El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) fue concebido como una pieza central de la política económica del gobierno de Javier Milei. Su objetivo declarado es atraer inversiones de gran escala que dinamicen sectores como la minería, el gas, el petróleo y la energía renovable. La reciente aprobación del primer proyecto bajo este régimen, una inversión de USD 2.500 millones por parte de la minera angloaustraliana Rio Tinto en Salta, fue presentada por el Gobierno como un hito en la transformación productiva del país. Pero detrás de los anuncios, los datos muestran que su impacto en el empleo es limitado, mientras crecen las señales de una mayor extranjerización y concentración del modelo productivo argentino.
El secretario Coordinador de Energía y Minería, Daniel González, anunció la aprobación del proyecto en el evento ArMinera, asegurando que el RIGI “es para incentivar y acelerar inversiones, y no para premiar otras ya existentes”. La iniciativa corresponde al desarrollo industrial de Rincón Mining, adquirida por Rio Tinto en 2022 por USD 825 millones, que planea ahora expandirse para producir 53.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería.
La planta “Rincón 3.000”, una instalación piloto en funcionamiento desde 2023, permitió testear en condiciones comerciales los procesos técnicos y formar operarios locales. Pero el verdadero salto fue aprobado en diciembre de 2024, cuando el directorio global de Rio Tinto decidió avanzar con la inversión total a partir del nuevo marco legal.
El RIGI es economía africana pic.twitter.com/pNjf0qtU6Z
— Inca (@LaInca_) June 12, 2024
El gobierno celebra esta decisión como una muestra de confianza internacional. Sin embargo, según datos obtenidos por medios nacionales vía acceso a la información pública, hasta el momento solo dos de los 13 proyectos presentados al RIGI fueron efectivamente aprobados. A pesar de las promesas de transformación, los resultados concretos aún son escasos.
Un régimen extractivista con poco empleo
La mayor crítica al RIGI proviene del análisis de su impacto en el empleo. Un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte que los sectores promovidos por el régimen —como la minería, los hidrocarburos y el agro— representan apenas el 6,8% del empleo registrado privado en el país.
El informe advierte sobre una fuerte contracción del empleo formal en el país. Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia en diciembre de 2023, se perdieron 108.053 puestos asalariados en el sector privado. Si a esa cifra se le agregan los 58.877 empleos públicos eliminados y el retroceso en el empleo doméstico registrado, el total de trabajos formales destruidos asciende a 166.930.
A pesar de que febrero mostró una recuperación marginal de 13.991 puestos, el informe señala que la tendencia general de los últimos quince meses revela el efecto negativo del rumbo económico adoptado por el gobierno, caracterizado por desregulación, eliminación de obra pública y cambios en la normativa laboral, con un marcado sesgo antiindustrial.
Construcción e industria, los sectores más perjudicados
El mayor retroceso se dio en la construcción, que perdió 59.808 empleos como resultado directo del freno total a la obra pública. La industria manufacturera, por su parte, sufrió una merma de 27.107 puestos desde noviembre pasado, lo que representa una caída del 2,3%.
Para CEPA, estos datos evidencian la contradicción entre el discurso oficial, que proyecta una expansión del empleo a través del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), y la realidad del mercado laboral. Según el informe, los sectores beneficiados por el RIGI —como minería, hidrocarburos y siderurgia— concentran apenas el 6,8% del empleo registrado, mientras que áreas con mayor peso como el comercio (20%) y la industria (18,6%) se ven relegadas, profundizando la crisis laboral.
La recaudación crece, pero no compensa la caída de 2024.
En abril 2025, la recaudación creció 6,9% interanual en términos reales, no llegando a compensar la caída de abril 2024 (-12,8% i.a.). De este modo, la recaudación resulta 6,8% menor a la de abril de 2023. pic.twitter.com/uGICnmfZxm
— Centro CEPA (@ctroCEPA) May 6, 2025
Panorama provincial: 19 distritos en retroceso
El informe también realiza un análisis territorial del empleo, que revela caídas en 19 de las 24 provincias desde que asumió la nueva gestión. Las disminuciones más severas se registraron en La Rioja, Catamarca, Santa Cruz, Formosa y Santiago del Estero, donde las reducciones en el empleo privado superan el 10%. Solo cinco provincias —Chubut, Corrientes, Mendoza, Neuquén y Tucumán— mostraron una leve mejora.
Monotributo en alza y mayor precarización
Otro dato preocupante que destaca el CEPA es el crecimiento del trabajo independiente bajo el régimen del monotributo. Más de dos millones de personas estaban registradas bajo esta figura a febrero, lo que implica una expansión significativa de modalidades laborales sin acceso a derechos básicos como vacaciones o licencias pagas. Solo en el primer trimestre del año, se sumaron casi 50 mil nuevos monotributistas, una dinámica que no logra revertir la pérdida de empleo asalariado.
La situación podría agravarse con la reglamentación del capítulo laboral de la Ley Bases, que habilita la contratación de hasta tres trabajadores como “colaboradores” sin relación de dependencia, abriendo la puerta a una mayor precarización.
Cifras oficiales y concentración
Según el último informe de gestión de la Jefatura de Gabinete presentado en el Congreso, las 11 iniciativas actualmente inscriptas en el RIGI generarían 4.101 empleos directos y 19.771 indirectos, con inversiones comprometidas que superan los USD 15.000 millones. Es decir, por cada millón de dólares invertido, se generarían apenas 1,6 empleos directos, una relación que dista mucho de justificar el paquete de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios que ofrece el RIGI.
Además, el mapa de inversiones revela una fuerte concentración geográfica y empresarial. Del total de 13 proyectos presentados al régimen, siete corresponden al sector minero y cinco están centrados en el litio. Las provincias de Salta y Catamarca concentran la mayor parte de estas iniciativas.
El peso de los fondos internacionales
El desembarco de Rio Tinto no es un caso aislado. Los principales proyectos del RIGI están en manos de corporaciones globales con fuerte participación de fondos financieros como BlackRock, Vanguard y JP Morgan. Rio Tinto, por ejemplo, posee entre sus accionistas a BlackRock Investment Management (3,3%), Vanguard Group (3%) y la estatal china Aluminum Corp. of China (14%). La empresa también adquirió recientemente a Arcadium Lithium, nacida de la fusión entre Livent y Allkem, por un total de USD 6.700 millones.
Los regalos del RIGI detallados por el propio benefactor:
1. Demandar al Estado ante suba, nuevos impuestos o regulaciones.
2. Poder elegir y cambiar el árbitro a la mitad del acto judicial sino te gusta proceso.
3. Dirimir en un tribunal local que toma su decisión en base a… pic.twitter.com/7y7XzTGy7J— Hernán Letcher (@hernanletcher) May 20, 2025
Otras iniciativas bajo el RIGI también tienen dueños de peso. El proyecto “Mariana”, gestionado por Litio Minera Argentina SA, está a cargo de Ganfeng Lithium, cuyos accionistas incluyen a JP Morgan, Goldman Sachs y BlackRock. “Sal de Oro”, operado por Posco Argentina SAU, reporta inversiones desde Corea del Sur y Japón. “Hombre Muerto Oeste”, en Catamarca, está en manos de la australiana Galan Lithium Limited. La lista continúa con proyectos como Gualcamayo (Yamana Gold / Pan American Silver) y Los Azules (McEwen Cooper), todos bajo el paraguas del capital financiero internacional.
¿Una economía de enclave?
Para varios analistas, el RIGI es la institucionalización de una economía de enclave. Es decir, una estructura donde grandes capitales internacionales explotan recursos naturales con escaso valor agregado local y beneficios limitados para las comunidades.
Este modelo ya fue experimentado en otros países latinoamericanos, con resultados desiguales. Si bien puede generar divisas en el corto plazo, suele implicar dependencia tecnológica, baja integración industrial y escasa redistribución de beneficios.
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