El 8 de julio de 2024, el Congreso sancionaba la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la columna vertebral del proyecto de Javier Milei para “reconstruir” la Argentina. Un año después, los resultados evidencian un proceso de desmantelamiento del Estado, sin que se hayan cumplido las promesas de inversión, generación de empleo ni estabilidad económica.
Lejos de consolidar un rumbo de desarrollo, la Ley Bases habilitó una delegación inédita de poderes al Ejecutivo, favoreció a los sectores más concentrados y debilitó los instrumentos de regulación, control e inclusión del Estado argentino.
Delegación de poderes y decretos como forma de gobierno
Uno de los pilares más controversiales fue la cesión de facultades legislativas al Poder Ejecutivo. En solo un año, el Gobierno dictó 157 normas con rango de ley, entre ellas 75 Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y 82 decretos delegados, gran parte sustentados en el Título II de la Ley Bases sobre Reforma del Estado.
Este avance unilateral sobre las competencias del Congreso no solo consolida un vaciamiento del poder legislativo, sino que impone un modelo de toma de decisiones por decreto, sin debate ni consenso político.
Disolución de organismos y vaciamiento institucional
El Gobierno de Javier Milei eliminó más de una docena de organismos y programas fundamentales. Entre ellos, el INADI, el ENOHSA, el Programa de Inversiones Turísticas y el Programa de Apoyo al Empresariado Joven. También se suprimieron regímenes productivos en ganadería y agricultura.
A esto se sumó la disolución de fondos fiduciarios esenciales, como el PROCREAR, el Fondo Nacional de Emergencias, el Fondo PROGRESAR y el de Asistencia a Víctimas de Trata. Esta medida, implementada por decreto y sin presupuesto nacional aprobado en 2024 ni 2025, dejó en la incertidumbre el destino de miles de millones de pesos ya asignados.
Privatizaciones: desguace de empresas estatales estratégicas
A través de decretos reglamentarios, la Ley Bases autorizó la privatización o concesión de empresas clave para la Argentina como:
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ENARSA
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AySA
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Nucleoeléctrica Argentina (NASA)
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YCRT
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SOFSE (Trenes Argentinos)
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Corredores Viales
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Belgrano Cargas
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Intercargo
Además, IMPSA fue vendida a ARC Energy en una operación cuestionada por su trasfondo geopolítico. En paralelo, se vaciaron servicios públicos como los de Aerolíneas Argentinas y se intentó transformar el Banco Nación en sociedad anónima, intento que fue frenado por la justicia.
RIGI: el Régimen de Grandes Inversiones que no invierte
El RIGI, promocionado como motor de inversión extranjera, aprobó solo 5 proyectos, de los cuales 4 ya existían antes de la ley. De los 14 proyectos presentados, la mayoría depende de YPF, desmintiendo la promesa de atracción de capitales privados.
Además, no se registró la llegada de dólares por Inversión Extranjera Directa y el empleo generado es marginal: solo 10.113 puestos de trabajo en total, cifra insignificante frente a los más de 115.000 empleos formales perdidos desde que Milei asumió.
Reforma laboral: precarización sin generación de empleo
La Ley Bases también habilitó un nuevo esquema de contratación más precario. Entre las medidas aprobadas:
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Extensión del período de prueba
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Creación de la figura del “colaborador”
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Fondos de cese laboral en lugar de indemnización
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Despidos masivos en el Estado
El resultado: el empleo registrado cayó, el monotributo creció como refugio ante la informalidad, y se perdieron más de 58.000 puestos públicos. La tasa de informalidad laboral subió al 42% y el blanqueo laboral fracasó, con solo 7.660 trabajadores regularizados.
Reforma tributaria: beneficios a los ricos, caída de la recaudación
En materia impositiva, la Ley Bases significó un retroceso. La reforma al impuesto a los Bienes Personales benefició a los grandes patrimonios, reduciendo las alícuotas más altas y eliminando incentivos para repatriar capitales.
El impacto fue claro: la recaudación cayó del 2,2% al 1,4% del total de ingresos tributarios. Mientras tanto, se restituyó el impuesto a las Ganancias para trabajadores, aumentando la presión sobre los asalariados mientras se liberaba a los más ricos.
Un año de ajuste, concentración y desilusión
A un año de su promulgación, la Ley Bases no logró ninguno de sus objetivos centrales: ni creció la inversión, ni se generó empleo, ni se estabilizó la economía. Pero sí avanzó una clara estrategia de concentración del poder, debilitamiento del Estado y entrega de recursos estratégicos al capital privado.
En nombre de una supuesta libertad, el Gobierno de Javier Milei ha impulsado un proceso de desguace que pone en riesgo derechos adquiridos, soberanía económica y cohesión social.
Con información de CEPA.
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