La disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, decretada por el Poder Ejecutivo Nacional, desató una profunda crisis institucional y laboral que impacta de lleno en el país y también en provincias como Formosa y Corrientes, de las cuales 300 trabajadores serían perjudicados tras el anuncio. La medida anunciada por Manuel Adorni implica el cierre de la histórica entidad que desde 1958 fue responsable del diseño, conservación y mantenimiento de la red nacional de rutas.
Rubén Sacchi, Delegado del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional, expresó su profunda preocupación en declaraciones a un medio formoseño: «El decreto establece la disolución de Vialidad Nacional, o sea, directamente la desaparición del organismo. La suerte de los más de 5.000 trabajadores que lo integramos corre de la mano de esa sentencia», advirtió.
Impacto en el NEA
En la provincia de Formosa, la paralización de obras clave en las rutas nacionales 11, 81, 86 y 95 deja al borde del colapso a la red vial, con tramos como el Puente Blanco en condiciones críticas. La Justicia Federal ya ordenó al Gobierno nacional ejecutar obras de mantenimiento en un plazo de 90 días, medida que busca frenar la degradación total del sistema.
Desde Corrientes, Alfredo de Jesús Ramírez, Secretario del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), alertó a NEA HOY que la medida dejará a miles de empleados en la calle: «Estamos angustiados porque quedarían más de 5.000 personas sin trabajo en todo el país. En Corrientes serían 140, y en Formosa más de 90. Nosotros tenemos tres tipos de vínculo: planta permanente, planta transitoria y contratos por tiempo determinado. A todos nos afecta, pero los de contrato quedarían afuera con una simple carta documento», explicó.
Además, Ramírez detalló que los trabajadores de planta permanente podrían pasar a disponibilidad, pero solo con el sueldo básico, lo que implica una pérdida del 60% del salario real, debido a los adicionales que componen la mayoría de los ingresos del sector.
El gremio también advirtió que la maquinaria vial comprada por el Estado podría ser vendida como parte de una estrategia de liquidación. Según Ramírez, los bienes muebles pasarán a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), lo que considera una pérdida irrecuperable para el sistema vial nacional: «Todo eso va a pasar a la venta. Compraron esas máquinas para trabajar en rutas, pero ahora se quieren deshacer de ellas para recaudar», denunció.
«Desde 2023 entraron 3.400 millones de pesos por el impuesto a los combustibles, pero no se invierte un solo peso en obra pública. Nos están desfinanciando desde el año pasado. Seguimos con el presupuesto congelado de 2023, pese a la inflación», indicó Ramírez. Además, aseguró que había obras viales en ejecución al 80% o 90% que fueron frenadas por el actual Gobierno nacional, dejando rutas inconclusas y equipos paralizados.
¿Quién va a mantener las rutas?
Sacchi cuestionó con dureza el rumor de que Gendarmería Nacional o cooperativas puedan reemplazar las funciones especializadas de Vialidad: «Gendarmería por ejemplo, no tiene laboratoristas, topógrafos ni ingenieros especializados como los que forman parte de Vialidad. A lo sumo podrían cortar el pasto o hacer tareas menores, pero el mantenimiento real de una ruta es muchísimo más complejo».
También remarcó que los trabajadores de Vialidad realizan tareas múltiples: «No es solo cortar el pasto. Se hace relevamiento de señales, mantenimiento de alcantarillas, reemplazo de luminarias, señalización horizontal… todo eso que una cooperativa no hace y que requiere conocimiento técnico».
Medidas para intentar revertir la situación
Frente al cierre, Sacchi señaló que están dando una batalla legal, política y sindical: «Estamos luchando para que se revoque este decreto. Es una aberración. Si no lo logramos, exigiremos la reparación que por ley corresponde a cada trabajador». El sindicalista recordó que ya han visto procesos similares durante el macrismo y gobiernos afines. En ese sentido los antecedentes son desalentadores: «En los 90, con la ley de disponibilidad, se prometía reubicar a los despedidos, pero si se reinsertó el 2% fue mucho. Hoy el panorama es el mismo: los achiques no reubican a nadie».
Mientras tanto, los trabajadores se mantienen expectantes, los gremios continúan articulando medidas judiciales y políticas para frenar el cierre. «Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para revertirlo», concluyó Sacchi.
Riesgo para la población
Sacchi alertó sobre el impacto directo en la ciudadanía: «Entre un 65% y 70% de las rutas están en mal estado, muchas en pésimo estado. Cada ciudadano que use una ruta está en riesgo real. Vialidad tiene más de 90 años de experiencia. El relato de que somos ineficientes solo sirve para justificar un ajuste brutal».
Además, al igual que Ramirez, denunció que el Gobierno no está girando los fondos recaudados por el impuesto a los combustibles, que por ley deben destinarse al mantenimiento de las rutas: «Ese dinero el contribuyente lo sigue pagando. El problema no es la eficiencia de Vialidad, sino que no se destinan los recursos que corresponden».
El deterioro vial no solo pone en riesgo a millones de vidas, sino que también afecta al transporte de mercadería, consumo regional y turismo, elevando costos logísticos y reduciendo conectividad, especialmente en zonas rurales.
ADEMÁS EN NEA HOY:
En Misiones, cobrarán un recargo del 35% por cada trimestre de VTV vencida
El Gobierno eliminó el Instituto Nacional del Cáncer y el de las Enfermedades Cardiovasculares
Milei disuelve Vialidad Nacional: el NEA se queda sin obras ni mantenimiento de rutas nacionales
