El reclamo colectivo contra los aumentos desmedidos de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) sigue vigente, pero se topó con un freno inesperado: el archivo del expediente por exigencias formales excesivas. Así lo denunció el abogado Juan Manuel Cubilla Podestá, impulsor de la campaña “Dónde Me Engancho”, que reúne a más de 4.000 usuarios de 20 localidades correntinas.
Según explicó a NEA HOY, el Poder Judicial pidió una presentación en PDF individual para cada uno de los firmantes del amparo. El equipo legal ya había presentado la documentación agrupada por localidad, en forma ordenada, pero debieron rehacer todo el trabajo en apenas 20 días. “Fue un desgaste enorme. Nos impusieron condiciones ridículas y plazos sin sustento legal. Finalmente, la Cámara de Apelaciones archivó el expediente, algo que no corresponde”, sostuvo Cubilla.
La demanda volvió a presentarse la semana pasada y recayó en el Juzgado Civil y Comercial N.º 8. Sin embargo, el juez aún no definió si continuará con el expediente o si pedirá instrucciones al Superior Tribunal de Justicia. Esto ocurre luego de que el STJ cambiara de forma arbitraria las reglas para la presentación de amparos, quitando a los demandantes la posibilidad de elegir la cámara correspondiente, como permite la ley.
“Estamos ante un Poder Judicial que tiene miedo de avanzar contra el gobernador Valdés. Nadie quiere hacerse cargo del expediente. Es como una papa caliente que nadie quiere agarrar”, advirtió Cubilla Podestá, y adelantó que pedirán sanciones contra los jueces de la Cámara Civil y Comercial Sala III.
A pesar del freno, la demanda sigue sumando adhesiones. Ya son más de 600 las personas que se incorporaron en las últimas semanas, aunque por el momento no se abrirá una nueva convocatoria: “El esfuerzo que hicimos fue inmenso. Veinte días armando PDFs de a uno. Vamos a esperar que se defina dónde queda radicada la causa para seguir”, explicó.
De un fallo clave al estancamiento: la expectativa que no se cumplió
En abril pasado, Cubilla había declarado a NEA HOY que se esperaban definiciones claves de la Cámara Civil y Comercial. Incluso, un fallo del Juzgado N.º 4 de Corrientes capital había generado un precedente muy alentador: se ordenó refacturar las boletas de luz de vecinos del Barrio Industrial y devolverles lo cobrado de más, al reconocer que se les aplicó una tarifa abusiva.
Esa decisión judicial fue celebrada como un triunfo ciudadano y se esperaba que se extendiera al resto de los usuarios firmantes del amparo colectivo. Cubilla sostuvo entonces que si la medida cautelar era aceptada, se pondría en jaque la legalidad del esquema tarifario de la DPEC y que podrían iniciarse acciones penales contra funcionarios si no se cumplía lo resuelto.
Sin embargo, esa expectativa quedó en pausa por las trabas judiciales. “Lo que estamos viendo es una justicia que actúa para proteger al Gobierno provincial y no para garantizar derechos. Cada vez que enfrentamos al poder en Corrientes, nos topamos con jueces lamentables. La justicia acá es como una víbora: siempre pica a los descalzos”, criticó el abogado.
Tarifazos, cortes e indefensión: el trasfondo del reclamo contra la DPEC
Más allá de lo judicial, la realidad cotidiana de los usuarios correntinos no cambia. Las facturas impagables, los cortes de luz sin aviso y el mal funcionamiento del servicio siguen afectando a miles de familias. Comerciantes denuncian boletas de más de un millón de pesos, y usuarios vulnerables –jubilados, personas con enfermedades crónicas, familias con niños– viven con angustia el día a día.
“En Corrientes la gente se debate entre pagar la luz o comer. El mismo Estado que presta el servicio se autorregula. La DPEC, Defensa del Consumidor y el ente de control responden todos al gobernador”, denunció Cubilla hace algunos meses a este medio.
La demanda colectiva también apunta a que la empresa no pueda cortar el suministro sin un debido proceso legal que garantice el derecho a defensa del usuario. “Hay chicos que no se pueden bañar, adultos mayores sin calefacción. Esto tiene que terminar”, insistió.
El efecto político: subsidios sostenidos hasta junio
Pese a que la causa judicial aún no avanza como se esperaba, el abogado remarcó que la acción colectiva ya tuvo impacto político: “Gracias a esta presión, el Gobierno decidió mantener por cuatro meses los subsidios a la energía. Eso alivió el bolsillo de muchas familias, pero ese alivio termina en junio. A partir de este mes volverán los aumentos”.
Por eso, el equipo legal buscará que la Justicia dicte una medida cautelar urgente que frene los nuevos tarifazos antes de la feria judicial. “Vamos a hacer una verdadera fuerza para que la cautelar se dicte ya. Cuando más miedo tienen, más razón tiene la gente”, concluyó Cubilla Podestá.
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