El Gobierno encara una semana adversa en el Congreso, donde comenzarán a definirse las pretensiones de la oposición de avanzar con proyectos incómodos para Javier Milei, que anticipan un veto. Una herramienta constitucional a la que el Presidente ya recurrió en 2024. Pero esta vez la utilizaría en el tramo final de la campaña electoral, con los eventuales costos políticos que eso supone.
Los proyectos en cuestión buscan garantizar fondos para las universidades nacionales y el Hospital Garrahan. Se discutirán este martes en diferentes plenarios de comisiones. Los emplazamientos para estos tratamientos -es decir, la aprobación de discutir los proyectos en comisión-, lograron en Diputados mayorías que superaron los 160 votos a favor, cuando el número indispensable es de 129 voluntades que acompañen.
Mientras tanto, de manera controvertida, el Senado prosperó con los dictámenes de los aumentos del 7,2% para las jubilaciones y el incremento del bono para los ingresos pasivos mínimos. Con menos acompañamiento, también avanzó con la prórroga de la ley de moratoria previsional, caída desde marzo de este año. Además de la declaración de la emergencia en discapacidad, que también prevé un aumento en las pensiones.
Según el Gobierno, todas estas iniciativas ponen en riesgo el déficit cero. Por eso el Presidente y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anticiparon que serán vetadas, en caso de ser sancionadas. Y aun cuando la oposición fundamentó -con datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC)- que no generan desequilibrios fiscales, y que en la propuesta de aumento de jubilaciones se detalla la manera de financiarlo sin descompensar las cuentas públicas.
El reclamo de los gobernadores
En la última semana los gobernadores le enviaron una fuerte señal al Ejecutivo. No solo pueden dañar al oficialismo en la construcción del quórum en ambas cámaras legislativas, sino que también buscan ser escuchados en sus propuestas de coparticipación de impuestos en la mesa -aún abierta- con la jefatura de Gabinete.
Por intermedio del amplio arco de la oposición en el Senado, que incluyó a sectores antagónicos como José Mayans (UxP) y Alfredo de Ángeli (PRO), presentaron su reclamo mediante un proyecto de ley listo para comenzar su tratamiento en la comisión de Coparticipación Federal de Impuestos que preside Víctor Zimmermann (UCR).
“Los proyectos presentados responden a una demanda histórica: terminar con el reparto discrecional de fondos fiduciarios nacionales -advirtió el senador radical Eduardo Vischi-. La propuesta contempla la eliminación de fideicomisos que actualmente operan por fuera del presupuesto y cuya asignación de recursos escapa a controles efectivos. En su lugar, los fondos se coparticiparían automáticamente entre Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con criterios preestablecidos”.
“Contrario a lo que algunos sectores libertarios temen, la iniciativa no afecta las finanzas nacionales -agregó el legislador correntino-. Los fondos que se redistribuyen ya están afectados a funciones específicas que, en la práctica, ejecutan las provincias. Además, eliminamos estructuras opacas que dificultan el control y el uso eficiente del gasto público”.
“El espíritu de ambos proyectos es de carácter institucional y constructivo. No se trata de atacar a nadie, ni de generar conflictos. Se trata de construir un país más justo, con provincias fuertes y un Estado nacional que actúe con transparencia y responsabilidad”, concluyó Vischi.
Fuente: TN
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