueban los desmontes ilegales y demuestran la contradicción con los discursos que públicamente promueven, que dicen defender la libertad y el republicanismo, pero en la práctica violan las leyes y perjudican los recursos naturales y el patrimonio de los formoseños”, enfatizó Rodríguez.
Impacto ambiental y político en Formosa
El caso no solo implica graves consecuencias ambientales, sino que expone una fuerte contradicción política entre los discursos públicos de Paoltroni y Basualdo, quienes se presentan como defensores de la República y la libertad, pero cuyas acciones privadas revelan intereses económicos personales y prácticas cuestionadas.
Rodríguez insistió en que las sanciones económicas buscan generar un mensaje claro de que la explotación de recursos naturales debe hacerse dentro del marco legal, respetando los derechos ambientales y las normativas de protección.
“Lo que hicieron fue desconocer las leyes provinciales y nacionales y avanzar sobre los recursos naturales que pertenecen a los formoseños, sin tener en cuenta la reglamentación a la que deben ajustarse y respetar”, concluyó el ministro.
Mientras tanto, las causas continúan su curso en el ámbito judicial, y se esperan definiciones sobre el pago efectivo de las multas y posibles consecuencias políticas para ambos funcionarios. El caso deja en evidencia la tensión entre los discursos políticos y las acciones privadas de funcionarios que, mientras declaman libertad y republicanismo, avanzan sobre el patrimonio ambiental de la provincia.
Con información de Agenfor.
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