El pasado 31 de marzo, el Juzgado Civil y Comercial N°4 de Corrientes capital emitió un fallo trascendental contra la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), al ordenar la refacturación de los montos cobrados desde 2019 a vecinos del Barrio Industrial. El juez reconoció que la empresa distribuidora aplicó una tarifa abusiva y ordenó que se los incluya en la tarifa social, generando un importante saldo a favor para los usuarios afectados.
La sentencia sienta un precedente fundamental en el marco de una campaña ciudadana contra las tarifas eléctricas en la provincia, denominada «Dónde Me Engancho», encabezada por el abogado Juan Manuel Cubilla Podestá. El letrado, que patrocina la causa, confirmó que el fallo conocido hace algunos días será utilizado como sustento clave en la demanda de mayor escala: una acción colectiva firmada por más de 4.000 correntinos de 20 localidades.
En diálogo con NEA HOY, Cubilla explicó que el próximo paso será la resolución de la Cámara Civil y Comercial Sala III, que deberá pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada en el marco del amparo colectivo. Mientras tanto, el equipo legal está ultimando detalles para presentar toda la documentación requerida, en una causa cuya carátula fue reservada.
“Estamos muy entusiasmados porque entendemos que esta cámara tiene que dictar en los próximos días la medida cautelar. También pedimos que se convoque públicamente a más personas, porque se trata de una acción de clase”, explicó el abogado.
Según Cubilla, el fallo no solo obligaría a devolver el dinero a quienes ya firmaron, sino que pondría en jaque la legalidad del sistema tarifario aplicado por la DPEC. Además de los montos cobrados, se cuestiona la falta de controles, las audiencias públicas realizadas a más de 200 km de los centros urbanos, y el accionar de organismos que, según el abogado, están alineados políticamente con el Gobernador Gustavo Valdés.
“No vamos a dejar que la sentencia se quede en el papel”
Cubilla fue tajante respecto a los próximos pasos judiciales, en caso de que el fallo sea favorable: “Haremos todo lo necesario para que se cumpla. No vinimos a hacer esto para quedarnos con un papel muerto. Si hay que iniciar causas penales contra funcionarios, lo vamos a hacer”.
También recordó que existe una lista de espera con más de 2.000 personas que quieren sumarse a la acción. “Nos escriben todos los días. Pensábamos que se iban a sumar 500 personas, pero la campaña creció tanto que terminamos con más de 4.000 firmas en toda la provincia”, relató. En esa línea anticipó que, en los próximos días, se abrirá una nueva instancia para que quienes no lograron adherirse puedan hacerlo.
Según Cubilla, el fallo no solo obligaría a devolver el dinero a quienes ya firmaron, sino que pondría en jaque la legalidad del sistema tarifario aplicado por la DPEC.
Cortes diarios, facturas impagables y reclamos sin respuesta
A los altos costos del servicio eléctrico se suman los cortes programados de la DPEC que afectan a miles de usuarios correntinos a diario. Las interrupciones del suministro, muchas veces sin aviso o en horarios críticos, se volvieron parte de la rutina de barrios enteros. Las quejas se multiplican en redes sociales, al igual que los reclamos formales, que pocas veces reciben respuesta efectiva.
El descontento ciudadano también tiene su correlato en los comerciantes, quienes denuncian facturas que superan el millón de pesos mensuales, aun con cortes de energía y pérdidas de mercadería. Cubilla fue contundente: “La gente se está debatiendo entre pagar la luz o comer. Jubilados, personas con enfermedades crónicas que necesitan aire acondicionado o calefacción: todos están siendo vulnerados”.
DPEC, Justicia y Gobierno: una tríada bajo la lupa
Para el abogado, el problema excede a la empresa de energía. “Estamos ante un estado de verdadera indefensión. El mismo que presta el servicio es quien se autorregula. El ente de control, la dirección de Defensa del Consumidor y la DPEC responden todos al Gobernador”, advirtió.
Estas declaraciones coinciden con el malestar generalizado hacia la gestión de Gustavo Valdés en lo que refiere a la política energética provincial. La falta de inversión, la ausencia de auditorías independientes y el rechazo sistemático de los pedidos de tarifa social son ejes que motivan un creciente desgaste entre la población. Incluso en barrios considerados de clase media o alta, como La Cruz en Corrientes capital, se vieron filas de hasta dos cuadras de personas esperando para firmar la demanda.
“No puede ser que corten la luz a una persona internada o a un jubilado sin ni siquiera notificar. Hay chicos que no pueden bañarse, adultos mayores sin calefacción. Esto tiene que terminar»
Fallo contra la DPEC: ¿qué se espera?
El fallo de primera instancia a favor del Barrio Industrial es solo el inicio de una batalla judicial que promete marcar un antes y un después en la provincia. Si la Justicia vuelve a fallar a favor de los usuarios, no solo deberán devolverse montos cobrados de forma irregular, sino que se exigirá un cambio estructural en la forma en que la DPEC presta su servicio.
La demanda colectiva también solicita que la empresa no pueda cortar el suministro sin cumplir previamente con un procedimiento legal que garantice el derecho a defensa de los usuarios. “No puede ser que corten la luz a una persona internada o a un jubilado sin ni siquiera notificar. Hay chicos que no pueden bañarse, adultos mayores sin calefacción. Esto tiene que terminar”, sentenció Cubilla.
Vale remarcar que los correntinos que aún no firmaron el amparo colectivo tendrán una nueva oportunidad en abril. La convocatoria se dará a conocer en redes sociales y medios locales. Mientras tanto, los ojos están puestos en la Cámara Civil. Miles de usuarios esperan que la Justicia, una vez más, acompañe el reclamo social.
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